España y Países Bajos piden reformar las reglas fiscales por las consecuencias de la guerra en Ucrania

Las consecuencias económicas de la mayor crisis de seguridad que atraviesa el Viejo Continente desde la Segunda Guerra Mundial imponen cerrar las viejas brechas en el seno de la UE. También la línea entre Norte y Sur que trazó con punta gruesa la crisis financiera de 2008. España y Países Bajos, dos viejos antagonistas en el terreno económico, se unen para pedir una reforma de las reglas fiscales que comprometa a los socios a “crear colchones fiscales” para reducir su deuda, pero a través de estrategias a medio plazo adaptadas a cada país, según un borrador del documento que ambos gobiernos presentarán en el Eurogrupo de este lunes al que ha tenido acceso EL PAÍS. El instrumento clave, según el texto, debe ser una regla de gasto que facilite que las normas sean “más comprensibles, más fáciles de aplicar y más anticíclicas”.

La Comisión Europea aprovechó una reunión informal de ministros de Finanzas en Helsinki, en septiembre de 2019, para tantearlos sobre una eventual reforma de las reglas fiscales. El vicepresidente Valdis Dombrovskis salió del cónclave con la convicción de que solo había consenso en un punto: las actuales reglas no gustan a nadie. Y basta. Bruselas veía con inquietud cómo el Norte pedía más mano dura y el Sur más flexibilidad. Y no veía la fórmula para acercar ambas posiciones.

La UE de 2022 es otra. Lo refleja el non paper de España y Países Bajos. “Europa vive tiempos sin precedentes con graves consecuencias para la inflación, el crecimiento económico y las finanzas públicas, incluidas las futuras necesidades de inversión. Eso merece toda nuestra atención”, reza el texto, que arranca evocando el espíritu de concertación que impuso la pandemia.

Países Bajos, liderado por los liberales, y España, con una coalición de izquierdas al mando, encarnan dos visiones distintas, e históricamente antagónicas, de la política fiscal y financiera de la UE. Los desencuentros entre ambos socios han sido frecuentes en el Eurogrupo, donde los primeros han venido ejerciendo de jefes de los países del norte de la UE, férreos e inflexibles defensores de la disciplina fiscal. España, alineada tradicionalmente con Francia o Italia, aboga desde hace tiempo por una mayor integración fiscal con un presupuesto o un seguro de paro comunitarios. Pero el Norte nunca ha transigido, nunca se ha fiado de lo que consideran manga ancha del Sur con el gasto. Los recelos se han traducido incluso en exabruptos y alguna que otra ofensa, con ministros neerlandeses acusando públicamente a los países sureños de manirrotos. Por todo eso, la conciliación de esos dos polos abre un espacio común en un debate tan crucial como el de las reglas fiscales a base de concesiones mutuas. Y desde ahí el pacto ya no se antoja imposible.

El documento admite los elevados niveles de deuda actuales —de casi el 100% en el conjunto de la UE, que alcanzan el 120% en España y el 150% en Italia— y la necesidad de que las reglas persigan la “sostenibilidad fiscal de una manera más eficaz y eficiente”. Los dos ejecutivos, no obstante, ponen el foco en el “medio plazo” y no de inmediato. Y ahí vienen las necesarias cesiones que dibujan el espacio del acuerdo. El texto sostiene que, dado el endeudamiento actual, “los Estados miembros deberían comprometerse de forma creíble a crear colchones fiscales para estar preparados para el próximo shock”, en línea a lo que viene defendiendo La Haya. El sello de Madrid está en el cómo: el texto defiende que debe hacerse mediante “estrategias de consolidación específicas de cada país que sean realistas, graduales pero ambiciosas”. Y agrega que han de ser “compatibles con el crecimiento” y “la creación de empleo”.

Los dos países proponen dos instrumentos básicos para alcanzar los objetivos. El primero, la creación de planes nacionales que contemplen “las circunstancias adecuadas de cada país”. Y el segundo, una regla de gasto “simple” que sustituya el galimatías en el que se ha convertido el marco fiscal comunitario y que se combine con “cláusulas de escape bien definidas para acontecimientos extraordinarios fuera del control de los gobiernos”.

En última instancia, añaden, “el sistema debe tener garantías claras para garantizar que la Comisión y el Consejo tomen las medidas necesarias para hacer cumplir las normas”. Esa fórmula vendría a satisfacer las demandas de control de los halcones, que desconfían del Ejecutivo comunitario desde que pactó con la Italia de Salvini y Conte objetivos de déficit que estaban fuera de las reglas. Y también contentaría a Francia, España o Italia, que podrían echar mano a la flexibilidad en caso de otra gran crisis.

España hará circular ahora el documento por otras capitales para se sumen a la propuesta. Madrid, que se alineó con Portugal o Bélgica en el debate de la electricidad o con Dinamarca por las energías verdes, ha evitado añadirse a la alianza francoitaliana para crear un eje del sur en el debate fiscal y ha optado por sumar fuerzas con Países Bajos, que también sufren los efectos de la guerra en forma de una galopante inflación del 11,9%, para poner sobre la mesa un documento capaz de forjar una mayoría. Y ambos países dan, a la vez, una indicación a Bruselas sobre qué dirección seguir para una propuesta que sea digerible en todos los puntos cardinales de la Unión.

La inversión, clave para la autonomía europea

España y Países Bajos —cuyos jefes de Gobierno se reunieron la semana pasada— ya firmaron en marzo de 2021 un documento para calentar el debate sobre cómo acelerar “autonomía estratégica” de la UE. El actual texto es, en parte, una continuación de aquel, puesto que indica que Europa necesitará invertir más para poder avanzar en las dos transiciones clave: la verde y la digital. “La transición verde también será crucial para reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos”, señala el texto.

Conscientes de que la austeridad aplicada tras la crisis de 2008 tuvo como principal víctima la inversión pública, los dos gobiernos consideran que esta será “indispensable” para atraer al sector privado hacia áreas que la UE considera “estratégicas”. Por ello, el documento apunta más hacia un gasto de calidad mediante supervisiones independientes y programas de consolidación a medio plazo antes que bruscos ajustes a corto plazo. Los dos gobiernos, que mantienen una relación fluida desde que publicaron el documento de 2021, urgen a la UE también a avanzar en la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales.