El Gobierno tiene que aprobar más de una decena de leyes para recibir fondos europeos

El Gobierno tendrá que aprobar más de una decena de normas con rango de ley para obtener fondos europeos. Según el recuento de EL PAÍS, solo para el quinto desembolso, que supone unos 6.500 millones y que el Ejecutivo debería solicitar pronto, faltan por completar tres: la ley de servicios sociales, la de familias y las reformas fiscales derivadas del libro blanco de recomendaciones de los expertos. Respecto al sexto tramo de fondos, que supera los 3.000 millones, aún hay que tramitar otras ocho: la ley de industria; un paquete de sanidad —que incluye la ley de cohesión del sistema sanitario, la del estatuto para el personal sanitario y la de uso racional de los medicamentos—; una legislación para reorganizar y simplificar las subvenciones públicas en torno al ingreso mínimo; la ley del cine; la de profesiones del deporte, y la oficina de derechos de autor. Y para los siguientes hay más: la ley de movilidad sostenible, la de eficiencia organizativa en la justicia, la del cliente financiero, cambios en la ley de competencia y la ley de inspección en la pesca. Para pedir los préstamos europeos, hay que sacar adelante además la ley de rehabilitación urbana y la normativa para evitar desperdicios alimentarios.

El paquete que hay que aprobar supera toda la actividad normativa del Congreso desde que empezó la legislatura en enero. En una Cámara fragmentada, el Ejecutivo ha aprobado cuatro leyes y seis reales decretos leyes. En los tres años y medio de la pasada legislatura, el Gabinete sacó adelante más de 200. Algunos socios como ERC o el PNV ya advierten al Gobierno de que debe ser muy selectivo en los textos que envía al Congreso ante las dificultades para encontrar apoyos.

La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo se ha acrecentado desde que en agosto el socialista Salvador Illa alcanzara la presidencia de la Generalitat y dejase descolocado a Junts, que ha reaccionado provocando algunas derrotas del Gobierno en el Congreso. Aun sin tanta intensidad, por el flanco izquierdo Sánchez también tiene un aliado díscolo en Podemos. Con estas dificultades, el Ejecutivo ya maneja como hipótesis más probable que no logrará el respaldo para los presupuestos de 2025 y tendrá que prorrogarlos por segundo año. PSOE y Sumar restan importancia a esta eventualidad y apelan precisamente al colchón que dan los fondos europeos.

Si no se aprueban estas leyes, la Comisión Europea podría retener una parte de los pagos hasta que se culminen, dado que el dinero solo se entrega a cambio de realizar unos objetivos de inversiones y reformas. Si bien en los desembolsos que quedan tendrá mucho más peso cumplir con las inversiones que con las reformas. Es decir, por las leyes solo se retendría una parte, en principio menor, de los más de 30.000 millones pendientes en subvenciones. Ese porcentaje dependería del cálculo del Ejecutivo europeo. De hecho, ya se congelaron 158 millones por un programa de digitalización de empresas. El plazo final para pedirlos antes de que se pierdan sería mediados de 2026. Y en todo caso, el Gobierno tiene el as en la manga de pedir los fondos y, a la vez, solicitar una revisión técnica que permita cumplir de otra forma. Eso sí: tendría que justificarse. Esta revisión ya se hizo en el anterior pago y se ha pactado con otros países. Además, la Comisión tiene la urgencia de demostrar que los fondos han sido un éxito y siempre puede abrir la mano: por ejemplo, ya dio por válida la aprobación del decreto ley para reformar el subsidio de paro sin que este se hubiera convalidado en Cortes. Y eso abriría la puerta a aprobarlas por reales decretos leyes.

Pero esto no evita que haya que convalidarlas para que Europa luego no reclame de vuelta el dinero. Junts podría exigir contraprestaciones por cada ley. Y algunas presentan dificultades de por sí. En el caso de la reforma fiscal, el Gobierno está intentando evitar subidas de impuestos basadas en las recomendaciones de los expertos. Asegura que ya ha hecho suficiente y espera no tener que cumplir con este hito. Pero aun así, la nueva Comisión probablemente presionará para que España adopte alguna iniciativa que ayude a reducir el déficit público.

El proyecto de ley de movilidad sostenible lleva tiempo atascado en el Congreso. Esta ya se negoció con Bruselas para retrasarla del quinto al séptimo desembolso y para suprimir los peajes en las carreteras. Pero los socios siguen poniendo problemas. Por ejemplo, ERC pidió en septiembre que se cubriera parte del coste del transporte urbano. Y el PP ha planteado una enmienda a la totalidad que se discute este martes.

La ley de familias decayó con el adelanto electoral y se ha vuelto a enviar a Cortes con la misma redacción de la legislatura anterior para evitar retrasos. Así que la intención del Ministerio de Derechos Sociales es mejorar el texto en la tramitación. La normativa reconoce la diversidad de hogares e incorpora mejoras en su protección, equiparando a las familias monoparentales con dos hijos con las numerosas. Su trámite es por vía urgente, aunque continúa abierto el plazo de enmiendas tras prorrogarse 19 veces. Los partidos nacionalistas han manifestado reticencias al considerar que el texto invade competencias. Derechos Sociales explicó en febrero que negociaría con el PSOE para introducir, o bien en los presupuestos o bien a través de enmiendas a esta ley, la extensión del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y la retribución de al menos cuatro semanas del recientemente creado permiso parental de cuidados (ocho semanas para niños de hasta ocho años).

La ley de servicios sociales sería la primera normativa de la democracia en este ámbito a nivel estatal. Se aprobó en primera lectura en enero de 2023, pero no llegó al Congreso por el adelanto electoral. El texto mandataba a las comunidades a acordar con el ministerio un mínimo de prestaciones común para todo el territorio y a crear un sistema de información estatal que no existe. Además, pretendía simplificar el proceso para recibir ayudas de emergencia para familias vulnerables (para comida, ropa o pagar los suministros, por ejemplo) y que en la actualidad pueden demorarse varios meses. Su tramitación se prevé complicada, pues las comunidades ostentan la competencia exclusiva y los partidos nacionalistas ya han advertido de que no permitirán que el texto se extralimite.

La ley de industria puede tener un camino más fácil, aunque queda desfasada por el informe Draghi y, de nuevo, podría tener que pulirse para no invadir competencias autonómicas. En justicia, está pendiente la de eficiencia organizativa, que el Gobierno cuenta con aprobar en lo que queda de año y para la que considera que no tendrá problemas de aritmética parlamentaria. La legislación para crear la autoridad del cliente financiero decayó con las elecciones y ha vuelto a remitirse al Congreso. Quedan también modificaciones de la ley de competencia y la ley de inspección y sanciones en la pesca, que está en consulta pública. En Sanidad, la ley de equidad del sistema sanitario está en tramitación parlamentaria. La del estatuto marco se encuentra en negociaciones con los sindicatos. Y la del medicamento saldrá este trimestre a audiencia pública.

La mayoría debería haber estado lista antes de finales de 2023, según el calendario indicativo pactado con la Comisión. A principios de año, el Gobierno tenía la intención de aprobar el grueso de ellas a lo largo de 2024. Según el reglamento comunitario, habría que pedir dos veces al año pagos de fondos europeos. Pero España solo solicitó uno, el cuarto, en 2023. Lo hizo en diciembre cuando el tercer pago se había pedido en noviembre de 2022. Es decir, el Gobierno se llevó más de un año sin pedir fondos. Y ahora lleva nueve meses desde que solicitó en diciembre el último. Pese a estos retrasos, España es el país, tras Italia, que más fondos ha recibido: unos 48.000 millones.