España gastó 10.200 millones de euros de los fondos europeos en 2023

Aunque con muchas dificultades, los fondos europeos se van gastando. En 2023 solo se desembolsaron 10.200 millones de euros, el 0,7% del PIB según datos de la Comisión Europea a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Estos se suman a los 2.400 millones que se ejecutaron en 2021 y a los 5.200 millones que se libraron en 2022. En total, se han gastado cerca de 18.000 millones tres años después de que se iniciara el Plan de Recuperación, creado para impulsar la economía tras la pandemia. El total de los cerca de 80.000 millones en ayudas no reembolsables debería estar abonado a los beneficiarios en agosto de 2026. Es la fecha límite recogida en la legislación. Es decir, en dos años y medio, desde 2024 a mediados de 2026, se tendrían que ejecutar unos 60.000 millones si no se quieren perder esos fondos. Y para entonces también se tendrían que haber concedido otros 80.000 millones en financiación que, eso sí, se podrán ejecutar y devolver más adelante. Aunque el Ejecutivo europeo prevé que para este año se desembolsen otros 20.000 millones, el 1,3% del PIB, la necesidad de acelerar la ejecución para cumplir a tiempo es evidente. Y así lo subraya la Comisión en sus recomendaciones publicadas esta semana.

El dato de los 18.000 millones es el dinero que ya se ha pagado. El Gobierno suele valorar la evolución tomando las cifras de cuánto se ha adjudicado. Y así figura que se han asignado más de 35.000 millones de euros. Se trata de un dato muy relevante en la medida en que son las partidas que ya tienen nombre y apellidos y que, por lo tanto, son inversiones que ya se pueden movilizar, aunque el adjudicatario no haya recibido los fondos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en la idea de que se está a mitad de partido y, en consonancia, se ha conseguido asignar la mitad de los fondos. A estas alturas, muchos proyectos ya están levantando el vuelo y pueden empezar a visualizarse inversiones importantes como la construcción en Sagunto de la planta de baterías de vehículos eléctricos. Pero aun así, con las cifras del montante efectivamente pagado se hace patente la necesidad de pisar el acelerador. Sobre todo porque no existe la posibilidad de prorrogar los plazos más allá de 2026. Haría falta que todos los países estuvieran de acuerdo en cambiar la regulación de los fondos, y eso no va a suceder.

De hecho, la Comisión Europea ha concluido esta semana que “la implementación del Plan de Recuperación de España se enfrenta a desafíos cada vez mayores”. Y ha señalado que harán falta “esfuerzos renovados” para que se desplieguen los fondos con éxito. En sus recomendaciones, ha pedido a España que “acelere las inversiones, dando respuesta a los retrasos que están surgiendo a la vez que se asegura una capacidad administrativa robusta” para gestionarlos. Y añade que “el tamaño y la complejidad del plan exigen acciones para asegurarse de que las reformas y las inversiones puedan ser totalmente completadas a tiempo”.

Precisamente la semana pasada la Comisión aprobó el cuarto pago a España de fondos europeos, dotado con 10.000 millones. Pero este desembolso acumula más de un año de retraso respecto al calendario previsto. El veto a Huawei; el desarrollo de los proyectos especiales llamados PERTE como el del vehículo eléctrico o el de descarbonización de la industria, que han costado mucho arrancar; y la aprobación de la reforma de los subsidios son algunas de las iniciativas que han tenido muchas dificultades para cerrarse.

La Comisión también alerta sobre los “los retos relativos a la capacidad de absorción”. Esto es: si el tejido productivo será capaz de tener proyectos y ejecutarlos para aprovechar estos fondos europeos. En este sentido, la falta de mano de obra en sectores como la construcción se antoja un obstáculo. También cabe preguntarse si habrá demanda suficiente para los 80.000 millones en préstamos reembolsables.

Bruselas recuerda, además, que los objetivos de inversiones se concentran hacia el final del periodo estipulado del plan y, por tanto, “merecen especial atención”. De lo contrario, se podría llegar sin margen para finalizarlas. Apunta que se puede mejorar la coordinación entre administraciones y utilizar procedimientos más simples y efectivos que agilicen la recepción de los fondos por parte de los beneficiarios finales. Todos estos elementos son también relevantes, dice, para afrontar el reto de absorber la enorme cantidad de recursos que se gestionarán vía instrumentos financieros, es decir, los 80.000 millones en créditos. Por último, subraya que es importante involucrar a las autoridades locales, regionales y a los agentes sociales para culminar con éxito el plan.

El Gobierno ya había conseguido retrasar muchos objetivos intermedios con los que tenía dificultades para cumplir a tiempo. Se hizo en la llamada adenda al plan. Pero esa negociación no podía llevar la fecha límite más allá de agosto de 2026 porque está recogida en la legislación europea. Aunque sí que se consiguió que para algunos proyectos se aceptara la posibilidad de entregar el dinero a empresas públicas y que estas, una vez pasado el plazo de 2026, lo vayan ejecutando. Así se piensa hacer con algunos proyectos como los PERTE, unas iniciativas que ha costado mucho más arrancar por su carácter innovador y que de este modo podrían disponer de algo más de tiempo para su ejecución, sobre todo si se trata de levantar algo grande como una fábrica. En cualquier caso, en agosto de 2026 los recursos tendrían que estar ya comprometidos con un beneficiario.

Pese a los retrasos, fuentes de la Comisión destacan que España es uno de los países más avanzados en la ejecución. De hecho, ya ha recibido unos 38.000 millones, a los que se sumarán pronto los 10.000 del cuarto pago. Solo Italia ha recibido más.

Conseguir los fondos europeos fue un éxito del Gobierno. Pero la tarea de ponerlos en marcha ha sido hercúlea. El plan se ha enfrentado a multitud de obstáculos. En primer lugar, hubo un problema de expectativas porque se anunció que se gastarían en los presupuestos de los tres siguientes años cuando ya se sabía que semejante objetivo sería muy difícil de conseguir. Y ha sido incluso más complicado: había que diseñarlo cumpliendo con numerosos controles y requisitos comunitarios. Lo están gestionando los mismos funcionarios que tienen que hacer frente al día a día de la Administración. No se podía dedicar exclusivamente a infraestructuras porque ya existe una dotación importante. Así que había que destinarlo a la transformación de la economía, sobre todo a la transición ecológica y digital. Y para ello era imprescindible hacerlo a través del sector privado a la vez que la Comisión ponía muchas restricciones a las ayudas a empresas porque van contra la competencia.

Cualquier objetivo de transformación requiere un diseño y unos plazos amplios. Se precisa tiempo para entablar un diálogo con el sector privado, negociar con Bruselas, planificarse, preparar las licitaciones, publicitarlas, resolverlas y, luego, ir ejecutándolas. Aunque en algunos proyectos se adelanta el dinero, también se tarda mucho en ir pagando conforme se van realizando las inversiones, se certifican y, en algunos casos, se auditan. Todo ello explica el retraso respecto a lo que se vendió al principio. Y todos los Estados de la UE están teniendo estas dificultades para avanzar con sus planes. España tiene además el inconveniente de que, al tratarse de un Estado descentralizado, muchas inversiones corresponden a las comunidades por sus competencias, lo que demora aún más los procesos. Ser flexibles para redirigir los fondos allá donde se gasten será esencial para su ejecución a tiempo.

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