Bruselas lanza su propuesta de reglas fiscales para una nueva era de elevado endeudamiento en Europa

La Comisión Europea ha decidido adaptar las reglas fiscales a una realidad de elevada deuda pública, definiendo su nueva propuesta como “realista”. Este adjetivo admite a las claras que las vigentes no lo son -no en vano están suspendidas- y también que reconducir la montaña de créditos acumulados por bastantes países de la zona euro durante las sucesivas crisis sistémicas que se han vivido en los últimos 15 años va a llevar tiempo, mucho más del que se deduce de la redacción actual del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para afrontar el problema, Bruselas propone planes individuales de ajuste en las cuentas públicas de los países con un problema grave o medio que tendrán que negociar los Estados afectados con el Ejecutivo comunitario y sanciones menos cuantiosas pero más fácilmente aplicables.

Desde la teoría, la reforma que plantea la Comisión puede parecer ambiciosa. No toca los objetivos de déficit (el equivalente al 3% del PIB) y deuda (60% del PIB), pero cambia la forma en que se rebaja el pasivo a ese listón del 60%. La comunicación que ha presentado la Comisión Europea este miércoles plantea eliminar la regla que obliga a rebajar la deuda hasta llegar a ese nivel a un ritmo de un veinteavo al año introducida durante la crisis financiera, es decir, en los tiempos de la austeridad impulsada por la antigua canciller alemana Angela Merkel. Esa velocidad era “irreal” para los países con mayores desequilibrios en sus cuentas públicas (Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Francia), seguirla podría arrastrarles a recesiones profundas.

La conclusión es diferente cuando se observa desde la práctica, porque las reglas del Pacto de Estabilidad, las que calificó como “estúpidas” el expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi, prácticamente no se han cumplido prácticamente nunca. Basta ver los números agregados para llegar a esta conclusión. La media de la deuda pública de la zona euro en los primeros años de este siglo se acercaba al 70%, más o menos en los años en que lo incumplieron Francia y Alemania al poco de echar a andar en 1997; superó el 80% durante los años de la crisis financiera y del euro, se reformó de nuevo convirtiendo las normas en el galimatías actual (la Comisión edita periódicamente un vademécum, así le llama, de más de 100 páginas); y rebasó el 90% en los años siguientes, cuando España y Portugal se libraron de ser sancionas por poco. Después llegó la pandemia y la historia es conocida: se aplicó la cláusula de escape que permite su suspensión y el pasivo acumulado rozó el 90%.

La Comisión busca ahora que las normas se ajusten a una realidad compuesta de una alta deuda pública como punto de partida en muchos estados, el comienzo de una nueva crisis económica agravada/provocada por la invasión de Ucrania por Rusia y la necesidad de ingentes inversiones para la transición económica, la digital y la defensa del continente. Plantea planes de reducción de la deuda para los países con un grave problema de sostenibilidad o un problema medio, nada para quienes tienen un pasivo sostenible. Aunque no detalla números con los que saber dónde se encuadran los diferentes países. Esos planes que se negociarán entre Bruselas y los Gobiernos nacionales contendrán programas de ajuste con objetivos de rebaja de pasivo a cuatro años que podrán ampliarse a siete si el Estado en cuestión se compromete con reformas e inversiones. Sin contar el dinero que llega de los fondos europeos, también habrá un techo de gasto, en cuya contabilidad se excluirá el pago de los intereses y la factura de los estabilizadores automáticos (principalmente, el seguro de desempleo). La versión final no incluye finalmente una regla de oro que deje fuera la inversión en determinadas áreas, como han aclarado el vicepresidente, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la presentación de la comunicación aprobada por el Colegio de Comisarios, y da más papel a las autoridades fiscales nacionales en el proceso.

“No hay una aproximación naif en el sentido de que reconocen que el problema de la deuda es algo más complejo que fijar un número. Y eso es bueno. También hay más énfasis en la implementación y en una reacción más automática para los incumplimientos, lo que está bien”, apunta Jeromin Zettelmeyer, director del Instituto Bruegel, el mayor think tank de la capital comunitaria. Este economista, no obstante, encuentra los peros al pasar del concepto a su desarrollo: “El planteamiento es equilibrado, pero a la hora de limitar la discrecionalidad, la nueva norma es muy permisiva, no es ambiciosa. Para los países con una deuda sustancial, el objetivo para llegar al 3% es de cuatro años, que pueden ser siete. Durante este plazo, la deuda podría seguir subiendo. Además, un déficit 3% es demasiado alto como meta a largo o incluso mediano plazo. No permite crear suficientes colchones fiscales (reducciones de deuda)”.

A Carlos Martínez Mongay, economista y coautor de la propuesta de reformas fiscales del Instituto Elcano, le gustan algunos aspectos de la propuesta comunitaria: “Se toma un indicador fácilmente observable como el techo de gasto, que se parece mucho al saldo primario de las cuentas públicas [excluido el pago de los intereses] y se olvidan otros más oscuros. También se deja de lado la regla del 1/20 [reducir la deuda por encima del 60% en un veinteavo al año]. Todo esto añade transparencia”. En el lado de las dudas, está la efectividad que puedan tener los planes a cuatro años más siete -”recuerdan a los programas de estabilidad, que han fallado”, dice- y las sanciones. “Dicen que van más baratas. Más de lo que han sido hasta ahora es difícil, nunca se han aplicado”, ironiza.

Tras la aprobación de esta comunicación por la Comisión, ahora comienza oficialmente el debate entre los 27 con una propuesta oficial sobre la mesa. España y Países Bajos, que están una posición alejada, pese al documento conjunto que suscribieron en abril, han recibido bien la propuesta. “Vemos múltiples elementos positivos que están en línea con la posición holandesa, como centrar el foco en el medio plazo y en los países con grandes deudas, y las inversiones y las reformas”. Más escueta es la valoración española: “Es una buena base de trabajo”.

El objetivo de la Comisión, ha explicado Gentiloni, es tener el encargo del Consejo de la UE para desarrollar un texto legislativo en el primer trimestre del año que viene. Aunque el mismo político italiano admite que esto es un calendario ajustado. Fuentes del Ejecutivo español añaden: “El plazo es ambicioso pero tiene que serlo para poder avanzar. Y es importante porque permite dar certidumbre y adaptar el marco a la nueva realidad para el siguiente semestre europeo”. Si el resultado del debate no se separa mucho de lo que ha planteado Bruselas este miércoles, “la probabilidad de que se cumpla es mucho más alta”, admite Zettelmeyer, quien, no obstante, advierte: “Como es tan permisiva, me temo que tampoco evitará crisis de deuda, incluso si se cumple”.