Euskadi recibe el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y presiona para lograr el régimen económico de la Seguridad Social

La Comisión Mixta de Transferencias ha certificado este miércoles el traspaso íntegro y sin límite temporal del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Es la primera en España que comenzará a gestionar por sí sola esta prestación social que el Gobierno de España creó en 2020 para hacer frente a los embates que la pandemia del coronavirus estaba provocando en la población más desfavorecida. El Ejecutivo de Urkullu, que ya tramita el IMV desde el otoño de 2020 como una encomienda de gestión, se encargará a partir de ahora de forma autónoma de recibir los expedientes, reconocer a los beneficiarios y abonar la ayuda.

Euskadi descontará del Cupo un total de 188,5 millones de euros, el 6,24% de los 3.022 millones presupuestados por el Estado en 2022 por esta materia. Con el IMV en sus manos, el Gobierno vasco se propone ahora seguir recibiendo nuevas competencias, entre las que figura como un objetivo clave el logro de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, recogida en la última actualización del cronograma de transferencias pendientes. Tras Euskadi, primera comunidad que se hará cargo de la gestión del IMV, la siguiente será Navarra, previsiblemente a finales de este mes.

El acto oficial que ha ratificado la transferencia ha dado paso, en el turno de intervenciones, a un rifirrafe político. Los representantes del Gobierno vasco han celebrado el logro de la gestión del IMV, pero la parte nacionalista de la coalición (los consejeros del PNV) ha aprovechado la ocasión para solicitar que se acelere el ritmo de nuevos traspasos pendientes. La más crítica ha sido la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, que ha estado en la cocina de las negociaciones con el ministerio: “El calendario ha quedado desfasado. El incumplimiento es una herida que continuará abierta hasta materializar las transferencias”, ha dicho la consejera tras la firma del acuerdo. Josu Erkoreka, vicelehendakari primero, también ha querido dar “un pequeño tirón de orejas” al Ejecutivo central y ha pedido que se pise el acelerador para avanzar en el cumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en cambio, ha puesto en valor las 11 transferencias culminadas por el Gobierno de Sánchez, entre estas la de las tres cárceles vascas, en manos del equipo de Urkullu desde octubre de 2021. “11 frente a 0”, ha enfatizado. Se ha referido a las transferencias firmadas con Sánchez frente a ninguna durante el mandato del anterior presidente, el popular Mariano Rajoy, lo que en su opinión pone de manifiesto que ahora hay “una voluntad clara de avanzar en el autogobierno de Euskadi”.

En el País Vasco hay 18.000 hogares beneficiarios (33.000 personas) del IMV, según el ministerio, que estaban siendo gestionados a través de Lanbide (Servicio Vasco de Empleo). El IMV se integrará en Euskadi en el sistema público de garantía de ingresos, un paraguas social que lleva más de tres décadas de funcionamiento desde que en 1989 se aprobó el decreto relativo al ingreso mínimo familiar. Desaparecerá la doble ventanilla que hasta ahora ha venido existiendo en esta comunidad autónoma para tramitar las solicitudes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el IMV. Este cambio obligará a realizar un ajuste normativo, financiero y organizativo por parte de la administración vasca. Durante estos últimos meses, el pagador del ingreso mínimo a los perceptores vascos ha sido la Seguridad Social, lo que ha generado retrasos y duplicidades. Muchos de estos perceptores en Euskadi (el 88%) han visto complementada la ayuda con la renta básica RGI que el Parlamento promulgó en 2008, segúnaseguran fuentes del departamento que dirige Idoia Mendia.

El retraso en el traspaso del IMV estuvo a punto de frustrar el apoyo del PNV a las cuentas del Estado de este ejercicio. Esta materia, junto a la llegada del AVE a las capitales vascas, fue una de las condiciones que el PNV planteó al Gobierno de Sánchez durante la pasada negociación presupuestaria. Fue un compromiso verbal que no cristalizó en los plazos ni en los términos deseados por los nacionalistas, que exigieron su cesión inmediata y sin límite en el tiempo. Finalmente, aunque con unos meses de demora, la transferencia se ejecuta de forma indefinida.

El acuerdo ha sido suscrito este miércoles en el Ministerio de Política Territorial, con la presencia de la ministra titular del ramo y miembros de su gabinete, así como de cuatro consejeros del Gobierno vasco: Erkoreka, Garanmendi, Mendia y Pedro Azpiazu (Economía y Hacienda).

En Euskadi hay 52.000 personas que cobran la renta básica. Mendia ha afirmado que era “obligado” casar ambas prestaciones pese a la “complejidad” técnica que va a suponer: “Estamos ante una transferencia peculiar, distinta de otras, como también fueron peculiares en su momento la Ertzaintza o el Concierto Económico. Con esta firma se abre un inmenso reto: la integración del IMV en un modelo vasco de garantía de ingresos que llevamos desplegando, sin necesidad de transferencias, desde hace tres décadas”. Este modelo ha permitido, según el Ejecutivo vasco, una reducción de las tasas generales de la pobreza de entre el 35% y el 40%, sin producir efectos adversos ni desincentivar el acceso de las personas al mercado laboral.

Por otro lado, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos), ha propuesto este miércoles aumentar la cuantía del IMV en 90 euros mensuales, hasta los 580, y que la edad para percibirlo baje de 23 a 21 años. “Tenemos una herramienta de gran utilidad, el IMV, que debe ampliarse en su cobertura y sus cuantías”, ha dicho la ministra. Rodríguez también ha propuesto que “para una persona que esté percibiendo el IMV esta cuantía pueda aumentar en 90 euros al mes hasta 580 euros y que la edad para percibirlo baje de 23 a 21 años”.