Un informe de la UE revela violaciones de derechos y devoluciones en caliente de Frontex en el Egeo

La Agencia Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha analizado con lupa la gestión de la inmigración irregular hacia la UE por parte de Frontex y constata graves irregularidades. Según una investigación, los altos mandos de la agencia europea de control migratorio eran conocedores de prácticas ilegales e irregulares por parte de sus agentes y de algunos Estados miembros —como Grecia— para evitar la entrada de migrantes, sobre todo por la ruta del mar Egeo, que conecta Turquía con territorio griego.

Palabras como “humillación”, “acoso” y “abuso” laboral contra sus propios trabajadores, “intimidación” y “devoluciones en caliente” de migrantes se repiten a lo largo de las 129 páginas del documento, al que han tenido acceso el semanario alemán Der Spiegel y las ONG Lighthouse Reports y FragDenStaat, y que han compartido con cuatro medios europeos, entre ellos EL PAÍS.

Pese a que la investigación está fechada en abril del pasado año, aún no se ha hecho pública, salvo para unos pocos eurodiputados que investigan el papel de Frontex en la inmigración hacia la UE. El informe de la OLAF se centra especialmente en las devoluciones en caliente en alta mar, denunciadas sobre todo desde 2020, bajo el mando en Frontex del francés Fabrice Leggeri, quien finalmente dimitió como director ejecutivo de la agencia con más presupuesto de toda la UE: 754 millones de euros solo en 2022. La OLAF destaca una decena de devoluciones en caliente en las que la policía fronteriza griega expulsa de manera violenta a pateras con decenas de migrantes a bordo a aguas turcas y los “abandonan” a su suerte, en ocasiones quitándoles previamente el motor a las lanchas. Todo ello, a ojos de los agentes de Frontex, que tiene desplegados en el mar Egeo 600 policías en el marco de la Operación Poseidón, además de otros 170 del Cuerpo Permanente (los conocidos como Standing Corps).

Unas 43.000 personas han sido devueltas a terceros países con este método desde enero de 2020, según Front-LEX, una organización que pretende “desafiar las políticas migratorias de la UE a través de litigios estratégicos”, según su página web. De hecho, el pasado septiembre anunciaron la intención de llevar a los tribunales a Aija Kalnaja, la directora ejecutiva interina de Frontex.

La investigación hace hincapié en que Frontex ha descafeinado o ignorado desde mediados de 2021 lo que ella misma denomina “incidentes serios”, que involucran a personas migrantes (naufragios, expulsiones, registros, etcétera) y a integrantes de la propia agencia, y que pueden afectar a violaciones de derechos fundamentales. La OLAF ha certificado que la estructura de Frontex dejó al margen de toda actuación y control a la persona encargada de velar por los derechos fundamentales en las misiones migratorias. Fuentes de la misma Frontex reconocen ese ostracismo. El documento de la OLAF concluye que el motivo de que Frontex apartara a su responsable de velar por los derechos fundamentales en las misiones es “evitar que haya testigos de incidentes [serios] en el mar Egeo”.

La OLAF incluso habla de que en ocasiones Frontex eligió voluntariamente no reportar incidentes en los que algunos de sus agentes fronterizos se veían involucrados por “miedo” a repercusiones negativas en los Estados miembros. Algunos altos mandos de Frontex, continúa la OLAF, consideraban que Bruselas era demasiado lenta y burocrática, demasiado centrada en el respeto a los derechos fundamentales y que, por tanto, restaba operatividad a los desafíos que implica la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. “Mi percepción personal es que los derechos fundamentales eran vistos como algo cosmético, sin un contenido específico. Poco esencial. (...) La persona encargada de velar por los derechos fundamentales no era tratada con la categoría suficiente” y se la excluía de la toma de decisiones, señala un testigo a la agencia antifraude de la UE.

La OLAF certifica que Frontex evitó analizar hasta en tres ocasiones la denuncia que le hicieron llegar las autoridades turcas con un USB de imágenes de expulsiones de pateras repletas de migrantes de vuelta a las costas de Turquía. “La regla general era dejar al responsable de derechos humanos fuera del foco de los pushbacks”, relata otro testigo.

Falta de transparencia

La investigación habla también de “falta de transparencia” de la agencia durante el mandato de Leggeri a la hora de trasladar información a las autoridades comunitarias (como la Comisión o el Parlamento Europeo) sobre incidentes que tuvieran un componente de violación de derechos fundamentales. Frontex no garantizó los estándares de “imparcialidad y objetividad” que caben esperar de una institución de este tipo, presentando una “descripción incorrecta o sesgada de los hechos”, dice la OLAF en referencia a las devoluciones en caliente.

La investigación, que no ha hallado ningún indicio de fraude económico, señala una falta de lealtad por parte de Frontex hacia la Comisión Europea debido a “conflictos de intereses políticos”, especialmente en el capítulo de nombramientos de puestos clave. La OLAF ha tachado en negro los nombres y datos de las personas involucradas en la investigación, aunque señalan a “altos cargos” de la agencia.

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