La Eurocámara exige proteger el gasto social de los ajustes en la reforma de las reglas fiscales

El Parlamento Europeo ya está prácticamente listo para negociar con los Estados la confección definitiva de las nuevas reglas fiscales. Y en su propuesta, pide que se proteja el gasto social. ¿Cómo? Apunta que a la hora de prolongar de cuatro años a siete los planes de ajuste se tenga en cuenta el cumplimiento de los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en el que se incluyen políticas de empleo, formación o protección contra la pobreza, según se ha aprobado este lunes en la Eurocámara. Este es uno de los elementos que distinguen las negociaciones desarrolladas en el Parlamento de las que parecen estar a punto de concluir entre los ministros de Finanzas de la UE.

La posición que ha aprobado la Eurocámara este lunes, que probablemente se ratificará en el pleno al contar con el apoyo de los tres mayores grupos (PP Europeo, Socialistas y Liberales), plantea cambios sobre la reforma de las reglas fiscales que diseñó la Comisión Europea en abril. Y tiene elementos comunes con los que se dan en el Ecofin, el órgano que agrupa a los ministros de Finanzas, y que está coordinando España al tocarle por turno durante este segundo semestre de 2023 la presidencia del Consejo de la UE. Conserva, sobre todo, la piedra angular: planes de ajuste fiscal de cuatro años para los países que tengan una deuda pública que supere una cantidad equivalente al 60% de su producto interior bruto (PIB), que podrán ampliarse hasta siete si el Estado concernido se compromete a hacer reformas e inversiones en las transiciones gemelas (energética y digital).

Y es justo en este punto donde introducen un elemento que busca proteger los derechos sociales que tanto distinguen a la UE de otras regiones del mundo y que conforman buena parte del Estado de bienestar. Pues entre los requerimientos que se pedirán a los estados para ganar tres años en los planes de ajuste reclaman que se incluya una evaluación sobre cómo alcanzar objetivos recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales “incluyendo el empleo, la formación y la reducción de la pobreza para 2030″, que contemplan, entre otros, que la tasa de ocupación entre 20 y 64 años sea del 78% (la española en verano pasado fue del 52,38% si bien se incluye desde los 16 años) o reducir a finales de esta década el número de personas en situación de riesgo de pobreza en 15 millones menos, cinco de ellos niños, respecto de 2019. Los tres textos aprobados también incluyen que para elaborar las sendas de ajuste de deuda se tengan en cuenta las recomendaciones semestrales que hace la Comisión Europea basándose en indicadores macroeconómicos y que se refuerce la parte de los socioeconómicos, algo que ahora se hace con menos énfasis.

Esta parte sería la que ha logrado más flexibilidad respecto de los planteamientos de Bruselas. Hay otras que ya no irían en esa dirección, aunque son menos rigurosas que las que se dibujan en el Ecofin, en el que el peso de Alemania y sus aliados, los halcones fiscales, ha ido endureciendo el punto de partida. Una de ellas sería la rebaja deuda anual: mientras los ministros de Finanzas se inclinan por un promedio anual de un punto durante el periodo que dure el ajuste (cuatro o siete años); los eurodiputados lo plantean en un periodo que puede ir de 14 a 17 años, con lo que se amplía mucho el margen temporal para alcanzar la meta.

Otro elemento en el que la Eurocámara da más margen es la regla de gasto que limitará la acción presupuestaria de los Estados en los planes de ajuste. Estas sendas tendrán un indicador clave: el gasto estructural no podrá superar a los ingresos. Para definir esa primera parte de la ecuación, la Comisión excluía la factura de los intereses de la deuda y una parte considerable del seguro de desempleo. Los parlamentarios quieren, por su parte, que también se incluyan los gastos de la cofinanciación del fondo de recuperación y otros programas europeos hasta un límite del 0,25 del PIB nacional.

“Es un gran acuerdo para ampliar los espacios de inversión y garantizar una senda de consolidación de la deuda pública parsimoniosa, además del refuerzo de la política social. Las nuevas reglas fiscales tienen que pasar página de la austeridad”, ha apuntado después de la votación el coordinador de asuntos económicos del grupo socialista, el español Jonás Fernández. “Esta votación proporcionará a los Estados la flexibilidad suficiente para abordar los retos a los que se enfrenta la UE en su conjunto: cambio climático, envejecimiento demográfico y la escasez de vivienda, garantizando siempre que se sitúen en la senda de la deuda sostenible”, ha añadido el irlandés Billy Kelleher, portavoz de los liberales de Renew en esta regulación.

Tras la votación de este lunes, ahora falta que el pleno de la Eurocámara dé la autorización a las ponentes —la popular Esther de Lange y la socialista Margarida Marques— para negociar con el Consejo de la UE. Esto no sucederá en esta sesión plenaria y habrá que esperar hasta, al menos, el 11 de enero. La situación no supone de facto un retraso en las negociaciones con el otro órgano legislador porque los ministros de Finanzas fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la madrugada del pasado viernes. Todas las versiones del encuentro apuntaban entonces que se está rozando el pacto y que probablemente el Ecofin volverá a intentarlo en la semana que va del 18 al 22 de diciembre; la fecha que más suena es el 19.

Si se logra ese acuerdo, ya en enero, bajo la presidencia del Consejo por parte de Bélgica, comenzarán las negociaciones para alumbrar de una vez la reforma de las reglas fiscales. Tocaría entonces poner en marcha un proceso exprés de negociación para llegar al pacto entre instituciones a tiempo y ratificarlas durante esta legislatura.

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