La Defensora del Pueblo Europeo investiga a Frontex por su papel en el rescate del ‘Adriana’ naufragado en el Jónico

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha abierto una investigación para esclarecer el papel de Frontex, la agencia europea de fronteras, en las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo tras naufragio del barco Adriana y el ahogamiento de cientos de personas en ese episodio, uno de los más graves que han trascendido en aguas mediterráneas. La defensora revisará una serie de documentos relacionados con las responsabilidades de Frontex para rescatar a las personas en peligro en el mar, incluido el informe sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos con el Adriana, el pesquero que salió de Libia con unas 750 personas hacinadas en su interior, y otros informes de incidentes recientes, según ha hecho público la institución europea este miércoles. En otoño, O’Reilly investigará además el papel de las instituciones de la UE en defensa de los derechos fundamentales en las actividades de gestión de fronteras.

O’Reilly coordinará la investigación —que ha abierto a iniciativa propia— del papel de Frontex con el Defensor del Pueblo griego, Andreas Pottakis, que tiene el poder de investigar cómo las autoridades griegas trataron con el barco Adriana. “Si bien el papel de las autoridades griegas se está investigando a nivel nacional, también es necesario aclarar el papel de Frontex en la operación de búsqueda y rescate. Se informó de que, en este caso, Frontex alertó a las autoridades griegas de la presencia del barco y ofreció asistencia, pero no está claro qué más podría o debería haber hecho”, ha declarado O’Reilly en un comunicado.

Una investigación conjunta de EL PAÍS con Lighthouse Reports, Reporters United, Monitor, SIRAJ y Der Spiegel mostró que cuando el motor del pesquero dejó de funcionar, un barco de la Guardia Costera de Grecia lo remolcó con un cabo a gran velocidad y el pesquero zozobró. Algo que ha desatado grandes dudas sobre si la mala actuación fue intencionada o accidental. En el Adriana viajaban refugiados sirios, afganos, egipcios y paquistaníes. A bordo del barco había hombres, mujeres y menores, pero ellas y los niños quedaron atrapados en la bodega de la embarcación sin posibilidad de salvarse.

“Una tragedia de esta magnitud requiere que todos los involucrados reflexionen sobre sus responsabilidades y dejen claro al público quién es responsable de estas muertes”, ha dicho la defensora europea, que ha explicado que tratará de esclarecer el papel de Frontex mientras reconstruye los hechos que llevaron al naufragio del barco y la muerte de al menos 500 personas.

La defensora europea ha pedido también detalles sobre cómo se comparte información sobre las operaciones de búsqueda y rescate entre Frontex y las autoridades nacionales y si la agencia europea de fronteras tiene algo que decir sobre cómo se diseñan o implementan estas operaciones.

“Aunque entiendo que se están llevando a cabo investigaciones a nivel nacional, está claro que Frontex tuvo un papel importante en la misión de búsqueda y rescate desde una perspectiva de coordinación”, dice O’Reilly en una carta enviada a Hans Leijtens, director de la agencia de fronteras con fecha del lunes. “Como tal, creo que hay margen para una mayor claridad en relación con el papel de Frontex en esas operaciones”, ha añadido la irlandesa.

La defensora del pueblo de la UE ha reclamado también a Frontex información sobre las normas específicas del uso de cámaras montadas en embarcaciones durante operaciones conjuntas y si la agencia de fronteras europea informa sobre violaciones de derechos de las autoridades de los Estados miembros con embarcaciones de ONG que rescatan personas en el mar.

En pleno debate migratorio, cuando Bruselas está tratando de cerrar el último capítulo, con el reglamento de crisis y situaciones de fuerza mayor —una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE—, O’Reilly dedicará también una investigación en otoño al papel de las instituciones de la UE y cómo la Comisión Europea supervisa el respeto de los derechos fundamentales en las operaciones de gestión de fronteras financiadas con fondos de la UE.

O’Reilly ha explicado que también solicitará más información sobre el acuerdo migratorio de la UE con Túnez sobre gestión de fronteras que tantas críticas ha recibido de eurodiputados y de organizaciones de derechos humanos —también de los Estados miembros por la falta de consulta previa de la letra pequeña— por los ataques contra los derechos humanos que se atribuyen al Gobierno del presidente tunecino, Kais Said. “La migración a Europa continuará y depende de la UE garantizar que actúa de forma que mantenga los derechos fundamentales y no pierda de vista el sufrimiento humano que obliga a las personas a buscar una vida mejor más allá de sus países de origen”, ha dicho la defensora en una nota.

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