El Parlamento Europeo concluye que Frontex desatendió las alertas sobre devoluciones en caliente en el mar Egeo

Cal y arena para Frontex. El grupo de 15 eurodiputados constituido el pasado febrero para investigar la responsabilidad de la agencia comunitaria en la violación de los derechos humanos “no ha encontrado pruebas concluyentes sobre la realización directa de devoluciones o expulsiones colectivas de migrantes por parte de Frontex”, concretamente hace un año en el mar Egeo, según las conclusiones finales de una investigación que se han presentado este jueves en la Eurocámara. Eximida esta responsabilidad, sin embargo, el documento, detalla una larga lista de mala praxis de la agencia -incluido su director ejecutivo, Frabrice Leggeri-, descuidos y “deficiencias” en la protección de los derechos humanos. Frontex “sabía” que había pruebas que demostraban la violación de derechos humanos en los países donde se estaba llevando alguna operación de vigilancia y rescate -fundamentalmente Grecia- y que la agencia, en ocasiones, las “desoía”.

La investigación, encabezada por la holandesa Tineke Strik, de Los Verdes, se centra en las decenas de denuncias por parte de ONG, artículos de prensa y organismos internacionales de malas prácticas, a veces con violencia, y devoluciones en frontera en alta mar —lo que ahora se denomina pushbacks— por parte de agentes de Frontex pertenecientes a la policía de Estados miembros. Unos actos que en el último año han convertido a Frontex en el objetivo de todas las críticas y han situado a su máximo responsable, Fabrice Leggeri, bajo la lupa de eurodiputados, ONG, la Oficina Antifraude (Olaf) y hasta el Tribunal de Cuentas de la UE. El pasado 20 de junio, coincidiendo con el día mundial del refugiado, varias ONG y activistas pusieron en marcha una campaña coordinada en diferentes puntos de la UE para exigir la abolición de la agencia.

El esperado documento, de 21 páginas, corrobora que estas actuaciones ilícitas sí se produjeron, pero estipula, a petición expresa del Partido Popular Europeo (PPE), que la agencia europea no es “directamente” responsable de ello; y achaca lo sucedido a la ausencia de medios, como oficiales expertos en derechos humanos y la falta de coordinación en las operaciones de vigilancia y rescate con las autoridades del Estado miembro donde se llevan a cabo, en referencia a Grecia. Hay “deficiencias en los mecanismos de Frontex para monitorear, informar y evaluar situaciones de derechos fundamentales”, han consensuado los europarlamentarios. Pero para algunos analistas como Mariana Gkliati, experta en inmigración de la Universidad de Leiden, el hecho de que por un motivo u otro Frontex no cumpliera con sus obligaciones de proteger los derechos humanos significa que “ha violado los derechos humanos en sí”, explica.

La investigación ya nació a principios de año rodeada de polémica ante la negativa de ciertos grupos de la Eurocámara, fundamentalmente de la derecha, de poner a Frontex bajo el escrutinio y con unas acusaciones tan graves. Sin embargo, la presión de ONG y organismos internacionales -como por ejemplo Amnistía Internacional o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)- forzó a la Eurocámara a crear un grupo de expertos para dirimir responsabilidades ante la opinión pública. “Recuerdo que Frontex tiene que rendir cuentas ante el Parlamento europeo”, advirtió este jueves la maltesa Roberta Metsola, del PPE, en la presentación del informe este jueves en la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) de la Eurocámara en Bruselas.

Tras meses de entrevistas, visitas al terreno y audiencias a las partes, el informe ha visto por fin la luz con notables divisiones. La izquierda lo tacha de tibio, pero fuentes del grupo de investigación consideran que “dadas las circunstancias” y las dinámicas parlamentarias, las conclusiones son “honestas”. Las conclusiones fueron aprobadas por mayoría, pero cada grupo tiene una opinión muy perfilada y marcada respecto a Frontex y su director, Fabrice Leggeri.

La eurodiputada Strik, cuyo grupo parlamentario ha sido uno de los más duros contra la agencia bajo el mando de Leggeri, dijo antes de la publicación del informe que ya no confiaba en el directivo francés. “¿Podemos tener confianza en este director ejecutivo para aplicar las recomendaciones [del informe] y realmente convertirlo en una agencia sensible para con los derechos humanos? Mi grupo [Los Verdes], ya no confía en él. Creemos que sería sensato que [Frontex] comenzara la búsqueda de un nuevo director ejecutivo”, declaró al diario británico The Guardian.

Críticas al director ejecutivo

Pese a que el francés no es nombrado directamente con nombre y apellido ni una sola vez en el documento, el grupo de expertos dedica todo un capítulo a volcar crítica tras crítica contra él. “Ha quedado claro que el director ejecutivo [Fabrice Leggeri] en repetidas ocasiones no respondió a recomendaciones, opiniones, consejos, evaluaciones o solicitudes de información tanto de la oficial de derechos humanos como del consejo consultivo”. El grupo lamenta que Leggeri “no haya respondido o dado seguimiento a las numerosas expresiones de inquietudes, recomendaciones, opiniones u observaciones presentadas por la oficial de derechos humanos en el transcurso de cuatro años”.

De hecho, durante estos últimos meses, la Comisión Europea instó a Leggeri hasta dos veces por carta a que enviase información relevante —un dispositivo USB con contenido grabado por las autoridades turcas que contiene imágenes de alto voltaje de decenas de devoluciones en caliente en el Egeo— para que el grupo de investigación pudiera efectuar sus pesquisas. Matsola ha anunciado este jueves que han sido las autoridades turcas las que finalmente han hecho llegar ese dispositivo al Parlamento Europeo, y que su contenido ya ha sido descargado en los ordenadores del grupo que investiga a Frontex.

Además, los 15 eurodiputados, asistidos durante estos meses por analistas y expertos en materia migratoria internacional, dicen que han observado “con preocupación” que Leggeri “está retrasando la contratación de los tres directores adjuntos”, como táctica para no delegar poder, aseguran fuentes comunitarias. Estos nombramientos de los tres directores estaban previstos para la pasada primavera.

Dado que los fondos económicos de Frontex aumentan exponencialmente y que los Estados miembros son extremadamente celosos a la hora de delegar la gestión de sus fronteras y de la inmigración, especialmente los países Mediterráneos, las luchas de poder por una dirección adjunta en la agencia llevan semanas librándose en los pasillos, con España peleando por uno de los puestos. En este sentido, el grupo de la Eurocámara dice estar “muy preocupado por la insuficiencia de controles y equilibrios [de poder] dentro de la Agencia”.