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Bruselas exige a España la reforma fiscal pendiente pese a no castigarle por incumplir el déficit

La Comisión pide una mejora de la administración “para manejar los fondos europeos y acelerar las inversiones”

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, seguido del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, seguido del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.OLIVIER HOSLET (EFE)
Manuel V. Gómez

La Comisión Europea ha aceptado los argumentos españoles para que no se le abriera un procedimiento de déficit excesivo, pero eso no quiere decir que se olvide de que España tiene un problema fiscal estructural —un descuadre entre gastos e ingresos públicos persistente— que precisa de una reforma tributaria. Lo deja muy claro en el capítulo español de las recomendaciones que ha lanzado este jueves a cada uno de los Estados miembros. En él pide: “Garantizar la sostenibilidad fiscal, revisando y simplificando el sistema fiscal para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica”, explica en el apartado de recomendación, en el que también le exige que refuerce “la capacidad administrativa para manejar los fondos europeos, acelerar las inversiones y mantener el momentum en la implementación de reformas”.

Cerrar el agujero estructural de las cuentas públicas españolas es una reclamación reiterada de la Comisión Europea. Aparecerá de nuevo cuando en septiembre comience la negociación de las sendas de ajuste y lo advierte al reclamar, antes de llegar a la demanda de la reforma tributaria, que se presente “a tiempo el plan fiscal-estructural a medio plazo”. En ese programa quiere ver cómo se limita el crecimiento del gasto, porque España deber situar la deuda “en una trayectoria descendente a medio plazo”.

La insistencia en este momento, conocido en la jerga comunitaria como el semestre fiscal, tiene un doble significado. El primero es que las recomendaciones de este informe son la guía que deben seguir los Estados miembros en sus presupuestos y ahora, con las nuevas reglas fiscales, en la elaboración de sus planes presupuestarios de cuatro años de duración, que pueden ampliarse hasta siete. El segundo es que ha llegado el momento de esta “revisión y simplificación” del sistema fiscal según los tiempos pactados en el plan de recuperación español, que a cambio de cumplir con inversiones y reformas permite la llegada de más de 160.000 millones hasta agosto de 2026. Una vez ha recibido el cuarto pago, España tiene que empezar a desplegar los compromisos que corresponden al quinto, en el que está esta reforma.

A Bruselas no le vale el gran incremento de la recaudación que ha habido durante estos años porque es consciente de que han llegado, principalmente, por motivos coyunturales, como el gran aumento de la inflación. También ha ayudado el buen momento de la economía española, mucho más fuerte que la de la mayoría de los socios de la Unión. Ambas son causas coyunturales, de aquí que la Comisión exija un cambio estructural. Con ellas se pretende que el déficit sea a la larga menor de ese 3% que se prevé para este año, un dato, junto a una previsión incluso menor para 2025, que ha sido clave para que a España no se le abra el procedimiento de déficit excesivo.

La importancia de esa cifra radica en que uno de los motivos por los que un país que incumpla el límite de déficit que recogen los tratados, el 3% del PIB, puede esquivar la reprimenda es que el fallo sea temporal y se corrija rápido. A eso se ha agarrado el Gobierno español para convencer a Bruselas de que no le abra expediente. “Ese ha sido un argumento convincente”, apuntan en el Ministerio de Economía. También la Comisión dice algo parecido: si el objetivo del procedimiento de déficit excesivo es que el infractor vuelva a estar por debajo del límite legal y ya lo va a hacer este año, pues no tiene sentido abrir el expediente. Según este razonamiento, el 3,6% del déficit de 2023, que es el que hubiera provocado la apertura del procedimiento, es algo puntual.

No ha sido fácil para España esquivar las consecuencias de la infracción. De hecho, no fue hasta el mismo martes por la tarde que se aclaró la situación. “La Comisión no propondrá en julio [al Consejo de la UE] abrir un procedimiento de déficit excesivo”, dice el informe. Pero al esgrimir Madrid ese argumento de la temporalidad y al aceptarlo Bruselas, ambas partes asumen un riesgo: la previsión de déficit para 2024 es del 3%, es decir, no hay margen para una desviación por mínima que sea. “La Comisión Europea, en todo caso, seguirá monitorizando la evolución presupuestaria en España y reevaluará la situación”, ha advertido el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la presentación de todo el paquete del semestre fiscal.

Ese paquete se ha saldado con la apertura del expediente para Italia, Francia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Como España, lo han evitado pese a superar el déficit del 3% en 2023 República Checa y Estonia. También lo esquivan Eslovenia y Finlandia, por desbordar el déficit en 2024.

Además de escapar de la reprimenda por haber superado el déficit permitido en 2023, España ha recibido este miércoles una buena noticia al salir de otro de los procedimientos que pone en marcha Bruselas cuando se incumple con alguna de sus directrices: en este caso es el de desequilibrios macroeconómicos. “Se han logrado avances significativos en la reducción de las vulnerabilidades (...) relacionadas con la elevada deuda privada y externa, y se han producido reducciones de la deuda pública”, justifican los técnicos de la Comisión. “La balanza por cuenta corriente ha arrojado superávit durante una década y seguirá aumentando en 2023 como consecuencia del fuerte crecimiento del PIB nominal”, prosiguen.

Otro elemento que habría ayudado a España a salir de este brazo corrector de la situación macroeconómica es que “la elevada proporción de deuda pública en el PIB ha disminuido, impulsada por el fuerte crecimiento del PIB“. No obstante, la previsión es que esta mejora se frene en el futuro, puesto que el crecimiento del PIB nominal —sin descontar la inflación— va a ser menos fuerte y además seguirá habiendo “déficits fiscales significativos”. Se cierra así el círculo de la necesidad de una reforma que allegue más recursos a la administración para reducir ese agujero anual por el que se frena la necesaria reducción de la deuda pública.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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