Claves del acuerdo entre el PNV y el PSOE: régimen económico de la Seguridad Social, más poder para la Ertzaintza y presencia de Euskadi en foros internacionales

El PNV y el PSOE han firmado este viernes el acuerdo con el que los socialistas se aseguran los votos de la formación vasca en la investidura. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, han rubricado el pacto en el Congreso de los Diputados. El texto, de 10 páginas, incluye el traspaso de ferrocarriles, más poder para la Ertzaintza y el reconocimiento nacional de Euskadi, con más presencia en foros internacionales. En el ámbito económico y fiscal, hay compromisos para modificar el concierto económico vasco y contempla 100 millones de financiación para el impulso del euskera en las nuevas tecnologías.

Estas son algunas de sus claves:

Nuevas competencias, entre ellas, el régimen económico de la Seguridad Social. Compromiso para transferir en el “plazo improrrogable” de dos años todas las competencias pendientes, son unas 30 y entre ellas figura el régimen económico de la Seguridad Social. Entre las primeras en transferirse, en el plazo de tres meses, se encuentran los ferrocarriles y la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros.

El PNV ha logrado, tras intentarlo sin éxito durante la pasada legislatura, un acuerdo con los socialistas para “traspasar la gestión económica de la Seguridad Social” en un plazo de dos años, según ha explicado en conferencia de prensa el presidente del PNV. Aunque en el acuerdo entre los jeltzales y los socialistas no se expresa tan claramente, sí se desprende del punto que habla de “los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los gobiernos español y vasco en la legislatura anterior”. Precisamente uno de los puntos pendientes del Estatuto de Gernika de 1979 era el traspaso de la gestión de la Seguridad Social en el ámbito vasco contenido en su artículo 18. La mitad de las autonomías españolas también lo tienen recogido en sus estatutos, pero ha sido una de las reivindicaciones más constantes del PNV durante sus más de 40 años de autogobierno.

Esta medida ya fue negociada a principios de la pasada legislatura, pero tras la irrupción de la pandemia, el asunto quedó enterrado en un cajón. De hecho, en febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia de la covid-19, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo vasco acordaron el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social para finales de 2021. Algo que luego no se produjo. Aunque Euskadi cuenta con su propia Hacienda y tiene información suficiente sobre sus ciudadanos y capacidad de gestión para hacerlo, queda pendiente aclarar los detalles. Se trata una cesión polémica debido a la naturaleza de la caja única de la Seguridad Social, que se espera que siga así. Y solo se cedería la gestión, dejando la capacidad normativa y sancionadora en manos del Estado.

El traspaso de la Seguridad Social a Euskadi no es un asunto nuevo. En febrero de 1997 el ministro de Administraciones Públicas de José María Aznar ya se comprometió a analizar la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco.

Una “relación bilateral con el Estado”. Compromiso del PSOE para estudiar fórmulas para el “reconocimiento nacional de Euskadi” y el establecimiento de una “relación bilateral” con el Estado, lo que, de prosperar, significaría la elaboración de un nuevo Estatuto. El plazo orientativo para este proceso de negociación y acuerdo “no superará el año y medio desde el inicio de la nueva legislatura vasca”. Las elecciones del País Vasco están previstas para el verano de 2024.

Nuevas competencias de la Ertzaintza. El cuerpo asumirá como policía integral la responsabilidad de los planes de apoyo operativos a las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida. También les corresponderá la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medioambiente, sin perjuicio de los que, si tienen una dimensión “supra o extracomunitaria”, correspondan a los cuerpos de seguridad del Estado.

El texto también se compromete a “implementar los acuerdos de la Junta de Seguridad sobre la presencia de la Ertzaintza en la Mesa de Valoración de la Amenaza”. También darán acceso, en el plazo de tres meses, al cuerpo policial Punto Único de Contacto (SPOC), que aglutina al órgano policial de cooperación internacional SIRENE, a la agencia de la UE para la cooperación policial, Europol, y a Interpol, la mayor organización de policía internacional, lo que incluye el acceso de la Ertzaintza a los expedientes e información de estos, así como a los grupos de trabajo, plataformas de expertos y proyectos de ámbito policial europeo.

Cien millones para el euskera. El acuerdo contempla la concesión de 100 millones de euros en un plazo de cuatro años a las instituciones vascas “para la adaptación del euskera a la nueva era digital”. Este apartado del acuerdo político llega pocos días después de que las principales fuerzas nacionalistas salieran a la calle en una multitudinaria manifestación para denunciar lo que considera “una ofensiva judicial contra el euskera” por las últimas sentencias que los tribunales han tumbado la normativa que regula la política de normalización del uso de la lengua vasca en las instituciones vascas.

Cláusulas específicas para Navarra. Los partidos se comprometen en “avanzar en el pleno desarrollo de las competencias establecidas” y proceder “al inicio inmediato de negociaciones” para la transferencia, por parte del Estado, de las competencias reconocidas a Navarra por la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) en el plazo de seis meses. Las transferencias a las que se aluden son: investigación, desarrollo e innovación y becas, entre otras.

Europa. El PSOE se compromete a no impulsar ninguna modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), y en caso de extraordinaria necesidad, lo hará con acuerdo previo con EAJ-PNV. También se compromete a incorporar a un miembro de las instituciones vascas en la delegación española que asista a las reuniones de los grupos de alto nivel, así como a las reuniones plenarias, en las que se traten temas analizados en los grupos D-4 (cuestiones tributarias) y (código de conducta).

Ámbito laboral. Otro de los puntos más polémicos del acuerdo entre socialistas y jetzales está en el ámbito laboral. “Se acuerda modificar en el plazo de seis meses el artículo 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores”, señala el texto en el que se plasma la prevalencia de los convenios suscritos en el País Vasco sobre los de ámbito estatal. “Los sindicatos y asociaciones empresariales podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación”, explica el texto, que remarca: “Y siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”. El documento de 10 páginas con los membretes de los dos partidos precisa que en el ámbito de los convenios laborales, “se considerarán materias no negociables el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”. La no inclusión de este punto fue uno de los argumentos que el PNV esgrimió para votar en contra de la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno de coalición en diciembre de 2021, y que se hubiera ido al traste durante su tramitación parlamentaria si no hubiera sido por el error durante la votación del diputado del PP Alberto Casero, que permitió que el texto saliera adelante.

La independencia de Usansolo (Bizkaia). El Gobierno central tendrá seis meses de tiempo para modificar la Ley de Bases de Régimen Local para rebajar “excepcionalmente” el umbral de población mínimo para constituirse en municipio independiente y fijarlo en 4.00 habitantes. Esta modificación permitirá que Usansolo, en la actualidad un distrito perteneciente al Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) pueda constituirse como municipio independiente, tal y como ha acordado la mayoría de la población de este enclave local.