Bruselas pide a España que empiece a retirar las ayudas por la guerra para destinar los ahorros a reducir el déficit

Bruselas está empeñada en que la UE camine por un estrecho sendero fiscal: reclama, por un lado, a los Estados que endurezcan el control sobre el gasto corriente porque la deuda pública está en niveles inusualmente altos y la subida de los tipos de interés añade presión sobre las cuentas públicas. Por otro lado, la Comisión ruega por que se mantenga la inversión pública para no perder el paso en la doble transición digital y ecológica. Esto se concreta con la recomendación para que se empiecen a desmontar las ayudas públicas desplegadas a raíz de la guerra de Ucrania y la crisis energética y, en el caso español, destinar el ahorro a reducir el desajuste de las cuentas públicas.

Las recomendaciones de primavera de la Comisión Europea —aunque en teoría deben seguirse— marcan a todos los países de la UE la senda para elaborar los Presupuestos en el año próximo. En esta edición, el Ejecutivo comunitario aprovecha para reclamar que se empiecen a retirar las ayudas extraordinarias y genéricas que se pusieron en marcha por la subida de precios energéticos. Luego matiza la recomendación según la situación fiscal de los países. A España le pide que empiece a quitar “las menos focalizadas y que los ahorros relacionados se destinen a reducir el déficit público”. Esto supone que las autoridades comunitarias ponen el foco en las rebajas de los impuestos energéticos aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar la subida del gas y la electricidad. El cálculo de Bruselas de lo que supone este esfuerzo es del 0,6% del PIB, unos 8.000 millones de euros.

En esta edición de las recomendaciones se ve con claridad algo que los máximos responsables económicos y financieros de la Comisión llevan varios meses repitiendo: 2023 y 2024 es un tiempo de transición entre las viejas reglas fiscales, suspendidas desde que estalló la pandemia, y las nuevas, cuya aprobación está prevista para finales de este año. “Nuestras recomendaciones están, por supuesto, en línea con la ley existente, pero también tienen en cuenta los elementos de nuestra propuesta de reforma que encajan con la norma actual”, ha señalado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Más claro ha sido, incluso, el vicepresidente ejecutivo y máximo responsable del área económica de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis: “Las orientaciones de hoy reflejan el espíritu de las nuevas normas, en las que el esfuerzo fiscal tiene en cuenta los retos de cada país acerca de la sostenibilidad de la deuda”.

Esa parte nueva se ve en la recomendación de que se limite que el aumento del gasto corriente —en el que no se incluye el coste de los intereses de la deuda, el desembolso coyuntural del seguro de desempleo o lo que se ingresó por fondos comunitarios— no pase del 2,6%, un porcentaje que supera con holgura el crecimiento previsto de la actividad económica en 2024, el 1,9%, según los pronósticos de la UE. La parte de las viejas normas se vería en la petición de que el déficit baje un 0,7% del PIB, una cifra que supera con holgura las previsiones fiscales de la UE para 2024, que esperan una bajada del 4,4% al 3,3%, y las que contiene el programa de estabilidad, hasta el 3%. No obstante, ese consejo no se incluye dentro de las recomendaciones finales, que son las que deben seguirse, y sí que se reitera la necesidad de “asegurar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento nominal del gasto corriente financiado con recursos nacionales a no más del 2,6%”.

Las diferentes previsiones de déficit entre Madrid y Bruselas para el año que viene no impiden que la Comisión avale el programa de estabilidad que España publicó a finales de abril. Además, se resalta que las previsiones para la deuda pública de las dos partes para finales de 2024 son las mismas, el 109,1% del PIB. “Están en línea”, puede leerse en el documento comunitario. Las tres décimas de diferencia llegan por la diferente evolución de los ingresos pronosticada por las dos partes: mientras el equipo que dirige la vicepresidenta española, Nadia Calviño, se muestra optimista al pensar que la recaudación seguirá creciendo al ritmo actual, en la capital de la UE esperan que se frenará algo. “La Comisión Europea confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024″, sostiene el Ministerio de Asuntos Económicos.

Sobre el papel, España no tendría difícil cumplir con las exigencias fiscales de Bruselas. El final de las ayudas extraordinarias que suponen un 0,6% del PIB está incluso legislado. El impuesto por los beneficios caídos del cielo a las eléctricas y la banca seguirá vigente en 2024. Y la limitación en el aumento del gasto queda por debajo de la previsión del aumento del PIB.

Pero los anuncios que ha hecho Sánchez durante la larga campaña electoral que está viviendo España y que se prolongará hasta final de año, cuando se celebran las elecciones generales, ya han empezado a comerse el margen que se aprecia en los documentos de Bruselas. Los compromisos anunciados se cifran en unos 13.000 millones, si bien, no todo son subsidios y dinero nuevo, también hay avales, partidas ya contempladas en los Presupuestos y fondos del plan de recuperación, que no se incluyen en la limitación de gasto.

Además, en la parte de inversión pública España cuenta con el Fondo de Recuperación. Hasta ahora España ha recibido 28.000 millones, como recuerdan los documentos publicados este miércoles. “España está entre los países más avanzados en la implementación del plan [de recuperación]”, apunta el informe específico, “ahora se espera que se revise [el plan] para duplicar su tamaño”. Esta última frase se refiere a la anunciada solicitud que Madrid enviará a Bruselas en las próximas semanas con la llamada adenda al plan de recuperación, en la que solicitará unos 94.000 millones de euros más entre créditos (84.000 millones) y subvenciones (el resto) que se sumarán a los 69.500 millones ya concedidos.

No obstante, para que todos estos augurios favorables se cumplan plenamente, sería necesario que España corrija algo su actuación durante 2022. “El significativo aumento del gasto financiado con ingresos nacionales se debió solo en parte a las medidas dirigidas a amortiguar el impacto social y económico del aumento de los precios de la energía. España no hizo suficiente para limitar el gasto corriente financiado con ingresos propios”, añade.

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