La Comisión Europea da el visto bueno al pago de casi 10.000 millones del fondo de recuperación para España

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el cuarto pago de fondos europeos para España. Más de un año después de haber desembolsado el anterior tramo, Bruselas da ahora el visto bueno preliminar a la espera de que el Consejo de la UE ratifique la decisión dentro de un mes. El pago ascenderá entonces a 9.842 millones. Son 158 millones menos de lo previsto inicialmente, porque España no ha cumplido totalmente con una de las inversiones comprometidas: la contratación de trabajadores que ayuden a las empresas en la transición digital, el llamado programa de agentes del cambio. No obstante, todavía hay siete meses para cumplir con este objetivo antes de perder este dinero definitivamente.

Según el calendario orientativo inicial, se suponía que España tenía que solicitar dos pagos al año. Pero el último se libró el 31 de marzo de 2023. La fecha estimativa del desembolso para el cuarto pago era, de hecho, el primer trimestre de 2023. Así que la petición del cuarto pago acumula en realidad más de un año de retraso. La sucesión de elecciones, un parlamento fragmentado, la dificultad de los proyectos y la enorme carga que supone para una administración que sigue gestionando el día a día son los principales motivos que explican esta demora. Pese a los retrasos, fuentes de la Comisión destacan que España es uno de los países que marcha más avanzado con la ejecución de los fondos europeos. De hecho, ya ha recibido unos 38.000 millones, a los que se sumarán estos casi 10.000 en unos meses. Solo Italia ha recibido más por ahora.

A pesar de esto, España debe acelerar mucho para ejecutar a tiempo todo el dinero asignado en su plan de recuperación. El plazo para utilizar la inmensa mayor parte de las ayudas directas acabará el 31 de agosto de 2026, y cuando ingrese lo aprobado este miércoles todavía tendrá que recibir y gastar unos 32.000 millones en transferencias no reembolsables. Además, debería tener concedidos para entonces otros 80.000 millones que están disponibles en créditos. Aunque en las dos modificaciones hechas ya al plan español, especialmente en la llamada adenda, se han retrasado muchos objetivos e hitos intermedios y se han creado fórmulas para aplazar algunos proyectos más allá de la fecha límite, el plazo de 2026 no se podrá cambiar porque habría que conseguir el consenso de todos los países. Y eso no va a suceder.

Todas las medidas y objetivos de inversión que se aprueban ahora tenían que haber estado listas a finales de 2022. Sin embargo, muchas se han conseguido culminar bastante más tarde. Algunas incluso recientemente. La ciberseguridad del 5G, con el veto a la china Huawei; el desarrollo de los proyectos especiales llamados PERTE como el del vehículo eléctrico o el de descarbonización de la industria, que han costado mucho arrancar, y la aprobación de la reforma del subsidio no contributivo son algunas de las iniciativas que han tenido muchas dificultades para cerrarse. En el caso de la reforma del subsidio, todavía tiene que convalidarse en el Congreso, pero la Comisión la ha aceptado porque ya está en vigor, aunque existe cierto riesgo de que vuelva a caer en su tramitación parlamentaria, como sucedió hace meses.

Sobre el compromiso no cumplido, el programa de agentes del cambio, el Gobierno argumenta que no ha tenido la demanda suficiente y ha comunicado a la Comisión que lo ha cambiado para que funcione: ahora se llamará kit consulting con ayudas de hasta 24.000 euros para contratar servicios de asesoramiento que ayuden a la digitalización de las pymes. El Ejecutivo comunitario enviará ahora una carta a España trasladando la decisión de no considerar cumplido este objetivo. A su vez, el Gobierno español tendrá un mes para contestar. Y después contará con un plazo de seis meses para culminarlo. Entonces, dentro de siete meses, habrá un nuevo examen para ver si se liberan los fondos retenidos por esta inversión. Todo este procedimiento ya ha sido establecido en los reglamentos que rigen los fondos europeos. E incluso ha ocurrido ya que se han descomprometido algunos fondos de Lituania.

Esto no detendrá el proceso de aprobación de todo lo demás, que ahora pasa al Consejo de la UE. Allí se someterá a preguntas y a un diálogo técnico con los representantes de los países miembros, que puede prolongarse durante un mes. Posteriormente se aprobará, según da por hecho el Ministerio de Economía en su comunicado.

Entre los principales hitos a los que la Comisión ha dado el visto bueno se encuentra la reforma de pensiones. Según el informe de envejecimiento, el gasto se disparará hasta una media del 15,1% entre 2022 y 2050. La reforma sube el gasto según este documento en más de 3 puntos del PIB por la vuelta a las revalorizaciones con el IPC y por la supresión del factor de sostenibilidad. Sin embargo, la Comisión admite que existen muchas incertidumbres alrededor de estas proyecciones. Por eso, ha establecido un mecanismo de examen que hará que a partir de 2025 se evalúe cada tres años la evolución del sistema. Tomando el gasto medio proyectado entre 2022 y 2050 y restadas las medidas de ingresos, las pensiones no deberían superar el 13,3% del PIB. Si lo hacen, se deberían tomar medidas que compensen ese desfase o habrá un aumento de cotizaciones automático que se desplegará a razón de una quinta parte por año. Este examen deberá hacerlo la Autoridad Fiscal usando el gasto del informe de envejecimiento y valorando las medidas aprobadas de ingresos. Y con esta cláusula de cierre se da por satisfecha la Comisión.

Además de las ya mencionadas, el cuarto pago comprende la ley de residuos; inversiones en carriles bici y autobuses eléctricos; la digitalización de la justicia para que puedan realizarse acciones judiciales telemáticas de manera segura; la digitalización de las redes del ferrocarril; 50.000 plazas de FP; presupuestos comprometidos para el bono digital de las pymes; cambios en la función pública como el desarrollo de la figura del directivo público; un informe de valoración de la ley contra el fraude; la adopción de la llamada presupuestación verde; apoyo a la I+D con adjudicaciones para reforzar las infraestructuras científicas y tecnológicas; inversiones en bosques y mejoras de los sistemas de regadíos.

También se recogen reformas para simplificar la creación de un negocio, por ejemplo pudiéndola crear con solo un euro, o para crear un entorno más atractivo para las start-up. Aunque los expertos critican que la ley de vivienda no fomenta la oferta de alquiler y este debería haber sido uno de sus principales objetivos, esta reforma ha sido una de las aceptadas por la Comisión en la valoración del cuarto pago. Respecto al próximo pago, el quinto, uno de los principales retos que el Gobierno tendrá que abordar es la reforma fiscal, si bien Hacienda insiste en que valdrá para cumplir con las medidas ya tomadas como los impuestos especiales a las grandes fortunas, las eléctricas y la banca.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal