Los países de la UE han usado menos de un tercio de los fondos del plan de recuperación

La ejecución de los fondos europeos de recuperación no ha cogido aún velocidad de crucero. Los Estados miembros solo habían usado un tercio del dinero concedido y habían realizado menos del 30% de los avances hacia la consecución de sus hitos y objetivos a cierre de 2023, tres años después de que se pusiera en marcha el mastodóntico plan para sacar a flote la economía comunitaria tras el batacazo de la covid-19 y a mitad del recorrido para gastarlos. Es más: de ese dinero, tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas había llegado entonces a sus destinatarios finales, según un informe que publica este lunes el Tribunal de Cuentas de la UE, en el que alerta de que esta lentitud pone en entredicho la capacidad de los socios comunitarios para llevar a cabo las reformas e inversiones comprometidas. España, que también acumula retrasos, no sale tan mal parada: ha conseguido un 29% de los hitos pactados con Bruselas comparado con una media del 19%, con 121 objetivos alcanzados sobre un total de 416 y un 46% de la financiación desembolsada (el promedio europeo es del 37%).

“Concluimos que la absorción de los fondos del MRR [el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal instrumento del fondo de recuperación] está avanzando con algunos retrasos y que existen riesgos para la absorción y la finalización de las medidas en la segunda mitad de la aplicación”, señala el documento La absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, publicado este lunes.

El MMR es un transatlántico dotado con 724.000 millones de euros —que ve a España a la cabeza de los beneficiarios—, conseguidos a través de un esquema inédito de mutualización de la deuda comunitaria. De ese importe, 338.000 millones son subvenciones a fondo perdido y el resto son préstamos. Su desembolso está condicionado a la consecución de una serie de hitos y objetivos, pactados entre cada capital y Bruselas, vía reformas e inversiones, para que las economías nacionales sean más resilientes ante futuros shocks. Las solicitudes de pago se presentan según un calendario indicativo y la fecha límite para ejecutar el plan mediados de 2026, un plazo que algunos Estados consideran desafiante por su brevedad ante la inmensa carga administrativa y las dificultades que entraña su ejecución.

Estos escollos han quedado reflejados en que la velocidad de absorción de los fondos ha disminuido con el tiempo. En las primeras fases, el desembolso fue rápido gracias a la prefinanciación de 56.500 millones que la Comisión Europea decidió conceder, un anticipo de hasta del 13% de la asignación reconocida a cada país que se ha ido descontando de los pagos posteriores. Después, llegaron los retrasos. “En diciembre de 2023, el número de solicitudes de pago presentadas a la Comisión era sensiblemente inferior al previsto en las disposiciones operativas”, destaca el informe.

Las causas principales de las demoras se encuentran en factores externos que han modificado el panorama existente. En particular, el informe hace hincapié en la escasez de suministros y el subidón de precios agravado por el conflicto en Ucrania, que han llevado en muchos casos a reformular o abandonar proyectos que aparecían en los planes de recuperación nacionales. Otros de los factores que están demorando la ejecución son la infravaloración del tiempo necesario para llevar a cabo las medidas planeadas y la incertidumbre alrededor del mismo, por ejemplo cuestiones relacionadas con la contratación pública, al tratarse de un instrumento nuevo que hasta ahora no se había utilizado. También la elevada carga administrativa está ralentizando el avance.

A final de 2023, Bruselas había desembolsado 213.000 millones de euros —139.000 en subvenciones y 74.000 en préstamos—, incluida la prefinanciación. A la misma fecha, los Estados habían solicitado 228.000 millones, pero con grandes diferencias entre países. Hasta siete de ellos no habían recibido ningún importe por el cumplimiento de los hitos (Bélgica, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Suecia, Polonia e Irlanda) debido a razones distintas, desde ausencia de los acuerdos técnicos con Bruselas relativas a la ejecución del plan a la falta de la presentación de las solicitudes de pago.

Cada país puede solicitar dos pagos a años, que la Comisión evalúa en el plazo de dos meses y, si considera cumplidos los hitos vinculados a ellos, desbloquea el dinero. España, hasta finales de 2023 —periodo que abarca el informe—, había solicitado cuatro pagos y recibido tres, todos relativos a subvenciones. Sin embargo, hubo retrasos en todos, salvo el primero. Italia es la más adelantada en este sentido, ha pedido y recibido cinco peticiones de subvenciones y solicitado cuatro pagos de préstamos y recibido cuatro. Le siguen de cerca Portugal, Grecia y Rumania.

Si se tiene en cuenta la proporción de solicitudes de pago presentadas frente a los plazos previstos, España está en el 80% frente a una media del 70%. Están en el 100% Croacia, Chequia, Dinamarca, Alemania, Italia, Letonia, Malta, Portugal y Eslovaquia. Sin embargo, los auditores recuerdan que estos datos no reflejan necesariamente el buen desempeño de un país con respecto a otro, porque puede que suscribieran más tarde sus disposiciones operativas. Es decir, que no tengan retrasos no significa que vayan más avanzados en la ejecución del plan.

“Existen algunos riesgos, no solo en cuanto a gestión financiera, debido a que muchas medidas, a causa de esta acumulación de retrasos, se implementarán en los últimos dos años, 2025 y 2026″, ha alertado Ivana Maletić, miembro del Tribunal responsable de la auditoría, que este lunes ha presentado el informe a través de una videoconferencia. “Si las medidas no se finalizan, se necesitarán herramientas para recuperar los fondos”.

La institución también señala las dificultades para identificar a los beneficiarios finales de los fondos, pese a que a partir de marzo de 2023 los Estados miembros estén obligados a publicar las listas de los 100 mayores destinatarios. El organismo auditor, de hecho, pidió a los 22 Estados miembros beneficiarios de las ayudas información sobre la ubicación de las mismas: casi la mitad de los fondos desembolsados a los 15 Estados miembros que facilitaron la información correspondiente aún no han llegado a la economía real; los otros no proporcionaron información o lo hicieron de forma incompleta.

Aplazamiento de las inversiones

Los auditores también han analizado los riesgos existentes para la segunda fase de aplicación del plan, y sus conclusiones no son de lo más optimista, también porque esa fase se concentran las inversiones, más complicadas de llevar a cabo con respecto a las reformas. Los planes iniciales de recuperación de los países contenían 2.530 medidas, de las cuales 1.541 eran inversiones y 989 eran reformas. La mayoría de los Estados decidieron aplicar las reformas en primer lugar.

Es así que las capitales europeas prevén completar los hitos y objetivos relacionados con el 39% de las inversiones —en particular relacionadas con infraestructuras— y el 14% de las reformas durante los últimos ocho meses del período de ejecución del plan. “Es probable que el aplazamiento de las inversiones aumente aún más el riesgo de retrasos y de ralentización de la absorción”, destaca el documento, que pone el Programa de rehabilitación energética de edificios de España como ejemplo. También la Comisión reconoció que la segunda mitad de la ejecución del MRR será más difícil que la primera, ya que las inversiones alcanzan una fase crítica en su ejecución. Por ello, entre las recomendaciones propuestas, el tribunal sugiere que la Comisión ofrezca orientaciones adicionales cuando sea necesario y amplíe su supervisión.

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