La justicia europea considera responsable a Frontex por primera vez de una devolución en caliente de un refugiado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha adentrado este jueves en un terreno inexplorado al dictar por primera vez una sentencia que responsabiliza a la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) de una devolución en caliente de un refugiado sirio, una práctica contraria al derecho internacional. El fallo, emitido por la Gran Sala —la formación más solemne del tribunal—, supone un giro relevante, al afirmar que Frontex puede ser jurídicamente responsable de las actividades que supervisa o coordina. La sentencia abre la puerta a un mayor escrutinio de la agencia y refuerza la idea de que las fronteras exteriores de la UE no pueden convertirse en un espacio de excepción al Estado de derecho.

El caso Hamoudi contra Frontex se refiere a la expulsión de un grupo de solicitantes, sin haber sido identificados ni haberles permitido solicitar protección, como establece la ley. El tribunal concluye que Frontex fue responsable de la operación, al supervisarla, y subraya que su reglamento le obliga a garantizar los derechos fundamentales y el principio de no devolución.

La sentencia anula el auto previo del Tribunal General, que había rechazado la demanda de Alaa Hamoudi, un joven sirio del grupo. El TJUE considera que esa instancia vulneró su derecho a tutela judicial efectiva al no cumplir con la obligación de verificar los hechos en el contexto de una devolución en la que participó Frontex.

Para Iftach Cohen, director de litigios de front-LEX, la organización que representa al demandante, la sentencia es “histórica”, porque pone fin “a la impunidad de facto de la que ha disfrutado Frontex durante 20 años”. “Los jueces consideran que la versión de Alaa era detallada y creíble, y que cuando una víctima aporta tales evidencias, el Tribunal General debe exigir a Frontex pruebas para disipar dudas sobre las devoluciones”, ha declarado a EL PAÍS.

Hamoudi ha agradecido al tribunal ser “justo y firme”. “Mis abogados avisaron que sería una batalla larga y difícil, y tenían razón. Tras cuatro años reviviendo el trauma y enfrentando la desconfianza de la primera instancia, llegó el momento de la verdad”, ha declarado.

Frontex ha restado trascendencia al fallo. Un portavoz ha subrayado que, aunque el tribunal haya dado la razón a Hamoudi, aún debe demostrarse un daño directo imputable a la agencia. La institución ha añadido que reconoce la decisión del tribunal y afirma que seguirá “de cerca” los próximos pasos del procedimiento. “Es importante señalar que hoy el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de los argumentos de ninguna de las partes, lo cual corresponderá al Tribunal General. Dado que se trata de un asunto judicial pendiente, Frontex no hará más comentarios”.

Los hechos sucedieron en la primavera de 2020. El 28 de abril, 22 personas cruzaron el Egeo desde Turquía hasta la isla griega de Samos, entre ellas Hamoudi, de 20 años, que huía de la guerra en su país. Pidieron ayuda a los vecinos para contactar con la policía y solicitar asilo, pero nunca lo lograron. Según su relato, hombres vestidos de negro, sin identificarse, confiscaron sus móviles y los obligaron a subir a una balsa sin motor remolcada mar adentro. Al caer la noche quedaron a la deriva hasta que la guardia turca los rescató al amanecer del 29 de abril. “Nos estábamos hundiendo cuando nos encontraron”, relata Hamoudi. “Nos amenazaron con devolvernos a Turquía. Ahí supe que se estaban violando mis derechos”.

El caso llegó a la esfera pública gracias al colectivo de investigación Bellingcat, que reconstruyó aquel “desembarco fantasma”. Posteriormente, el periódico alemán Der Spiegel aportó pruebas de que un avión de vigilancia de Frontex había estado sobrevolando la zona durante la devolución, cuestionando así la versión oficial de la agencia, que rechaza cualquier responsabilidad directa.

Frontex sostiene que no es responsable última de las operaciones, porque las decisiones sobre detenciones o expulsiones corresponden a los Estados miembros, y define su apoyo como técnico y operativo. Este argumento ha sido aceptado durante años por el Tribunal General y Frontex, hasta ahora, nunca ha sido condenada por una devolución en caliente en un tribunal de la UE.

Una práctica sistemática

No obstante, en el caso Hamoudi fue investigado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que en febrero de 2022 concluyó que dos unidades internas de Frontex —RAU y VAU, encargadas de analizar incidentes — consideraron creíble la información de Bellingcat. El documento señalaba la existencia de una práctica sistemática de devoluciones en el Egeo y apuntaba a mecanismos internos de omisión y encubrimiento, como desplazar medios aéreos para evitar presenciar expulsiones. Frontex reconoció la existencia de estas devoluciones en 2020 y las calificó como “prácticas del pasado”, algo que ignoró el Tribunal General.

El Gobierno griego niega estas expulsiones, aunque ONG y migrantes las han denunciado durante años. Según la ONG Aegean Boat Report, entre enero de 2020 y julio de 2024 se registraron al menos 3.109 casos que afectaron a 84.972 personas.

Hamoudi conoció a su equipo legal en octubre de 2021 en Turquía, desde donde buscaba la manera de llegar a Alemania para reunirse con su familia. En marzo de 2022 presentó una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal General. Sus abogados aportaron fotografías tomadas en Samos poco después del desembarco y pruebas sobre el patrón de devoluciones. Los jueces desestimaron el caso por considerar las pruebas “manifiestamente insuficientes”.

El demandante recurrió la decisión ante el TJUE. El presidente del tribunal adoptó entonces una medida poco habitual: asignó el caso a la Gran Sala, formada por 15 jueces. La vista, el 4 de febrero de 2025, marcó un punto de inflexión: el juez ponente cuestionó cómo Frontex podía negar hechos que sus propios órganos internos y la OLAF consideraban creíbles. El abogado de la agencia reconoció por primera vez la devolución, aunque evitó confirmar la presencia del avión de vigilancia.

El 10 de abril, el abogado general del TJUE, Rimvydas Norkus, dio un paso más al emitir un dictamen crítico con el Tribunal General por no haber analizado la implicación real de Frontex y por haber fijado un listón probatorio demasiado alto. Los abogados generales son miembros del TJUE y no representan a ninguna parte, lo que da peso institucional a sus dictámenes.

El TJUE ha seguido esta línea en su fallo y advierte de que exigir a las víctimas de devoluciones en caliente pruebas concluyentes equivale a negarles el acceso a la justicia. En el momento de los hechos, recuerda la sentencia, estas personas sufren una extrema vulnerabilidad que les impide documentar lo ocurrido. Mantener ese listón probatorio otorgaría a Frontex inmunidad de facto, pese a que dispone de información operativa relevante. Por ello, el tribunal establece que basta con aportar indicios razonables, como un testimonio coherente o una investigación periodística, para obligar a los jueces a investigar y requerir datos a la agencia.

La decisión no pone fin al litigio, pero sí marca un antes y un después. El TJUE anula el auto recurrido y devuelve el asunto al Tribunal General, que deberá dictar una nueva resolución respetando el derecho a la tutela judicial efectiva de las posibles víctimas de devoluciones en caliente.

Hamoudi ha seguido el proceso desde Alemania, donde obtuvo protección subsidiaria, permiso de residencia y empleo, y ha estado presente en Luxemburgo durante la lectura de la sentencia. “Cuando llegué a Samos me sentí aliviado, como si hubiera dejado atrás la guerra”, recuerda. La experiencia dejó secuelas: miedo al mar, depresión y trauma persistente. “Aún escucho en mi cabeza las voces de los niños que iban con nosotros”.

El demandante asegura que decidió acudir a la justicia europea no solo por él. “Hay miles de personas que han pasado por algo así y no pueden alzar la voz”, dice. Más allá del desenlace judicial, su objetivo sigue siendo el mismo: “No quiero que nadie vuelva a vivir lo que yo viví”.