Media vuelta en alta mar, la fórmula para evitar la entrada de migrantes en la UE

Son los grandes olvidados de la crisis migratoria en Europa: ni alcanzaron el Viejo Continente ni engrosaron las lamentables listas de ahogados en medio del mar. Casi 35.000 personas, según la ONU, han sido víctimas desde 2019 de las expulsiones en frontera en alta mar, una de las prácticas más comunes que la Unión Europea, a través de los guardacostas libios, aplica en el Mediterráneo central para evitar que los migrantes alcancen suelo comunitario y disparen el número de llegadas. Tan solo en los cinco primeros meses de 2021, más de 13.000 migrantes han sido devueltos por la Guardia Costera Libia a ese país magrebí. Eso supone que se han superado ya las cifras de devoluciones forzosas en comparación con todo 2019 (9.225) y 2020 (11.891). La ONU, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, junto a ONG humanitarias llevan meses exigiendo a las autoridades europeas el fin de esta práctica porque, entre otros motivos, “Libia no es un país seguro”.

Para la ONU, el peligro no solo está en la travesía de ida, sino también en el retorno de los migrantes a países como Libia. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos fundamentales, criticó a mediados de mayo en un durísimo informe que la UE, Frontex y países como Malta e Italia dejan a merced de la guardia costera libia a los migrantes y los devuelven al país magrebí, donde su vida corre un serio peligro. Sara Prestianni, experta en migración y asilo de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, sostenía en una conversación telefónica hace semanas: “La UE, a través de fondos [económicos] para África, entrena, arma y financia a la guardia costera libia, que devuelve a la fuerza a los migrantes que intercepta en medio del mar”. Prestianni, incluso, engrosaba a “más de 70.000″ la cifra de personas devueltas a Libia desde 2017.

La ruta del Mediterráneo central, que conecta Túnez y Libia con Malta e Italia, es la más mortífera hacia la UE. Por allí navegan barcos de ONG, guardacostas, mercantes y buques militares. Los aviones de Frontex sobrevuelan sus aguas en búsqueda de las mafias que trafican cada año con la desesperación de decenas de miles de personas que se embarcan en una peligrosa travesía. Desde el pasado enero, 920 personas han perdido la vida en estas aguas, la inmensa mayoría del África subsahariana, aunque 2021 es el primer año desde 2014 que registra muertes de personas del sudeste asiático, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Después de huir de la guerra en Siria, de la hambruna en Sudán, del terrorismo en Somalia, del avance talibán en Afganistán o de la propia desesperación en Libia; después de atravesar el desierto del Sáhara y caer bajo el control de las mafias; después de arriesgar su vida —y en ocasiones la de sus hijos— en una patera a rebosar y sin comida ni agua ni chalecos salvavidas, más de 30.000 personas se han topado desde 2019 con la Guardia Costera Libia, a veces a punta de pistola, y se han visto obligados a volver a aquel infierno que creían haber dejado atrás. “Nadie debe ser devuelto a Libia después de ser rescatado en el mar. Bajo el derecho internacional del mar, los rescatados deben ser desembarcados en un lugar seguro, y Libia no lo es”, declaró hace días la ONU.

Lisa Macheiner, que hasta el mes pasado trabajaba en Libia con la ONG Médicos Sin Fronteras, narra al teléfono desde Túnez cómo durante lo que va de 2021 ha notado un aumento del retorno de migrantes a los centros de detención en Libia. “Aumentan las interceptaciones en el mar [Mediterráneo central] y eso hace que aumente el número de detenidos. Las estructuras no tienen capacidad y hay hacinamiento, violencia, falta de comida y las provisiones de medicamentos son extremadamente limitadas”, alerta.

Las organizaciones humanitarias e incluso la ONU reiteran las paupérrimas condiciones de vida en Libia. Macheiner asegura de primera mano que allí los migrantes “no tienen derecho a tener derechos”. La mayoría de centros de detención gestionados por las autoridades libias tienen un régimen cerrado —”de auténtica prisión”, apostilla la trabajadora humanitaria—; en otros, los migrantes reciben solo una comida al día en la que escasean la verdura y las proteínas. Pasta con salsa de tomate, arroz y pan, enumera Macheiner. “Es muy, muy básica. Y en algunos centros, incluso, no hay siempre acceso a agua potable”.

Centros de detención

Médicos Sin Fronteras pudo documentar las condiciones de vida en 30 centros de detención gestionados por las autoridades libias en la costa oeste, cercana a Zwara y Misrata; y en la costa este, en los alrededores de Bengasi. La mayoría de los migrantes tenían un “acceso limitado” a espacios al aire libre, mientras que en una decena de ellos solo gozaban de cierta libertad durante “menos de medio día”. En el mismo documento, se detalla cómo en la mayoría de estas “prisiones”, como los llama Macheiner, no existe ventilación alguna y los cortes de electricidad son el pan de cada día.

Además, a los migrantes —separados hombres de mujeres, pero no adultos de niños— se les tiene completamente vedado el acceso a apoyo legal y psicológico, a internet, a la televisión e incluso a los periódicos. La mayoría de internos tienen entre 19 y 59 años, según documenta la ONG. Lo más habitual es que reciban comidas entre dos y tres veces al día, aunque en cuatro de los centros visitados las autoridades solo ofrecen una comida diaria. En la inmensa mayoría, según la documentación basada en entrevistas con trabajadores de los centros, las letrinas están separadas entre hombres y mujeres, pero en muchísimas ocasiones no funcionan.

Ante estas calamidades, Macheiner revela al teléfono una “tendencia” que ha observado estos meses: las autoridades libias cierran algunos centros de detención en la costa —los más visibles y evidentes—, pero abren otros “en el interior del país”, lo que hace pensar, sostiene, en que se esconde el problema. De esta forma “nadie ve tan fácilmente qué sucede allí”, apostilla.