La UE cierra la reforma de las reglas fiscales con el objetivo de que los planes de ajuste estén en septiembre

La reforma de las reglas fiscales ya toca el final. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, liderado por Bélgica, país al que le corresponde su presidencia este semestre, han llegado a un principio de acuerdo este sábado de madrugada. Ya no habrá más cambios. El tope para que el gasto público estructural no supere los ingresos será la brújula de unas complejas cartas de navegación fiscal que persiguen el complicado equilibrio de lograr que los Estados miembro rebajen la alta deuda pública acumulada con las ingentes inversiones que precisan la doble transición verde y digital. A las normas acordadas solo les queda un paso, en teoría, formal: la ratificación de lo pactado por los plenos de ambos colegisladores.

Ese paso suele ser formal, pero para el Parlamento tiene un plazo muy ajustado porque tiene que darse antes de que en mayo empiece la campaña de las elecciones europeas. Así se explica que desde que se ahormaron las posiciones del Consejo de la UE, en diciembre, y el Parlamento, a comienzos de enero, las negociaciones hayan ido muchísimo más rápidas de lo que suelen ir en otros casos. En la última semana ha habido tres, y la última, la que comenzó este viernes, se ha prolongado durante 16 horas y ha acabado a las dos de la madrugada del sábado. Hay otro elemento que explica la velocidad: las viejas normas estuvieron suspendidas cuatro años por la pandemia, en teoría han vuelto este año, pero más bien están un limbo consentido/justificado por el nacimiento de unas nuevas, más realistas y menos rígidas, del que saldrán si finalmente no hay parto.

Las prisas se ven en uno de los elementos que ha destacado el propio Parlamento Europeo en el comunicado en el que celebra el acuerdo nocturno. “Los primeros planes nacionales de gastos, reformas e inversiones estarán listos en septiembre de 2024″, anuncia, comprometiendo un calendario muy apretado, teniendo en cuenta que hay elecciones europeas en junio, tiene que constituirse un nuevo Parlamento, deben elegirse los nuevos altos cargos de la UE después y en diciembre debe estar en funcionamiento la nueva Comisión Europea. Así, las nuevas reglas entrarían ya en vigor de forma definitiva en los presupuestos de 2025.

Al último tramo del proceso legislativo, tanto el Parlamento como el Consejo de la UE llegaron con una posición más dura que la planteada por la Comisión Europea. Ambos colegisladores respetan los elementos principales de la propuesta del Ejecutivo de la Unión. El primero es que los países con deuda por encima del 60% del PIB, el tope máximo fijado en los tratados, se sometan a planes de ajuste de cuatro años para volver a ese nivel. El periodo puede ampliarse a siete años si el Gobierno concernido negocia con Bruselas reformas e inversiones que se compromete a implantar. Para definir esos planes, será clave el índice de sostenibilidad de la deuda que calculará Bruselas y del que saldrá esa regla de gasto que servirá de guía central en los presupuestos de los países afectados por los planes de ajustes.

Una vez aceptados los trajes a medida en los planes de ajuste, los colegisladores han optado por poner objetivos y parámetros comunes que pusieran límites a la individualización. Aunque ahí el Consejo de la UE, muy condicionado por Alemania, ha elevado el listón más de lo que lo han hecho los eurodiputados, tanto que han puesto en un aprieto al grupo socialdemócrata, apuntan diversas fuentes al tanto de la negociación.

La exigencia de Berlín de poner un objetivo de déficit en el 1,5%, significativamente por debajo del límite máximo del 3% que permiten los tratados antes de abrir un expediente correctivo, es un problema para los socialistas. Aunque esta meta solo se aplique, y con atenuantes, a los países que ya han cumplido con los planes de ajuste y están en una situación de sostenibilidad fiscal, es algo políticamente difícil de asumir en la familia socialdemócrata. De ahí que en los compases finales de la negociación, se haya buscado una compensación, porque hay muy pocas dudas en la mesa que la posición de fuerza es la del Consejo de la UE —es decir, la de los Estados— y que esa es una línea roja para el Ministerio de Finanzas alemán del liberal Christian Lindner y sus aliados.

Así que en la negociación se han buscado alternativas para un cambio de cromos a partir de la posición que salió de la Eurocámara permitiendo más incentivos para la inversión. Una ha sido excluir del gasto recurrente la deuda pública destinada a la cofinanciación de los programas europeos. La otra incluir entre los criterios a considerar a la hora de extender los planes de ajuste de cuatro a siete años el cumplimiento de los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en el que se incluyen políticas de empleo, formación o protección contra la pobreza.

Esta última parte es la que ha destacado el comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni, mostrando su alma socialdemócrata: “Acojo con especial satisfacción el hecho de que el acuerdo final mejore el texto acordado en el Consejo el pasado mes de diciembre, entre otras cosas, protegiendo más la inversión pública y reforzando la dimensión social del marco”.

El acento que ha puesto este ex primer ministro italiano muestra un claro matiz respecto a su compañero en el Colegio de Comisarios, el vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis, responsable de toda el área económica del Ejecutivo de la Unión, después de participar en el último tramo de las negociaciones. “El acuerdo alcanzado sobre la reforma de las normas fiscales de la UE es un avance muy bienvenido y largamente esperado [...] Las nuevas normas nos permitirán hacer frente a las nuevas realidades actuales y ofrecerán a los Estados miembros de la UE claridad y previsibilidad en sus políticas fiscales para los próximos años”.

También el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha mostrado su satisfacción por el pacto alcanzado. “Las inversiones y las reformas serán palancas clave para el crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, ha querido destacar quien fue el negociador principal por España, como secretario general del Tesoro, hasta que se logró pactar la posición en el Consejo de la UE, para pasar después a convertirse en ministro.

Desde el grupo socialdemócrata, el coordinador de Economía y Asuntos Monetarios de S&D en el Parlamento Europeo, Jonás Fernández, ha defendido que “la introducción del marco de convergencia social evitará repetir errores del pasado en la política fiscal europea y supone un contrapeso a los indicadores en la reducción del gasto público que garantizará la implementación adecuada del Pilar Social durante el semestre europeo”.

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