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La UE deja atrás cuatro años de relajación fiscal y exigirá planes de ajuste a los países

Bruselas empezará a aplicar varias de sus ideas sobre la reforma del pacto de estabilidad en los Presupuestos del próximo año aunque todavía no estén aprobadas legalmente

El vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis (izquierda) y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, este miércoles en Bruselas.
El vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis (izquierda) y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, este miércoles en Bruselas.OLIVIER HOSLET (EFE)
Manuel V. Gómez

La laxitud fiscal de los tiempos de la pandemia y de los primeros compases de la crisis energética se queda atrás. La Comisión Europea desactiva cuatro años después la cláusula de escape que permitió a los Estados soltarse el corsé fiscal comunitario para responder con la chequera pública a las perturbaciones causadas por estas situaciones extraordinarias. En 2024, los Presupuestos de los países de la UE ya tendrán que volver a esa brújula fiscal que marca un objetivo de déficit del 3% del PIB. Aunque el retorno a las viejas normas presupuestarias no será total y, por ahora, no se van a abrir procedimientos correctores para los países que tienen problemas fiscales. Para eso habrá que esperar hasta la primavera del año que viene. “La incertidumbre todavía es muy alta”, ha justificado el comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni.

Para la UE, este año y el que viene pueden calificarse como de “transición” en términos fiscales. Las nuevas normas todavía no están aprobadas. Los tiempos extraordinarios ya no lo son tanto, o empiezan a formar parte del paisaje habitual (la guerra en Ucrania sigue en marcha). Y el esfuerzo presupuestario que exigieron la pandemia y la crisis han dejado una gran montaña de deuda pública que hay que empezar a rebajar. Así que toca volver a las viejas reglas, aunque sea por unos meses: “La cláusula general de salvaguarda se desactivará a finales de 2023. La economía europea ya no está en grave recesión. Se ha recuperado más allá de su nivel prepandémico. Hemos superado la intensa primera fase de la crisis energética”, ha expuesto el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

Estas palabras, sin embargo, no implican una vuelta plena al pacto de estabilidad vigente. Los procedimientos de déficit excesivo que se abren cuando los Estados lo incumplen no se pondrán en marcha hasta ver qué ha pasado en 2023. Se decidirá con los datos que Eurostat, la oficina europea de estadística, publique en abril de 2024. Y, además, en las recomendaciones específicas para cada país que el Ejecutivo europeo divulgue este mayo, habrá “ciertos elementos” de la reforma que Bruselas y los Veintisiete están cocinando.

“Nuestras propuestas para 2024 se cuantificarán y diferenciarán en función de los retos de deuda pública de cada país”, ha anunciado Dombrovskis, en clara referencia a la que es la gran línea central de su proyecto de reforma: los planes de ajuste y consolidación de las cuentas públicas se diseñarán de forma individualizada teniendo en cuenta la situación fiscal del Estado miembro concernido.

Una vez mostrada la cara, el también ex primer ministro letón ha pasado a enseñar la cruz: “Ellos [los países] deberían establecer objetivos fiscales ambiciosos que respeten el 3% de déficit como valor de referencia y asegurar una senda [de ajuste] creíble, una reducción de deuda continua, o mantener un nivel prudente en el medio plazo”. Ha utilizado literalmente una de las frases que hay en el borrador que previsiblemente aprobarán los ministros de Finanzas (el Ecofin) el próximo martes para instar a la Comisión Europea a que redacte las nuevas leyes fiscales.

A propósito del objetivo del 3% de déficit para 2026 se ha pronunciado este miércoles en Madrid la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero. “Llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro y que tarde o temprano iban a volver las reglas fiscales”, ha señalado Herrero, que ha recordado que, en ausencia de medidas estructurales, es difícil que España baje de esa marca y del 100% de ratio deuda-PIB. Con todo, el objetivo de déficit le parece “razonable”, siempre que para entonces, se hayan eliminado las medidas aprobadas para amortiguar el impacto de la covid y de la crisis energética, informa Pierre Lomba.

Los plazos sobre la entrada en vigor de las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que contempla el Ejecutivo europeo, que por eso recibe con euforia el principio de acuerdo que sancionará el Ecofin la semana que viene, pasan por presentar las directivas y reglamentos, lo que debería hacerse en abril y negociarse durante la presidencia rotativa española de la UE. Si vieran la luz verde definitiva en la segunda mitad de este año o a comienzos del que viene, algo sobre lo que Gentiloni se ha mostrado esperanzado, ya en el ejercicio siguiente, 2025, se aplicarían las nuevas reglas fiscales.

Entre tanto, funcionará la situación híbrida que han inaugurado Dombrovskis y Gentiloni este miércoles. En ella, como en las futuras normas, también se mirará con comprensión la inversión que los gobiernos contemplen para la doble transición económica y digital. Mucho menos énfasis han puesto los dos miembros del Ejecutivo comunitario en los gastos en Defensa. “Si nos fijamos tanto en el marco fiscal actual como en las orientaciones que la Comisión ha presentado para el próximo marco fiscal, no hay ningún tipo de exenciones específicas relacionadas con esto”, ha contestado al respecto el vicepresidente cuando se le ha preguntado. A continuación ha añadido: “La dirección general es hacia una política fiscal más prudente y unas posturas fiscales más prudentes en nuestros Estados miembros”.

El italiano Gentiloni ha completado estas palabras admitiendo que la política fiscal ahora se mueve por “un estrecho desfiladero”. Se refiere al pequeño margen de maniobra que hay entre la gran cantidad de deuda acumulada durante la Gran Recesión y la pandemia (una cantidad equivalente a más del 85% del PIB de los Veintisiete), cuyo coste financiero se encarecerá conforme aumentan los tipos de interés, y la necesidad de inversiones públicas en la doble transición, apoyando también a las empresas para que no pierdan competitividad, más la revitalización de la política de Seguridad y Defensa.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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