Alemania y Francia pactan su posición conjunta sobre reglas fiscales y acercan el acuerdo final

Los dos grandes países de la UE, Francia y Alemania, han llegado a un punto de encuentro sobre la reforma de las reglas fiscales. Lo hicieron este martes por la noche en París, apenas un día antes de que este mismo miércoles los 27 ministros de Finanzas de la UE vuelvan a reunirse para intentar cerrar su posición sobre los cambios en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. “Tenemos un acuerdo al 100% sobre las nuevas” reglas fiscales, apuntó Bruno Le Maire, el titular francés, al filo de las 10 de la noche, tras cenar con su homólogo alemán, Christian Lindner, que le siguió media hora después apuntando que ya coincidían “en los elementos clave”.

Esto facilita mucho la tarea de la vicepresidenta primera española y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la reunión telemática de este miércoles. A ella le corresponde coordinar las negociaciones por presidir España el Consejo de la UE hasta el 31 de diciembre. La distancia que separaba a París y Berlín y el arduo proceso de acercamiento, que, como han demostrado Le Maire y Lindner en un golpe de autoridad, ha sido bilateral, ha retrasado el calendario previsto.

Que haya acuerdo entre Francia y Alemania no garantiza que vaya a cerrarse la posición del Ecofin este miércoles. Hay actor clave que todavía no ha hablado: Italia. Quedarse fuera de la foto que de París este martes no ayuda nada, porque el Gobierno italiano no puede vender en su país que ha estado en la cocina del acuerdo. Y, además, los últimos cambios del texto en las últimas dos semanas no van precisamente en un sentido que le agrade.

Porque lo que hicieron Lindner y Le Maire en su cena fue ponerse de acuerdo en unos objetivos números comunes que todavía les separaban. Esas cifras van en favor de las posturas de Berlín, que, a cambio, ha aceptado más flexibilidad en la reducción del déficit para los países que estén en un proceso de corrección, es decir, que superen el 3% del PIB. Este último punto era la “línea roja” francesa de la que hablaba Le Maire el pasado 8 de diciembre.

De los textos publicados después de la reunión del Ecofin de hace dos semanas y de los cambios que han trascendido, se puede decir que de la propuesta inicial de la Comisión Europea se mantienen dos elementos clave. El primero son los planes de ajuste fiscal de cuatro años de duración para los países que tengan una deuda pública que supere el 60% de su PIB, cifra que ya figura en los tratados comunitarios. Esos planes podrán alargarse tres años más, hasta llegar a siete, si el país concernido se compromete a hacer reformas e inversiones en los campos marcados como estratégicos por la UE (transiciones digital y ecológica, y Seguridad). Las sendas de ajuste se negociarán entre el Gobierno del Estado miembro y el Ejecutivo comunitario, como sucede ahora con los planes nacionales de recuperación, buscando así evitar la imagen de diktat tan extendida durante la crisis financiera de la pasada década. Antes de entrar en esta negociación, Bruselas analizará la sostenibilidad de la deuda de cada país y este resultado será clave para comenzar las conversaciones.

El segundo elemento clave es la regla de gasto, que básicamente establecerá que un país no podrá tener un gasto primario superior a sus ingresos. En el gasto primario no se incluyen el pago de los intereses de la deuda ni buena parte del seguro de desempleo.

A partir de aquí, Alemania y los países más partidarios del rigor fiscal han presionado para que se incluyeran salvaguardas y objetivos numéricos comunes para todos, independientemente de cuál fuera su situación de partida. Y, desde luego, puede decirse que Berlín ha logrado buena parte de lo que buscaba. Por ejemplo, los Estados que tengan un déficit por debajo del 3%, pero tengan una deuda pública equivalente al 90% de su PIB o más, tendrán que reducirla en un promedio de al menos un punto de PIB durante la duración de los planes de ajuste. Este esfuerzo se queda en el 0,5 si el pasivo se sitúa entre el 60% y el 90%.

Otra de esas referencias numéricas sería fijar un objetivo de déficit para todos los países por debajo del 3% de PIB. Los tratados señalan ese porcentaje como el tope máximo que no se debe superar, so pena de que el país que lo haga sufra un procedimiento de déficit excesivo para corregir la situación. Lo que ha obtenido Alemania es que el objetivo sea el 1,5% para los países que ya han salido de los planes de ajuste y están en una situación sostenibilidad fiscal.

Del otro lado, el de la flexibilidad reclamado por Francia, la redacción de los textos que entran a la reunión del miércoles apunta a un tratamiento especial para el gasto en Seguridad y Defensa, ya que si esa partida presupuestaria se dispara un año y el descuadre supera el 3% del PIB se podrá considerar como un atenuante. Otro punto sería la “línea roja” de París, un tratamiento especial para los países que tengan un déficit superior al 3% del PIB en los primeros años de vigencia de las nuevas normas (2025, 2026 y 2027), concretamente una consideración especial por el aumento del pago de intereses ante la subida de tipos del BCE.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal