Los Veintisiete cierran un pacto para la reforma de las reglas fiscales con fuerte acento alemán

Los Veintisiete se han puesto de acuerdo sobre una reforma de las reglas fiscales comunitarias que persigue, sobre todo, la rebaja de los altos niveles de deuda pública alcanzados durante la concatenación en apenas 15 años de tres crisis sistémicas (la financiera, la provocada por la covid-19 y la energética). Como es habitual en Bruselas, antes ha sido necesario que Francia y Alemania se pongan de acuerdo. Lo hicieron el martes por la noche en París, 20 horas antes de empezar el encuentro por videoconferencia con el resto de sus homólogos de la UE. Este paso ha allanado el terreno a la vicepresidenta primera española y ministra de Economía, Nadia Calviño, la responsable de ahormar la posición de los Estados miembro por presidir España el Consejo de la UE hasta fin de año. Y así, este miércoles, tras nueve meses de negociaciones, se ha cerrado una postura, según ha anunciado la presidencia del Consejo. La idea es afrontar el último tramo de una reforma que busca dejar atrás unas normas cerradas en los peores momentos de la crisis financiera de 2008, y que imponían una camisa de fuerza en materia fiscal tan rígida que no se cumplieron nunca y están suspendidas desde que estalló la pandemia.

“Hemos logrado el acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales, que pone el broche de oro para la presidencia española del Consejo de la UE. […] El acuerdo unánime muestra el equilibrio de la propuesta española”, ha defendido Calviño al acabar la reunión, que ha subrayado que las guías pactadas “tienen un impacto contracíclico y protegen la inversión pública”.

El pacto que ha tejido Calviño, no obstante, tiene concesiones a los halcones fiscales, en todo momentos liderados por Alemania, al menos si se toma como punto de partida la propuesta inicial de la Comisión Europea el pasado abril. Si el referente son las normas suspendidas, la cosa cambia y se edulcora para los países en una posición fiscal más precaria (Grecia, Italia, Francia, España, Portugal y Bélgica). No se puede pensar en unas reglas fiscales en la UE y, sobre todo, en la zona euro, sin contar con Berlín. Al final, el ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, se ha subido al acuerdo. Lo ha hecho a regañadientes, arrastrando los pies e, incluso, en una situación interna muy difícil tanto en su partido —la formación liberal siempre pegada al ordoliberalismo más dogmático— como en el Gobierno —golpeado por su debilidad en las encuestas y la sentencia del Tribunal Constitucional que ha puesto patas arribas los presupuestos del país—.

En el otro lado, ni Francia ni Italia podían imponer su ley, aunque ha habido momentos en que constituyeron un frente común. La situación fiscal de ambos es bastante precaria: un déficit presupuestario que, en ambos casos, se va por encima del 4% del PIB este año y el que viene; y una deuda del 110% del PIB y el 140%, respectivamente. Esto no ha evitado que París buscara ganar protagonismo en la negociación desde octubre. Sin embargo, el texto pactado contiene más concesiones a Alemania que a Francia. Que los últimos flecos se cerraran en la capital francesa y las declaraciones de los máximos responsables italianos en los últimos días hacían dudar de que Roma diera el visto bueno, finalmente lo ha hecho sobre las cinco de la tarde de este miércoles.

Desde luego, la posición final que han pactado los Estados es más dura que la oferta inicial de la Comisión y que la del Parlamento Europeo, que estaba a medio camino de ambas. Ahora se abre el turno de negociación entre ambos colegisladores de la UE, que tendrán que ponerse de acuerdo en un tiempo récord para que los textos legales puedan ser sancionados en el pleno de la Eurocámara antes de las elecciones europeas. Y también para que estén en vigor antes de las recomendaciones presupuestarias que la Comisión emite cada año en primavera. “El tiempo apremia”, ha apresurado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, quien ha asegurado que las normas “permitirán preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ofrecer espacio para la inversión e incentivar las reformas”. “En un momento de importantes desafíos económicos y geopolíticos, no hay tiempo que perder”, ha insistido.

