España se libra del reproche fiscal de Bruselas por la rebaja del déficit en 2024 y 2025

España ha convencido a Bruselas de que no le abra procedimiento de déficit excesivo, es decir, se libra del reproche fiscal que sí se llevarán otros países por no situar sus números rojos este año por debajo del 3% del PIB, según confirman varias fuentes comunitarias a EL PAÍS. La previsión del Gobierno y de la propia Comisión Europea es que España se quede justo en ese límite este año y que en 2025 se reduzca todavía más. Esto último habría sido decisivo, apuntan algunas de las fuentes consultadas, ya que la norma dicta que no basta con que los números rojos de los Estados miembros lleguen al sacrosanto 3% del PIB, sino que deben estar por debajo. “La Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo”, ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Ya hace varias semanas que los representantes del Gobierno español están bregando con los del Ejecutivo comunitario para convencerles de que no se le abriera procedimiento de déficit excesivo. Finalmente, los técnicos de la Unión habrían aceptado los argumentos del equipo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no ha dejado la ocasión de verse bilateralmente con el comisario responsable de Finanzas, el italiano Paolo Gentiloni, cada vez que ha pisado Bruselas para exponerle los argumentos de por qué no era necesario incluir a España en el procedimiento corrector de las cuentas públicas. Los motivos que ha expuesto España son que en 2023 su déficit público era del 3,6% y que en 2020, en lo peor de la pandemia, llegó al 10,1%: una rebaja de casi siete puntos en tres años. Y esa tendencia va a continuar en 2024 y 2025, según las previsiones españolas y comunitarias.

Todavía falta que se tome la decisión oficialmente por parte del Colegio de Comisarios, algo que se hará este mismo miércoles, apuntan varias fuentes. Y en esta reunión se confirmará que sí se abre este procedimiento de déficit excesivo a Italia, Francia, Polonia, Bélgica, Eslovaquia, Malta y Hungría. La inclusión de Francia en este grupo en este preciso momento no es sencilla, puesto que la segunda economía de la UE está inmersa en plena campaña electoral con un presidente, Emmanuel Macron, asediado por los dos flancos y con unas encuestas que dan una probable victoria a la extrema derecha. De hecho, fuentes comunitarias explican que Francia habría intentado que España estuviera incluida también en el grupo de países a reprender, para así compartir con más Estados el señalamiento.

La apertura o no de los procedimientos de déficit excesivo viene determinada por las reglas fiscales —tanto en su redacción antigua como en la recientemente reformada– para aquellos países que no sitúen sus déficits anuales por debajo de una cantidad equivalente al 3% de su PIB. Esas reglas estuvieron suspendidas durante la pandemia para que los gobiernos pudieran echar mano del gasto público para amortiguar el impacto de las medidas restrictivas de la economía que buscaban frenar los contagios durante la pandemia: los ERTE y las ayudas masivas a empresas supusieron un esfuerzo de gasto público sin precedentes. Pero ya en la primavera de 2023 se anunció que este ejercicio se dejaba de aplicar la cláusula de escape, como se llama oficialmente a esa suspensión de las normas, y ya había que volver a cumplir con las normas.

Que España haya logrado escapar del procedimiento de déficit excesivo no supone que se haya librado de las sendas de ajuste. La reforma de las reglas fiscales que se aprobó definitivamente en abril impone planes de rebaja de la deuda pública de cuatro años con opción de alargarse durante tres más a cambios de compromisos de inversión y reformas si el pasivo de las administraciones supera el 60% del PIB. Y en el caso español está por encima del 100%, de ahí que a partir de septiembre ambos ejecutivos tengan que negociar el contenido y la magnitud de ese ajuste.

España ha logrado esa rebaja tan grande del déficit desde 2020 por una combinación de mejora de la recaudación, algo en lo que ha colaborado la inflación, y la buena marcha de la economía, la que más está creciendo entre las grandes de la zona euro. Tanto es así que en los últimos años mejora las previsiones iniciales. Por ejemplo, el déficit del 3,6% en 2023 fue casi tres décimas mejor que el desajuste presupuestario inicialmente previsto y comunicado por el Gobierno a Bruselas para ese ejercicio. La tasa, además, mejoró en más de un punto porcentual el agujero fiscal que se registró en 2022, cuando los números rojos ascendieron al 4,7% del PIB. Y refrendó la senda de corrección iniciada tras la pandemia, cuando el saldo negativo llegó a superar el 10% del PIB debido a la fuerte caída de la actividad, por un lado, y al despliegue de gasto público para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria y económica, por otro.

Si se hubiera llegado a abrir el procedimiento de déficit excesivo, España no se adentraría en territorio desconocido. En 2019 se salió del que se arrastraba desde 2009, cuando los números rojos se dispararon por la crisis financiera. Costó 10 años, grandes dosis de austeridad, reformas como la laboral de 2012, un rescate financiero y hombres de negro (de la Comisión Europea, del BCE y del FMI) que controlaban las cuentas españolas, salir de aquella situación. Ahora, aunque se hubiese llegado a ese punto, el escenario habría sido completamente distinto. Haría falta más disciplina fiscal, pero no se llegaría a la que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria y el crash financiero, que elevó el agujero fiscal español en 2009 hasta superar el 11% del PIB.

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