Frontex, contra la española que la sentó en el banquillo

En julio de 2019, la española Luisa Izuzquiza (Madrid, 29 años) se convirtió en la primera persona en llevar a juicio a Frontex por un caso de derechos civiles. La activista, junto a su compañero alemán Arne Semsrott, demandaba a la agencia europea de fronteras ante el Tribunal de Justicia de la UE por falta de transparencia en sus operaciones en el Mediterráneo central. La Corte desestimó sus alegaciones meses más tarde y estableció que Izuzquiza y Semsrott debían pagar las costas procesales, un total de 24.000 euros. Ante su negativa a asumir la factura, es ahora la institución la que reclama ante la justicia que se abone ese dinero.

Hace apenas dos semanas, la española recibió la notificación del tribunal con sede en Luxemburgo. La agencia no solo reclama las costas del proceso inicial, sino también las de este segundo. “Con su decisión, Frontex lanza un mensaje de intimidación a la sociedad civil que quiera o intente llevarlos a juicio de nuevo”, señala por teléfono Izuzquiza desde Bruselas, donde trabaja en la ONG Corporate Europe Observatory, que se dedica a denunciar el poder de los lobbies en la política europea, aunque el caso lo presentó por su cuenta. “Lo preocupante es que estos actos de disuasión funcionan. Cualquiera que esté interesado en litigar en su contra y vea cómo han reaccionado con nosotros se lo va a pensar dos veces”, comenta.

Todo comenzó cuando la activista investigaba la respuesta que el organismo dedicado desde 2005 al control de las fronteras exteriores de la Unión Europea estaba dando a la gestión de los migrantes en el Mediterráneo central. Ante el aumento de muertes por ahogamiento en esa ruta, en 2017 preguntó a la agencia a través del portal de transparencia de la UE cuántos barcos tenía desplegados —y de qué tipo— en el marco de la denominada operación Tritón (hoy sustituida por Themis), la misión encargada de vigilar las costas y también socorrer a potenciales náufragos en el área. Frontex, cuyas prácticas y falta de transparencia han sido cuestionadas por algunas organizaciones civiles, se negó a responder alegando motivos de seguridad y fue entonces cuando ella y su compañero, con ayuda de tres abogados, decidieron armar el caso. En noviembre del año pasado, el tribunal dio la razón a la agencia, consideró que la divulgación de determinadas informaciones podía resultar perjudicial para sus operaciones y obligó a los activistas a pagar.

“Lo que suele suceder es que las instituciones europeas nunca reclaman las costas si la persona que las lleva a juicio es un actor de la sociedad civil o una ONG. Es como una suerte de gesto democrático. Simplemente lo dejan estar”, afirma Izuzquiza. No fue el caso. Cuando Frontex le envió en enero una carta pidiéndole que abonara los gastos antes de final de mes, ella decidió lanzar una campaña para intentar que desistiera. “Nos apoyaron 87.000 personas y 40 ONG”, relata, aunque su lucha no surtió efecto.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, como se denomina oficialmente, señala a través de un portavoz que con esta iniciativa “no solo se adhiere al principio del Estado de derecho, sino que también cumple su obligación de garantizar una buena gestión financiera, proteger los intereses financieros de la UE y ejecutar responsablemente su presupuesto”.

“Como institución pública que depende de los fondos que en última instancia provienen de los contribuyentes europeos, no podemos rechazar una sentencia judicial que solicite a las partes que nos demandaron que paguen las costas legales”, añade. La agencia con sede en Varsovia, que a raíz de la crisis migratoria en Europa entre 2015 y 2016 vio reforzadas sus competencias, recuerda que su objetivo es equilibrar la transparencia con la protección de la información confidencial, y que el fallo confirmó que Frontex logró ese equilibrio.

Punto de mira

Luisa Izuzquiza, por su parte, considera el momento de la denuncia ante el tribunal especialmente relevante, cuando la agencia está en el punto de mira por su posible participación en devoluciones en caliente en la frontera griega. Después de que una investigación periodística señalara que varios agentes de Frontex estaban involucrados en esas prácticas, el propio organismo decidió abrir a finales de octubre una investigación interna al respecto.

En noviembre, la defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, inició su propia pesquisa para evaluar la eficacia y la transparencia del mecanismo de denuncias que posee Frontex para quienes creen que sus derechos han sido violados en el contexto de las operaciones fronterizas de la agencia, así como el papel y la independencia de su responsable de derechos fundamentales.

El tribunal determinará ahora cuánto dinero es razonable que reclame Frontex a los activistas. Consciente de que el proceso puede ser lento, Izuzquiza espera la sentencia a lo largo del próximo año.