Muy probablemente, el texto final de esas negociaciones se parecerá más a lo que ha dado luz verde el Ecofin este miércoles que al borrador planteado por el Parlamento, que ponía más acento sobre el gasto social. Pero incluso siendo un corsé fiscal más duro que los trajes a medida que planteaba la Comisión en abril, lo que ya se conoce sigue dando más flexibilidad que las normas actuales: reducir toda la deuda pública que excediera el 60% del PIB al ritmo de un veinteavo al año. Por poner el ejemplo de Italia, el enfermo fiscal más sistémico del club comunitario con una deuda por encima del 140% del PIB, imprimir ese ritmo de reducción de deuda implicaba que Roma tuviera que aplicar políticas para reducir más de cuatro puntos de deuda sobre PIB al año. En lo que va de siglo, Italia solo ha podido hacer eso en la espectacular y excepcional salida de la crisis de la pandemia en 2021 y 2022, cuando la economía rebotó con una fuerza que muy difícilmente se verá en los próximos años, máxime si tiene que aplicar fuertes recortes públicos.

De la propuesta inicial de la Comisión Europea se mantienen dos elementos clave. El primero son los planes de ajuste fiscal de cuatro años de duración para los países que tengan una deuda pública que supere el 60% de su PIB, cifra que ya figura en los tratados comunitarios. Esos planes podrán alargarse tres años más, hasta llegar a siete, si el país concernido se compromete a hacer reformas e inversiones en los campos marcados como estratégicos por la UE (transiciones digital y ecológica, y Seguridad). Las sendas de ajuste se negociarán entre el Gobierno del Estado miembro y el Ejecutivo comunitario, como sucede ahora con los planes nacionales de recuperación, buscando así evitar la imagen de diktat tan extendida durante la crisis financiera de la pasada década. Antes de entrar en esta negociación, Bruselas analizará la sostenibilidad de la deuda de cada país, y este resultado será clave para comenzar las conversaciones.

El segundo elemento clave es la regla de gasto, que básicamente establecerá que un país no podrá tener un gasto primario superior a sus ingresos. En el gasto primario no se incluyen el pago de los intereses de la deuda ni buena parte del seguro de desempleo.

A partir de aquí, Alemania y los países más partidarios del rigor fiscal han presionado para que se incluyeran salvaguardas y objetivos numéricos comunes para todos, independientemente de cuál fuera su situación de partida. Y, desde luego, puede decirse que Berlín ha logrado buena parte de lo que buscaba. Por ejemplo, los Estados que tengan un déficit por debajo del 3%, pero tengan una deuda pública equivalente al 90% de su PIB o más, tendrán que reducirla en un promedio de al menos un punto de PIB durante la duración de los planes de ajuste. Este esfuerzo se queda en 0,5 puntos si el pasivo se sitúa entre el 60% y el 90%.

Otra de esas referencias numéricas sería fijar un objetivo de déficit para todos los países por debajo del 3% de PIB. Los tratados señalan ese porcentaje como el tope máximo que no se debe superar, so pena de que el país que lo haga sufra un procedimiento de déficit excesivo para corregir la situación. Lo que ha obtenido Alemania es que el objetivo sea del 1,5% para los países que ya han salido de los planes de ajuste y están en una situación sostenibilidad fiscal.

Del otro lado, el de la flexibilidad reclamada por Francia, la redacción de los textos apunta a un tratamiento especial para el gasto en Seguridad y Defensa, ya que si esa partida presupuestaria se dispara un año y el descuadre supera el 3% del PIB se podrá considerar como un atenuante. Otro punto sería la “línea roja” de París: dar un tratamiento especial para los países que tengan un déficit superior al 3% del PIB en los primeros años de vigencia de las nuevas normas (2025, 2026 y 2027), lo que se justifica como una consideración por el aumento del pago de intereses que ha provocado la subida de tipos del BCE.

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