Grecia niega irregularidades de sus guardacostas pero admite una investigación interna por devoluciones en caliente

La crisis entre la agencia europea de fronteras Frontex y las fuerzas de seguridad griegas se prolonga. Grecia admite por primera vez que ha abierto un procedimiento interno para detectar posibles incumplimientos de las labores de su guardia costera, pero al mismo tiempo rechaza cualquier negligencia en uno de los episodios más controvertidos de presuntas devoluciones en caliente en el mar desvelados hasta ahora. Así se desprende de una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS, remitida por Dimitrios Mallios, máxima autoridad de la Policía de Fronteras griega, dirigida al director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens. La misiva, fechada el 14 de julio en Atenas, es la respuesta a las explicaciones que el propio Leijtens pidió por escrito el pasado 29 de junio, respecto a dos incidentes con embarcaciones de migrantes en Lesbos (Grecia), como desveló este diario.

El primero se refiere al 11 de mayo, cuando 12 refugiados de Somalia, Eritrea y Etiopía —entre ellos, niños y un bebé de seis meses— fueron abandonados a la deriva en una lancha salvavidas tras ser obligados a subir a una patrullera de los guardacostas helenos. La secuencia, grabada en vídeo, fue publicada por The New York Times y es considerada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos griegas como la prueba más evidente de una práctica sistemática que llevan denunciando desde el año 2020.

La autoridad griega sostiene en la carta que sus subordinados ya han remitido a la agencia europea de fronteras toda la información de la que disponen y que se ha iniciado un procedimiento disciplinario interno para determinar posibles delitos por parte de los guardacostas involucrados en los hechos. Es la primera vez que los guardacostas helenos mencionan un procedimiento de posible sanción que, hasta la fecha, no habían hecho público. Tampoco la Fiscalía helena ha informado de ninguna investigación de oficio.

Mallios también afirma que hay en marcha una investigación independiente por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia de Grecia. Se trata de un organismo que, desde noviembre de 2022, tiene el mandato de investigar eventuales infracciones de la ley en las fronteras, a instancias de la Comisión Europea y a raíz de la sospecha reflejada en un informe de la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude de que las devoluciones en caliente se habían convertido en habituales en el mar Egeo.

El segundo incidente al que se refiere la misiva a la que ha accedido este periódico es el de una barca en la que viajaban 17 migrantes afganos el pasado 22 de abril. Una lancha neumática fue detectada en aguas griegas, tanto por una patrullera portuguesa que operaba para Frontex como por una de la Guardia Costera helena; varias horas después, los refugiados afganos fueron aprehendidos por la Guardia Costera turca en sus aguas territoriales. Una ONG denunció los hechos ante la agencia europea y, en consecuencia, la Oficina de Derechos Fundamentales de esa entidad inició una investigación motivada por las “denuncias de incumplimiento de los derechos fundamentales por parte de la Guardia Costera helena”.

La investigación de este incidente por parte de Frontex se cerró con la conclusión de que ni la agencia ni la Guardia Costera maniobraron contra la barca de refugiados, pero reveló irregularidades: tanto Frontex como Grecia ocultaron el hallazgo del bote.

El agente portugués al mando de la patrullera de Frontex acusó al enlace griego de haberle pedido que se marchasen del lugar sin dejar constancia. En su respuesta, Grecia lo niega con rotundidad y considera “completamente descartadas por carecer de fundamento” las acusaciones de malas prácticas. Más allá de eso, Atenas expresa el deseo de mantener la cooperación: “Nos gustaría reiterar el compromiso de las autoridades helénicas de continuar cooperando con la Agencia de buena fe”.

Además de la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex y el informe de la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude, las devoluciones en caliente desde Grecia a Turquía han sido denunciadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, investigadas por medios de comunicación griegos e internacionales y constatadas por organizaciones como Acnur, Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional. Sin embargo, el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis sigue negando su existencia, lo que dificulta la relación entre Frontex y sus socios griegos.

Derechos humanos

Un miembro de una organización de defensa de los derechos humanos que pide mantener el anonimato asegura a EL PAÍS que la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex ha mantenido encuentros con varios organismos griegos que velan por los derechos de los refugiados. En dichas reuniones, los funcionarios de Frontex se han interesado por las denuncias emitidas contra la Guardia Costera y han recabado información sobre diversos incidentes en los que los guardacostas griegos son sospechosos de haber realizado devoluciones en caliente, contrarias a la legislación.

Sobre la mesa está la posibilidad de que Frontex se acabe retirando de Grecia por esas presuntas irregularidades. Esto supondría un gran revés porque no implicaría solo el cese de operaciones de la agencia, sino cortar el grifo de la financiación y la retirada de todos los activos. Es decir, embarcaciones, los más modernos sistemas de vigilancia o drones, entre otros.

En su carta, el máximo responsable de la Policía de Fronteras griega insiste en la conveniencia de mantener la cooperación. “El apoyo de Frontex a las autoridades nacionales desempeña un papel fundamental en la protección de la frontera exterior de la UE, que debe reforzarse aún más dado el aumento reciente de la presión en la ruta del Mediterráneo oriental”, asegura.

El pasado 4 de julio, Leijtens sostuvo ante la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo que la decisión de suspender la actividad en Grecia afectaría a su “capacidad de salvar vidas”, por lo que “debería ser ponderada”. En la actualidad, 518 agentes de Frontex están desplegados en la Grecia continental y en las islas, según Frontex.

Desde que llegó al poder en 2019, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha adoptado una postura dura en materia de migración mediante la construcción de campos de refugiados que funcionan con un régimen similar al carcelario y el aumento de la vigilancia fronteriza, en medio de las críticas de los grupos humanitarios.

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