Adeslas vuelve a Muface y pone así punto final al culebrón de la mutualidad

Adeslas va a seguir prestando asistencia sanitaria a los funcionarios. La aseguradora ha comunicado hoy su decisión de acudir al nuevo concierto de Muface, que estará vigente entre 2025 y 2027. La compañía, que lleva en el convenio de esta mutualidad administrativa desde sus orígenes, es la que más empleados públicos escogen para recibir atención médica. Su negativa a participar en una primera licitación —junto con las de Asisa y DKV, que todavía tienen que aclarar si también acudirán o no— había generado una gran incertidumbre entre el millón de funcionarios que está cubiertos por Muface.

La licitación pública ha fijado como plazo máximo hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas se presentasen al nuevo convenio. Las otras dos compañías que han estado presentes en el concierto previo —prorrogado forzosamente para seguir atendiendo a los funcionarios— aún no se han pronunciado definitivamente. Asisa (propiedad de una cooperativa de médicos) sí que se ha mostrado muy dispuesta a mantenerse en Muface. DKV (controlada por el gigante alemán Munich Re) “sigue analizando los pliegos”, según explican desde la entidad, pero parece más reticente a aceptar la nueva propuesta.

SegurCaixa Adeslas, una compañía que es propiedad en un 50,1% del grupo Mutua Madrileña y en un 49,9% de CaixaBank, explica que se presentará al concierto 2025-2027 de Muface después de constatar que, con los cambios realizados por la Administración —que supusieron mejorar la prima media del convenio anterior en un 41,2%— “se puede configurar un modelo viable que le permite dar continuidad al servicio sanitario de los funcionarios de Muface durante los próximos tres años“.

La aseguradora ha confirmado que continuará ofreciendo sus servicios sanitarios a más de dos millones de beneficiarios (que incluye a funcionarios y a sus familiares directos), tanto de Muface como de las otras dos mutualidades para funcionarios: Isfas, para guardias civiles y militares; y Mugeju, para el personal de la Administración de Justicia. “Esto confirma que siempre hemos estado a favor de este modelo por los beneficios que ofrece a los funcionarios públicos y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario”, apuntan en la entidad.

El modelo Muface consiste en que esta mutualidad para empleados públicos (profesores, en un 66%) permite a sus mutualistas escoger cada año si quieren recibir atención sanitaria pública o a través de las aseguradoras concertadas. El Estado —por medio del Ministerio de Función Pública— paga cada año una aportación para contratar a las compañías de seguros. Para los próximos tres ejercicios, el presupuesto es de 4.800 millones de euros. El sistema lleva 50 años funcionando pero, en los últimos años, operando bajo una permanente denuncia infrafinanciación.

En esta ocasión, el modelo ha estado a punto de descarrilar porque ninguna aseguradora quería presentarse, al considerar que la propuesta inicial (con una subida del 17%) era totalmente insuficiente para cubrir los costes que le genera el servicio a los beneficiarios de Muface. Además, el Ministerio de Sanidad —controlado por Sumar y con vocación de marcar perfil propio dentro de la coalición de gobierno con el PSOE— publicó un informe en el que se defendía que era “viable y razonable” que los mutualistas de Muface pasaran a ser atendidos exclusivamente por el Sistema Nacional de Salud. Función Pública llegó a hacer una propuesta intermedia, con un incremento del 33%, pero tampoco logró seducir a las compañías de seguros.

Además de la mejora económica, también ha sido clave para decantar la decisión de Adeslas, el reconocimiento expreso por parte de Muface de que las aseguradoras que participen en el nuevo concierto podrán solicitar una compensación de pérdidas en caso de que sufran una “desviación presupuestaria significativa”.

Aunque el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, con Óscar López al frente, siempre trasladó el mensaje de que al final las aguas volverían a su cauce, el colectivo funcionarial ha vivido casi cinco meses de zozobra, al no saber si podrían mantener su modelo de atención médica. Fuerzas sindicales de todo signo, desde los sindicatos mayoritarios como CC OO y UGT, a centrales especializadas en empleados públicos, como Cesif o UPA (de la Policía Nacional) han realizado todo tipo de movilizaciones para reclamar al Gobierno y al sector asegurador que alcanzaran un acuerdo.

Con la garantía de la vuelta de Adeslas a Muface, el futuro de la mutualidad parece plenamente asegurado, al menos en los próximos tres años. Asisa se mostró dispuesta a volver con un incremento del 33%, siempre que Adeslas también acudiese al concierto. De hecho, con la última mejoría, varias compañías que llevaban años alejadas de este modelo —como Sanitas, Mapfre y AXA— están analizando el pliego, aunque desde el sector se ve muy improbable que decidan presentarse.

En el convenio 2021-2024, casi el 30% de los funcionarios optaron por ser atendidos por medio de Adeslas. Un 24% optó por Asisa y por DKV un 13,5%. El resto se decantó por la sanidad pública. En los últimos años, cada vez más empleados públicos jóvenes optan por esta última opción.

Una vez que venza el plazo para presentarse al convenio y Muface sepa con que aseguradoras puede contar empezará una nueva batalla económica. Las compañías de seguros que se presenten firman convenios para la prestación sanitaria con grupos hospitalarios y cuadros médicos. Estos están reclamando desde hace años una mejoría en la compensación que reciben por dar servicio a los asegurados de Muface. Igancio Guerrero, presidente de una asociación de médicos autónomos (Unipromel), explica que “los baremos que cobramos de las aseguradoras son vergonzosos” y asegura que lucharán “con todo” para mejorarlos.