La aprobación ‘in extremis’ de la reforma del subsidio de desempleo demora la aprobación del cuarto pago del plan de recuperación

El dinero del siguiente tramo del plan de recuperación español va a llegar con unos días o semanas de demora sobre lo previsto. El Consejo de Ministros ha despejado este martes el último gran obstáculo para que España reciba la mayor parte de los 10.000 millones de euros que corresponden al cuarto pago. Ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo, que va aparejada a este desembolso. Pero lo ha hecho con el tiempo que pactó con la Comisión Europea prácticamente consumido. Días antes de que se cumpliera la fecha límite del plazo inicial, el 20 de marzo, el Ejecutivo español y el de la Unión pactaron una demora de dos meses. Ambas partes afirman que la evaluación del plan estará lista en “las próximas semanas”.

Casi desde el principio, España ha sido el alumno aventajado del Fondo de Recuperación, la ambiciosa y novedosa respuesta que puso en marcha la UE a la crisis económica que provocó la covid-19. Eso también le ha convertido en un conejillo de indias, porque iba abriendo camino. Pero esa condición de primero de la clase la fue perdiendo en los últimos meses. Italia y Portugal ya recibieron sus cuartos pagos en diciembre, mes en que España envió la petición para ese mismo desembolso. A partir de ahí se pone en marcha el reloj, tres meses que Madrid y Bruselas ampliaron a cinco. Las elecciones generales convocadas en mayo del año pasado y los meses en que el Gobierno estuvo en funciones demoraron todo.

Los plazos orientativos iniciales del plan español contemplaban que este tramo llegara en la primera mitad de 2023. En el tiene que entrar también la reforma de pensiones, que ya se pactó a comienzos del año pasado, y que tiene la bendición de Bruselas -pese a las previsiones demográficas sobre envejecimiento y gasto- desde entonces.

Al ganar tiempo, España ha podido aprobar los cambios en el seguro de desempleo como decreto ley. Ahora empieza el análisis oficial de la Comisión de esa reforma, aunque en realidad ese examen ya está en marcha porque los técnicos del Gobierno español y de Bruselas están en contacto permanente. Por eso, más allá de la respuesta oficial de “las próximas semanas”, lo lógico es que el visto bueno llegue en poco tiempo. Después la evaluación debe ser respaldada por los Estados miembros en el Consejo de la UE, que autorizarán a la Comisión a realizar el desembolso, que Madrid confía en que sea prácticamente completo.

Fuentes del Ejecutivo español asumen una reducción pequeña, que no cuantifican, por el incumplimiento de un hito: el programa de contratación de agentes del cambio. Esto sería posible porque en las últimas semanas se han desatascado otros elementos que hasta ahora estaban encallados, como las exigencias de seguridad en la red 5G.

Los plazos del plan de recuperación siempre han sido más bien orientativos o indicativos, como apuntan fuentes comunitarias sobre este caso concreto. Las fechas concretas, en principio, no se han seguido a rajatabla. La reforma del subsidio era uno de los hitos “relevantes” de este tramo, como ha apuntado una portavoz de la Comisión. Todavía lo era más de la pensiones. Al haber sido tumbada en el Congreso por Podemos, el PP y Vox en el primer intento de sacarla adelante, todo indicaba que el dinero correspondiente a ella se reduciría signifien la cantidad que determinaran los técnicos de Bruselas.

Una negociación accidentada

Desde que empezó su andadura como ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha sometido al diálogo social prácticamente todas las normas que después ha llevado al Consejo de Ministros. Así hizo con la reforma laboral o con las sucesivas subidas del salario mínimo. Sin embargo, la reforma del subsidio aprobada en diciembre no se negoció ni con sindicatos ni con patronal, precisamente por los plazos que imponía la recepción de fondos. La conversación se limitó al ministerio de Economía, aún dirigido por Nadia Calviño, y por el de Trabajo. Fue un nuevo choque público entre los departamento, con cruce de reproches incluido, el último antes de que Calviño tomase la riendas del Banco Europeo de Inversiones.

Finalmente hubo acuerdo y se trasladó el Boletín Oficial del Estado, pero la reforma decayó por su fracaso en el Congreso de los Diputados. El voto contrario decisivo fue el de Podemos, que rechazaba la rebaja de la base de cotización de los beneficiarios mayores de 52 años (del 125% al 100%). La norma aprobada este martes sí mantiene la base de cotización en el 125%. Además, eleva la mayoría de cuantías de 480 a 570 euros, protege a más colectivos y generaliza la compatibilización del sueldo y la prestación. Este nuevo planteamiento sí goza del aval de los sindicatos, pero no de la patronal. Los empresarios critican que no hubo una negociación como tal, sino una mera consulta in extremis. “Es el último hito del componente 23 y formaba parte de los compromisos del Gobierno de España con la Comisión Europea. Es una norma clave”, dijo Díaz este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La norma, en forma de decreto-ley, se enfrentará próximamente de nuevo al trámite parlamentario.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal