Bruselas pide que se empiecen a desmantelar las ayudas a empresas para capear la crisis energética

Ha llegado el momento de que los países de la UE empiecen a pensar en retirar las ayudas que están dando a las empresas para afrontar la crisis energética. Este ha sido uno de los mensajes que la Comisión Europea ha dado en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin a los ministros de Finanzas de este lunes y este martes. “Las ayudas a las empresas deben tener carácter temporal y desaparecer gradualmente a medida que bajen los precios de la energía”, recomienda uno de los documentos que el Ejecutivo comunitario ha presentado a los ministros de Finanzas, que recuerda que las cotizaciones del gas tocaron techo en la segunda mitad del año pasado. Algo que ha remachado el propio comisario de Economía, Paolo Gentiloni, al señalar que “los Estados deben dejar de subvencionar el crédito a las empresas y adaptar los marcos de insolvencia”. Se trata, por un lado, de acelerar la consolidación de las cuentas públicas y, por otro, de coordinar la política fiscal de los países de la UE con las monetarias del BCE para embridar definitivamente la inflación.

Bruselas ya cuenta, en realidad, con que las capitales desmantelen este año las ayudas que activaron cuando los precios de la energía se dispararon —más de lo que ya lo estaban— al comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Las previsiones económicas de primavera presentadas este lunes por el departamento comunitario de Economía y Finanzas, el mismo que ha redactado el documento analizado en el Eurogrupo, lo explican con claridad cuando se aborda el capítulo fiscal: para 2023 y 2024, pronostica que el déficit en el área euro pasará del 3,2% del PIB al 2,4% “provocado por la retirada casi completa de las ayudas energéticas”.

Al poco de comenzar la guerra, la Comisión reaccionó con una receta que ya había puesto en marcha durante la pandemia: relajar los requisitos para que los Estados pudieran respaldar a las empresas ante el subidón de los precios de la energía, principalmente el gas, que en agosto del año pasado llegó a máximos desconocidos. Todavía ahora el departamento de Competencia de la UE sigue recibiendo solicitudes de países para los programas que han diseñado: desde abril, ha dado luz verde a los últimos planes de Austria (2.000 millones), Francia (3.500 millones), Hungría (1.000 millones), Países Bajos (1.400 millones) y Suecia (2.600 millones). En el caso de España, el Gobierno aprobó ayudas por 950 millones para la industria que usa el gas intensivamente y rebajas en las tasas para empresas que consumen mucha electricidad.

Según los números que Competencia hizo públicos el pasado invierno, “en el contexto de la guerra de Ucrania” los Estados miembro habían aprobado líneas de ayudas potenciales de 672.000 millones. La relajación de requisitos para auxiliar al sector privado que aprobó el Ejecutivo comunitario vinculado directamente a la guerra acaba el 31 de diciembre de este año. En cambio, la norma de subsidios ligada a la doble transición digital y verde llega hasta finales de 2025.

Desde que comenzó la crisis energética, Bruselas ha reclamado que las políticas fiscales que se desplegaran para amortiguar su impacto fueran “temporales y focalizadas” tanto para las empresas como para los hogares. Lo ha tratado de promover incluso en documentos remitidos al Eurogrupo y el Ecofin, los órganos que reúnen a los ministros de Finanzas, destinados a guiar y ayudar las políticas nacionales.

Los técnicos de Bruselas entienden que no era fácil diseñar con rapidez mecanismos de subsidios eficaces que llegaran a quien más lo necesitaba. Pero esa comprensión no les ha alejado de su objetivo. El latiguillo “temporales y focalizadas” pretendía que el dinero que se repartía desde el presupuesto público no agravara la compleja situación fiscal de muchos Estados miembros de la UE, con grandes volúmenes de deuda (España entre ellos) y no añadiera gasolina a la inflación estimulando la demanda.

Estas preocupaciones han continuado encima de la mesa en las reuniones de estos días, en las que también ha participado el Banco Central Europeo (BCE). Uno de los riesgos económicos que ha señalado la Comisión en su diagnóstico de primavera es la inflación subyacente, que sigue en niveles muy altos. Y ahí habrían puesto el foco los enviados de Fráncfort (la presidenta, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos), con el papel de los márgenes empresariales, según ha apuntado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño: “El BCE ha incidido en la necesidad de seguir de cerca la evolución de los márgenes empresariales y su impacto en la inflación en la zona euro. Ahí España se ha adelantado con la creación de un observatorio de márgenes empresariales”.

Tanto Bruselas como Fráncfort han señalado últimamente a los márgenes empresariales como una de las causas de la inflación. Ambas instituciones, mucho más predispuestas históricamente a reclamar moderación salarial ante episodios inflacionistas para no agravar la situación que a observar la marca de los beneficios corporativos, han apuntado que ven margen en las cuentas de las empresas para subir sueldos y que no se traslade a los precios. Ese espacio es importante, porque la caída de la inflación subyacente va muy por detrás de la general y eso es un riesgo económico, ya que de persistir la situación podría demorar el final del ciclo de aumentos de tipo de interés por parte del BCE y dificultar más el acceso al crédito.

Eso explica la conexión entre ambos asuntos (retirada de ayudas y márgenes empresariales) y que hayan sido protagonistas estos días. Apuntan una fuente presente en estos encuentros que se trata, especialmente, de que haya una coordinación entre las políticas fiscales y las monetarias. Otra de esas ideas que se han repetido hasta la saciedad durante esta última crisis, especialmente desde Fráncfort.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal