La justicia europea desestima la primera demanda de unos refugiados contra Frontex que había llegado a juicio

El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado la demanda interpuesta por una familia de refugiados contra la agencia europea de fronteras Frontex por haberles deportado ilegalmente y haber violado sus derechos, pues considera que esa responsabilidad recae exclusivamente en los Estados Miembros. Este litigio, no obstante, supone un caso único porque es la primera vez que unos civiles han sentado en el banquillo a esta institución por haber desempeñado un papel en las expulsiones ilegales en las fronteras europeas.

La sentencia afirma que “el comportamiento que se imputa no puede haber causado los daños supuestamente sufridos debido a que, en las operaciones de retorno, la agencia solamente presta apoyo técnico y operativo a los Estados miembros”. El tribunal, con sede en Luxemburgo y máximo órgano judicial de la Unión Europea, concluye que los refugiados “no han presentado prueba de un nexo causal entre los daños y el comportamiento que se imputa a Frontex”. Este primer fallo será recurrido ante la instancia superior del mismo Tribunal de Justicia de la UE, según ha confirmado Lisa-Marie Komp, abogada del bufete holandés Prakken d’Oliveira, que lleva el caso.

Komp ha calificado la sentencia de “insatisfactoria”, sobre todo para los demandantes. “Les decepciona que no se responsabilice a Frontex de su papel en la expulsión ilegal de la que son víctimas y de la forma en que fueron deportados”, comenta en un correo electrónico. La eurodiputada del Partido Verde, Tineke Strik, se ha mostrado decepcionada y considera que es necesario aclarar responsabilidades. “Todavía tenemos que ver cómo razona el Tribunal si Frontex viola los derechos humanos en la vigilancia de fronteras (…) pues aún no se ha pronunciado sobre su papel en las devoluciones”, ha declarado en un comunicado.

La demanda por daños y perjuicios fue interpuesta a finales de 2021 por una familia siria formada por un matrimonio y tres niños de entre uno y siete años. Habían huido de la ciudad sirio-kurda de Kobane, asediada por el Estado Islámico. Llegaron en una neumática a la isla griega de Mylos desde Esmirna, en Turquía, el 9 de octubre de 2016, en plena crisis de los refugiados. La balsa iba abarrotada y se les averió el motor durante la navegación, pero lograron llegar a tierra firme. Tras ser trasladados a la isla de Leros, solicitaron acogerse a la protección internacional. Frontex y las autoridades griegas les deportaron 11 días después a Turquía sin haber tenido la oportunidad de un procedimiento de asilo. Tampoco hubo decisión de deportación.

Según el relato de estos refugiados, fueron embarcados en un vuelo junto a otros 18 sirios, acompañados cada uno por un guardia uniformado con el emblema de Frontex. Los niños fueron separados de sus padres. “Los pequeños lloraban. Al final, al menor se le permitió estar en el regazo de la madre, pero el de dos años tuvo que permanecer sentado. Estaba prohibido hablar. Fue una experiencia traumática”, contó Filp Schuller, letrado del bufete, al periódico De Groene Amsterdammer.

El padre contó The Guardian después de la deportación que en Heros un policía les dijo: “Recoged vuestras cosas, os llevaremos a una comisaría esta noche y a Atenas mañana”. “Nunca supe que nos iban a devolver a Turquía”, afirmó el hombre. Al bajar del avión, fueron entregados a las autoridades turcas, quienes los internaron en el campo de detención de Düziçi. Allí pasaron dos semanas antes de ser liberados. Temiendo ser deportados a Siria, decidieron marchar a Erbil, en el norte de Irak, donde aún viven. Una ONG les puso en contacto con los abogados holandeses. La familia también cuenta con el apoyo del Consejo Holandés para los Refugiados y el Fondo de Asistencia Jurídica de la ONG Sea-Watch, entre otras ONG.

Durante el juicio, celebrado el 9 de marzo, la defensa alegó que la deportación fue ilegal, ya que se efectuó sin un procedimiento previo y, por tanto, se les denegó su derecho a pedir asilo. En ese momento ya estaba en vigor el pacto migratorio entre la UE y Turquía, por el cual Ankara se ocupa de las personas que entran a Europa por Grecia y organiza su reubicación en un Estado de la UE.

Separación traumática

Los abogados consideran que, al separar a los niños de sus padres, la agencia europea también violó los derechos de los menores de edad, pues les hizo vivir una situación traumática. Por todo, solicitaron una indemnización de 96.000 euros por daños materiales y otros 40.000 euros por daños morales.

La defensa argumenta también que si Frontex no hubiera incumplido sus obligaciones, los refugiados no habrían sido devueltos ilegalmente y sí habría obtenido la protección a la que tenían derecho, habida cuenta de su nacionalidad y de la situación de Siria entonces, uno de los más crudos de la guerra que vive el país desde hace 12 años. La justicia europea señala, por el contrario, que este extremo es erróneo porque los Estados miembros son los únicos competentes para evaluar las decisiones de retorno y las solicitudes de protección internacional.

Ante quién pedir cuentas

Ante el veredicto, se plantean dos cuestiones, a juicio de los abogados. Por una parte, no está claro cómo debe entenderse el mandato de Frontex, ya que su reglamento establece que la agencia debe contar con un mecanismo eficaz para supervisar el respeto de los derechos fundamentales en sus actividades, pero la sentencia no aclara qué significa esto en la práctica.

Komp se pregunta ante quién y por qué actividades se pueden pedir cuentas a la institución. “Frontex tiene un gran poder sobre la vida de las personas y el poder debe ir acompañado de la rendición de cuentas. Esta sentencia demuestra que los particulares no pueden exigir responsabilidades a Frontex ante los tribunales”, sostiene la abogada. “Ahora corresponde a las instituciones políticas, especialmente a la Comisión Europea, aclarar cómo Frontex debe supervisar el cumplimiento de los derechos humanos”.

La agencia fronteriza ha emitido un comunicado en el que coincide con el tribunal acerca de su falta de competencias, y afirma que el caso les permitirá “mejorar” sus procedimientos de retorno. Asimismo, insta a los Estados miembros a que confirmen explícitamente que las personas para cuyo retorno se solicita su apoyo “han sido objeto de decisiones de retorno individuales ejecutables y que se les ha concedido la oportunidad de solicitar protección internacional”.

Un caso que sienta precedentes

No es la primera vez que Frontex es acusada de violar derechos fundamentales, pero hasta ahora ninguna persona les había conseguido sentar en el banquillo por una devolución en caliente, pese a que diversas organizaciones humanitarias, periodistas e investigadores llevan años denunciando sus supuestos abusos. Pero a menudo faltan pruebas fehacientes.

La primera vez que la institución se vio ante un juez fue por un caso de derechos civiles a raíz de la demanda de una abogada española, Luisa Izuzquiza, por su falta de transparencia en la gestión de la crisis de refugiados. Pero Frontex ganó. También en noviembre de 2021, la defensora del pueblo Europeo, Emily O’Reilly, les investigó para evaluar la transparencia de su mecanismo de denuncias. Más recientemente, O’Reilly abrió otra investigación por el papel de la agencia en el naufragio, en junio de 2023, del barco Adriana, en el mar Jónico, que llevaba 750 personas hacinadas en su interior y la mayoría se ahogó.

Otro caso sonado ocurrió en 2022, cuando la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) constató graves irregularidades en la gestión de la inmigración irregular. Su investigación reveló que los altos mandos de Frontex eran conocedores de prácticas ilegales por parte de sus agentes y de algunos Estados miembros en las rutas de entrada de migrantes.

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