La justicia europea reprocha a Frontex no compartir información con una ONG de rescate marítimo

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha fallado contra Frontex, la agencia europea de control de fronteras, por denegar a la ONG alemana Sea Watch el acceso a una información relacionada con una operación de interceptación de migrantes en el Mediterráneo en el que estuvo involucrada la guardia costera libia el 30 de julio de 2021. Según Sea Watch, la documentación que posee Frontex y se niega a compartir demuestra cómo la agencia facilitó que una patrullera de la guardia costera libia entrara en aguas territoriales de Malta y obligara a una embarcación a la deriva con 20 migrantes a bordo a darse la vuelta y regresar a Libia en vez de llevarles al puerto seguro más cercano, en este caso en Malta. Esto supone una violación del derecho marítimo e internacional porque Libia no es considerado un puerto seguro.

Frontex identificó 73 documentos, imágenes y un vídeo, incluidos varios relacionados con el intercambio de comunicaciones entre sus agentes y las autoridades libias, italianas y maltesas en relación con su operación en el Mediterráneo central aquel 30 de julio, pero se negó a compartirlas con Sea Watch con el argumento de que eso pondría en peligro la seguridad pública. En la lista de documentos, nunca incluyó ni mencionó la existencia de un centenar de fotografías que fueron tomadas por el dron de la agencia.

El TGUE falla parcialmente en contra de Frontex. Por una parte, considera que su negativa a compartir información no puede aplicarse a esas cien imágenes, ya que nunca alegó por qué necesitaba mantenerlas en secreto. Sin embargo, sí le da la razón en el argumento de la seguridad en lo que se refiere a los 73 documentos iniciales. “Al no haber mencionado determinadas fotografías en su decisión, Frontex no justificó la denegación del acceso a las mismas”, ha informado en un comunicado el TGUE, con sede en Luxemburgo. No obstante, la sentencia también precisa que “rechaza en gran medida los argumentos formulados por Sea Watch contra la decisión de Frontex”.

Un portavoz de la agencia ha indicado a este periódico que por ahora están estudiando el fallo. “Frontex se congratula de que, en gran medida, el tribunal haya confirmado que la Agencia mantiene el equilibrio adecuado entre la transparencia y la protección de la seguridad de nuestros funcionarios y actividades operativas”, ha agregado.

Sea Watch sí que había grabado cómo los guardacostas libios accedieron a aguas europeas y se llevaron a la patera de vuelta en lo que podría suponer una violación del principio de no devolución, pues la operación fue presenciada por el avión de seguimiento Seabird 1 y el barco de rescate Sea Watch 3, ambos propiedad de la misma organización. La ONG decidió investigar los hechos y solicitó a la agencia una serie de documentos sobre su actuación aquel día. Ante la negativa de Frontex para compartirlos, Sea Watch presentó una denuncia en abril de 2022 y en octubre de 2023 tuvo lugar la celebración de la audiencia.

Tras este fallo, Frontex no está obligada a entregar las fotografías que la agencia nunca había mencionado y, de hecho, puede recurrir el fallo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, máxima instancia administrativa de la justicia comunitaria, explica Luisa Izuzquiza, investigadora y coordinadora de campañas de FragDenStaat, la ONG que ha asistido legalmente a Sea Watch. “Ahora la pelota está en el tejado de Frontex. Les ha dicho que la denegación de las fotos no se puede aplicar y para nosotros está claro que las tienen que publicar, ya que no presentaron ningún argumento sobre por qué estas imágenes pueden poner en peligro la seguridad pública”, explica. A su juicio, el no hacerlo iría en contra del discurso del nuevo director, Hans Leijtens, quien al tomar posesión dijo a la prensa y al Parlamento Europeo aseguró que una sus prioridades sería la transparencia, uno de los caballos de batalla de esta agencia europea, cuestionada en innumerables ocasiones en el pasado por su opacidad.

Complicidad en violaciones de derechos humanos

Las 20 personas de la patera interceptada aquel 30 de julio fueron parte de los más de 32.400 migrantes capturados en el mar por los guardacostas de Libia y obligados a regresar a ese país, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Una investigación de las organizaciones Human Rights Watch y Border Forensics reveló un año después que casi un tercio de esas interceptaciones fue posible gracias a la información de inteligencia recopilada por Frontex a través de sus sistemas de vigilancia aérea.

“Frontex destaca que los avistamientos de drones y aviones pueden salvar vidas. Pero nuestro análisis de cómo la agencia utiliza la vigilancia aérea demuestra que está al servicio de las interceptaciones, no de los rescates. Sin la información de los aviones de la UE, la Guardia Costera libia no tendría los medios técnicos y operativos para interceptar estos barcos a tal escala”, dice el informe de estas organizaciones, recordando que el Mediterráneo es el lugar del mundo con más muertos y desaparecidos bajo sus aguas, más de 28.000 al cierre de 2023.

Las ONG involucradas en la defensa de los derechos de los migrantes llevan años denunciando que las labores de vigilancia de Frontex y su colaboración con la guardia costera libia suponen un pilar central de la estrategia de la UE para impedir que estos lleguen a Europa a sabiendas de que si son devueltos se enfrentarán a detenciones arbitrarias, torturas y violencia sistemática, lo que convierte a la UE en cómplice de esos abusos.

Para Izuzquiza, la gran pregunta es qué pueden decir esas fotos sobre cómo los distintos actores se relacionan entre sí en el Mediterráneo central y cómo la responsabilidad se distribuye cuando se produce una violación de derechos humanos. “No hablamos de ilegalidad, sino de complicidad. De hasta qué punto Frontex es un instrumento a la hora de llevar a cabo violaciones de derechos humanos y hasta qué punto debería ser así. Y es difícil contestar a esas preguntas porque Frontex deniega la información sobre su colaboración con los guardacostas libios”, denuncia la investigadora.

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