Bruselas dará más poder a las autoridades fiscales independientes de cada país para controlar los planes de ajuste y su cumplimiento

La Comisión Europea se reserva el papel de guardián del cumplimiento de los planes de ajuste de deuda en su propuesta de reforma de las reglas fiscales. Pero quiere contar con el asesoramiento de las autoridades fiscales independientes de cada país, según apuntan a EL PAÍS varias fuentes europeas conocedoras de la comunicación sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que el Ejecutivo comunitario presentará este miércoles. El Ejecutivo comunitario propondrá que esos órganos analicen los planes antes de ser aprobados y de evaluar su cumplimiento. La última palabra, eso sí, en la luz verde de esas sendas de reducción de deuda la tendrá el Consejo de la UE, es decir, el pleno de los 27 gobiernos.

La piedra angular de la propuesta de las normas fiscales que ultima la Comisión Europea son planes individuales de ajuste de las cuentas públicas con objetivos de reducción de deuda, en principio, a cuatro años para los países. No obstante, esos planes podrán prolongarse hasta siete años si los Estados afectados negocian con Bruselas reformas e inversiones. Estos acuerdos contarán también con un límite al gasto financiado con recursos nacionales (es decir, sin los fondos comunitarios) del que se podrán excluir inversiones destinadas a los objetivos señalados como prioritarios por la UE (transición digital, transición ecológica y Defensa, entre otros).

Estos planes adaptados a las posibilidades reales de cada país son clave para que las nuevas normas sean “creíbles”, como pretende Bruselas. La Comisión ha descartado modificar los dos grandes pilares del Pacto de Estabilidad: el déficit público anual no debe superar el equivalente al 3% del PIB y la deuda tiene que estar por debajo del 60%, también del PIB. La reforma se centra, por tanto, en los mecanismos de corrección para que los países díscolos converjan en esas cifras y ahí es donde aparecen estos planes de ajuste con objetivos a medio plazo para ir acercándose a la meta última. Se abandonaría así la norma actual —que está suspendida desde el estallido de la pandemia— que exige rebajar toda la deuda que exceda ese 60% al ritmo de un veinteavo al año hasta llegar a ese listón, una senda endiablada para países como Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica o Francia (todos con una deuda muy por encima del 100%), que les abocaría a una profunda recesión.

Quién controla que se cumplan esos planes, especialmente por parte de los Estados con mayores pasivos, será, probablemente, uno de los grandes asuntos del debate sobre la revisión de las reglas fiscales de la UE. Y ahí la Comisión ha decidido apostar por dar más papel a los órganos de cada país que se encargan de vigilar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, en el caso español la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Se encargarán, apuntan las mismas fuentes, de analizar los planes antes de aprobarse y de evaluar su cumplimiento. Y aunque sus conclusiones no sean vinculantes, sí que deberán ser escuchadas por el Ejecutivo comunitario en sus informes y por el Consejo de la UE a la hora de adoptar decisiones.

Calviño dice que la propuesta es “una buena base”

Ese papel que se le reserva a las autoridades fiscales estatales puede buscar contentar a países como Países Bajos o Alemania, que ya han llamado la atención sobre la necesidad de que sean órganos independientes los encargados de controlar la aplicación de los planes y no dejarlo todo a la negociación a dos bandas y el arreglo entre la Comisión y el Estado afectado. La Haya, por ejemplo, pidió que el Consejo Fiscal Europeo (EFB, por sus siglas en inglés) tuviera más competencias en el proceso. Y el EFB es, al fin y al cabo, el equivalente de la UE a la Airef en España.

Tanto las ideas ya dibujadas en declaraciones públicas por miembros del Ejecutivo comunitario, como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, como los detalles que se van conociendo gustan al Gobierno español. “Son una buena base”, ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, a su llegada a la reunión del Eurogrupo, el órgano que agrupa a todos los responsables de finanzas de la zona euro. La número dos del Gobierno también ha tratado de subrayar el valor del documento conjunto que España y Países Bajos presentaron en abril, apuntando que “ha sido útil para impulsar el debate”.

La satisfacción del Ejecutivo español es comprensible, ya que su principal demanda era que los mecanismos de reducción de deuda no fueran iguales para todos, independientemente de su volumen de deuda (la norma actual de rebajar un veinteavo al año, en teoría, se aplica igual a Grecia, con un 194,5% de deuda sobre PIB, que a Alemania, un 68,4%), sino que se ajustaran a los diferentes puntos de partida. También se recoge la posición de Madrid de que existiera la posibilidad de que la inversión en transición ecológica no contara en la regla de gasto.