Solo el 45% de los fondos europeos se ha adjudicado a beneficiarios finales después de tres años

70.000 millones en inversiones no es una tarea fácil de ejecutar. Las ayudas no reembolsables que concedió Europa a España por la pandemia, los llamados fondos Next Generation, fueron concebidos como un estímulo para una economía lastrada por el covid. El Gobierno quiso gastarlos con celeridad para reanimar la actividad. Y los incluyó a razón de más de 20.000 millones por año en los tres últimos Presupuestos. Pero la realidad ha sido muy distinta. El Ejecutivo no ha conseguido desplegarlos al ritmo deseado. Para empezar porque se pusieron unos objetivos de transformación que requieren un diseño y unos plazos bastante más amplios: cualquier inversión precisa de mucho tiempo para planificarse, preparar las licitaciones, publicitarlas, resolverlas e ir luego ejecutándolas. También se tarda en ir pagando conforme se certifican y auditan. De modo que el proceso puede tardar años en culminarse. Todo ello explica que, después de tres años, solo un 45% de estos fondos europeos se hayan adjudicado a beneficiarios finales, según concluye un informe de la consultora Llorente y Cuenca a partir de fuentes públicas. Lograr que estos recursos se ejecuten a tiempo, antes de mediados de 2026, será “un desafío”, subraya.

Adjudicar significa que las inversiones o subvenciones tienen nombre y apellidos. Ya se han concedido. Si bien todavía hace falta que se abonen conforme se certifiquen los tramos realizados de las inversiones o una vez se haya comprobado que el adjudicatario cumple. La única información existente sobre pagos efectivamente realizados va con retraso y la publica la Comisión Europea: 2.400 millones en 2021 y 5.200 millones en 2022.

Las cifras de adjudicación implican que todavía hay que resolver el 55% de los 70.000 millones. Y hay que añadirles 10.000 millones en subvenciones extra que España consiguió porque su economía fue peor durante la pandemia. Y otros 83.000 millones que hay que canalizar en créditos. “En los próximos dos años y medio España deberá hacer un enorme esfuerzo de ejecución’', señala Llorente y Cuenca. Según el reglamento europeo, los objetivos comprometidos deben estar listos antes de agosto de 2026. Además, el documento subraya que el menor atractivo de los préstamos genera “dudas razonables” sobre la capacidad que hay para absorberlos.

Del dinero adjudicado a beneficiarios finales, casi 24.000 millones han sido repartidos por la Administración Central. El estudio recoge otros 5.000 que habrían resuelto las comunidades, según anunció el Gobierno. Y añade 3.000 que las autonomías han recibido para gastarlos directamente. Respecto a las comunidades, el informe se queja de la ausencia de información. Con la suma de estas cantidades, se llega en total a los más de 30.000 millones ya adjudicados después de tres años con el Plan de Recuperación en marcha.

Llorente y Cuenca advierte de que además hay una acumulación significativa de fondos no adjudicados en las convocatorias resueltas. La cifra asciende a los 6.576 millones. De extrapolarse a las comunidades el mismo porcentaje de convocatorias desiertas, el total podría superar los 10.000 millones y alcanzar el 16% de los recursos. Estos remanentes incluso podrían ir en aumento según se vayan resolviendo más proyectos. Supone un reto añadido y haría falta “introducir medidas para aumentar el éxito y la agilidad de las convocatorias”, dice el papel.

Por otra parte, el Gobierno ya ha conseguido comprometer la mayor parte de los fondos, el 94%, esto es: ha decidido el destino y las condiciones en que se van a desembolsar. Pero todavía le quedan cerca de 4.000 millones por comprometer, es decir, se encuentran en la etapa anterior a preparar las licitaciones o convocatorias y, por lo tanto, todavía hay que consignarlos.

Por tipo de beneficiario, el 45% de los fondos comprometidos se ha destinado al sector público. Y se observa una gran atomización de los adjudicatarios al haber repartido las cantidades entre muchos. En cambio, en Italia y Francia han concentrado mucho los recursos en unas pocas entidades públicas que los gestionan.

Por ministerios, el de Transportes es el que mejor está ejecutando debido a que buena parte de sus planes van a los ayuntamientos o Adif. Pese a que no se puede evaluar el desempeño de las comunidades, Llorente y Cuenca considera que presentan una ejecución muy desigual a la luz de la información que se conoce de programas como el de rehabilitación energética, autoconsumo o las subvenciones al coche eléctrico.

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