Bruselas congelará fondos europeos si no se aprueba antes de marzo la subida fiscal al diésel

El Gobierno tenía que aprobar más de una decena de normas con rango de ley para poder obtener los siguientes pagos de fondos europeos. Entre ellas estaban la ley de familias, la de servicios sociales, cambios en los beneficios fiscales, la ley de industria, un paquete de reformas en el ámbito sanitario y de los medicamentos, una legislación para reorganizar las subvenciones públicas en torno al ingreso mínimo y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. Sin embargo, la Comisión Europea le ha concedido algo más de tiempo. Ha aceptado retrasos en algunas de ellas a cambio de adelantar otros hitos comprometidos que ya estaban ejecutados como algunas inversiones en Cercanías, energías renovables, mantenimiento de costas, I+D y ciberseguridad. Y también le reclama como contrapartida subir la fiscalidad del diésel, incluyéndola como una nueva exigencia vinculada a los fondos europeos.

Según el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se formulan algunas modificaciones al plan de recuperación español, la Comisión Europea ha recogido la subida del impuesto al gasoil como un compromiso relativo al quinto pago, justo el que el Gobierno va a solicitar de manera inminente pidiendo cerca de 8.000 millones de euros en ayudas directas y unos 16.000 millones correspondientes a dos tramos adicionales de préstamos. En total, una cifra superior a los 20.000 millones. Si no se aprueba antes de marzo el incremento de la tributación del diésel, la Unión Europea tendría que retener una porción de esos recursos.

Estos fondos europeos se entregan conforme se va cumpliendo con unos objetivos de reformas e inversiones. El hito 388 hace referencia a la reforma fiscal que se debía haber aprobado a principios de 2023 siguiendo las recomendaciones del comité de expertos. Estos defendían sobre todo eliminar los tipos reducidos del IVA y subir impuestos verdes. Pero el Gobierno les ha hecho caso omiso. Ahora el texto de este compromiso se modifica y dice: “Incluirá, entre otros, la entrada en vigor del aumento del impuesto al diésel”. Es decir, se ha añadido como un objetivo necesario para cobrar parte de los fondos europeos. El Gobierno ya había intentado introducir esta medida en su paquete tributario lanzado hace más de un mes para tratar de cumplir con este compromiso de reforma fiscal. Pero la resistencia de Podemos hizo que se descartara. Esta iniciativa suponía que cada litro repostado se encarecía en algo más de 11 céntimos. Así que llenar un depósito medio de unos 50 litros implicaría pagar casi seis euros más por un repostaje completo.

La idea es que se está penalizando un combustible por su contaminación. Pero en las negociaciones Podemos lo consideró regresivo porque hay más familias de rentas bajas cuyos vehículos son de gasoil. Y no brindó su respaldo en el Congreso, dejando caer la medida. Tramitarlo en un Parlamento fragmentado será complicado. Pero ahora el Gobierno tiene además la presión de Bruselas. Si no se aprueba antes de acabar marzo, la Comisión congelaría una parte de los fondos del quinto desembolso porque no se ha cumplido de forma plena con el compromiso de reforma fiscal.

La Comisión Europea ya había incorporado hace unas semanas la exigencia del diésel en sus recomendaciones al plan fiscal estructural de España. Pero de esta forma se asegura todavía más que el Ejecutivo español adopte esta subida de impuestos. Son unos 1.500 millones de euros en recaudación, en torno a una décima del PIB.

El quinto pago, en el que se incluye este nuevo compromiso con el diésel, asciende ahora tras los cambios a unos 9.000 millones en subvenciones directas frente a los 7.000 millones que había contemplados antes. Si bien a estas cifras hay restarles el anticipo del 13% de los fondos que se hizo al comienzo del plan. De modo que el quinto pago de ayudas no reembolsables se quedará en cerca de 8.000 millones. Y sobre esa cantidad se practicaría la retención en el caso de que no se aprobara la nueva tributación del diésel.

Los fondos europeos conocidos como Next Generation fueron aprobados para paliar los efectos económicos de la pandemia. A España le tocaron unos 140.000 millones, de los que la mitad eran ayudas directas y la otra mitad préstamos. El Gobierno ya ha recibido unos 48.000 millones en subvenciones, a los que se sumarían estos cerca de 8.000 del quinto pago.

El Ejecutivo español ha pactado con la Comisión que se cambia el compromiso de una ley de servicios sociales por unos acuerdos en el consejo territorial de servicios sociales, a los que seguirá más adelante una regulación ministerial. La ley de familia se retrasa del quinto al séptimo pago. Y los cambios en los beneficios fiscales se pasan del quinto al octavo desembolso. Ya se había traslado, por ejemplo, la ley de movilidad sostenible al séptimo tramo. También se suprime una iniciativa para que las pymes entraran en proyectos de hidrógeno verde y se sustituye por otra también de hidrógeno verde pero que no exige la participación de empresas pequeñas. Los proyectos relacionados con el hidrógeno verde en general se atrasan. Estos acumulan bastante demora porque habían estado parados a la espera de los permisos de Bruselas para las ayudas de Estado.

En cualquier caso, todo debería estar listo antes de mediados de 2026. Si no se han gastado para entonces, se podrían perder fondos porque termina el plan. El tiempo aprieta. Esta es la tercera vez que se modifica. Y habrá una cuarta pronto con el fin de incluir la reasignación de fondos europeos hacia los territorios damnificados por las inundaciones de la dana, el llamado componente Valencia diseñado para financiar la reconstrucción.