Díaz anuncia que negociará con sindicatos y patronal la reforma del subsidio y que cerrará el incremento del SMI este viernes

El Congreso de los Diputados tumbó el miércoles por la tarde la reforma de los subsidios de desempleo. Solo unas horas después, este jueves, Yolanda Díaz ya ha anunciado el nuevo camino para que la norma sí fructifique: la someterá al diálogo social con “carácter urgente”. A diferencia de la mayoría de las normas impulsadas por el Ministerio de Trabajo en los últimos años, esta no había sido negociada con sindicatos y patronal por la urgencia de aprobarla antes de que terminase el año. Además, la ministra ha anunciado que el viernes cerrará el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Una vez que la patronal ha confirmado que no participará en ese pacto, es previsible que suba por encima del 4% inicialmente propuesto por Trabajo —lo que lo aumentaba de 1.080 euros mensuales brutos en 14 pagas a 1.123— y ascienda en torno a un 5%, en línea con la postura de los sindicatos.

“Hoy les anuncio que este viernes vamos a cerrar la mesa de diálogo social en torno al salario mínimo interprofesional”, ha dicho Díaz en Namur (Bélgica), en el Consejo de Ministros informal de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO). “En cuanto ese trabajo de subida del salario mínimo que vamos a presentar el viernes se produzca”, ha agregado Díaz, “convocaremos con carácter urgente a los agentes sociales para, ahora sí, trabajar de nuevo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país”, ha añadido, en referencia a los cambios en los subsidios.

Es decir, esta vez, en lugar de afinar la reforma solo en el seno del Gobierno —mano a mano entre Economía y Trabajo—, la conversación se abrirá a los agentes sociales. “Como saben ustedes, esta es la única reforma que no pudimos someter al diálogo social. Solo pudimos consultarles por una razón de responsabilidad. Teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos faltaba en el Ministerio de Trabajo para recibir el desembolso de 10.000 millones de euros y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Por esta razón no pudimos negociarla con agentes sociales”, ha justificado. Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que esta negociación se dará sin prisa, dando tiempo a las partes a llegar a un entendimiento.

El acuerdo entre el departamento de Díaz y el que entonces dirigía Nadia Calviño fue muy difícil. Tanto que incluso hubo reproches cruzados. Finalmente hubo cesiones de las dos partes y se llegó a un consenso defendido tanto por Economía como por Trabajo.

Las líneas maestras de la reforma eran el aumento de la mayoría de las cuantías, de los 480 euros actuales a 570 en los seis primeros meses y a 540 en los seis siguientes. Después de un año, la prestación se quedaría en esos 480 euros, los mismos que seguirían aplicando durante todo el periodo para los parados de más de 52 años. Estas nuevas cuantías no iban a entrar en aplicación hasta junio, así que de momento no hay cambios en las prestaciones de estas personas vulnerables. Además, la reforma pactada por Economía y Trabajo permitía compatibilizar el empleo y parte del subsidio hasta un máximo de 180 días, eliminaba el mes de espera para recibir la ayuda, simplificaba las tipologías y reforzaba el control de requisitos para percibirlas.

Insuficiencias

Los sindicatos, habituales socios de Díaz en sus políticas laborales, fueron críticos con la ausencia de negociación al respecto. En un comunicado conjunto, UGT y CC OO ya expresaron qué puntos de la reforma les parecían mejorables: “Hemos señalado algunas insuficiencias relacionadas con el acceso al subsidio cuando se procede de un empleo a tiempo parcial, o la insuficiente ampliación a las personas de menos de 45 años al mantener la limitación a quienes hayan agotado una prestación contributiva de 360 días. A esta valoración ya realizada, habría que añadir nuestra disconformidad con la paulatina reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años, que en la actualidad es el 125% de la base mínima vigente cada año”.

Ese último punto es precisamente el que ha utilizado Podemos como argumento para votar en contra de la reforma, al contrario que el resto de los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del Gobierno. En Trabajo defienden que el recorte no es tal, dado el incremento del 47% del salario mínimo (que regula esa mencionada base mínima) en los últimos años. Explican que la cotización del 125% era un “parche para compensar” el SMI “tan bajo” anterior a 2018. “No solo es que se haya suplido el 25% de cotización adicional que tenía el subsidio por desempleo de 52 años, sino que el salario mínimo es un 50% más alto. Antes se producían escenarios ridículos en los que había personas que cotizaban más cobrando el subsidio que trabajando. Ahora se garantiza una cotización suficiente gracias a que por fin hay un salario mínimo decente”, indican.

Díaz dijo el miércoles que estaba dispuesta a aceptar cambios en este aspecto y que incluso se comprometió con el BNG (que expresó una posición parecida a la de Podemos) a aceptarlos. El partido gallego finalmente votó a favor del decreto, pero no los cinco diputados que hasta principios de diciembre formaban parte del grupo parlamentario de Sumar.

“Podemos ha golpeado a los trabajadores de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y el PP”, ha añadido Díaz. La secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que la negativa de su partido se debe a que el Gobierno intentó “colar un recorte” en un decreto en el que también incorporaba “mejoras”, de forma que proponía un “trágala” para después decir “si quieres mejoras, te tienes que comer el recorte”. En una entrevista en RNE recogida por Efe, Montero ha rechazado el “recorte” de las pensiones a los mayores de 52 años y ha trasladado la disposición de su formación a apoyar un nuevo texto si no se incluye este apartado.

Camino hasta la aprobación

Una vez se cierre la negociación en torno a los subsidios entre Trabajo y los agentes sociales, sea cual sea el acuerdo, también deberá recibir el refrendo del resto del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados. La mayoría de las normas acordadas en el diálogo social, ya sea solo con los sindicatos (como la segunda parte de la reforma de las pensiones) o también con los empresarios (como la reforma laboral), acabaron siendo aprobadas durante la pasada legislatura. Solo hay un ejemplo de acuerdo oficial entre sindicatos y Trabajo que no llegó a materializarse, el estatuto del becario, al que se opuso frontalmente el Ministerio de Economía.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Economía para conocer su posición respecto a un hipotético cambio en el texto que acordó con Trabajo, pero de momento desde este departamento prefieren no pronunciarse. Es previsible que esta vez el Gobierno opte por tramitar la reforma de los subsidios como proyecto de ley, que permite la presentación de enmiendas, en vez de como decreto.

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