El concierto de Muface queda desierto y deja en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios

El concierto de Muface que ofrece atención sanitaria a 1,49 millones de funcionarios y familiares ha quedado desierto. Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban este servicio, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse al nuevo convenio (vigente en el periodo 2025-2026) al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio. Muface va a buscar fórmulas legales para poder seguir dando a los funcionarios las prestaciones de salud en las mismas condiciones y así evitar que todos los beneficiarios de la mutualidad acaben en una saturada sanidad pública. El Gobierno realizará una licitación. Nunca antes el concierto había quedado desierto, a falta de menos de dos meses de que entre en funcionamiento.

Desde el ministerio de Función Pública se explica que ahora se lanzará una nueva licitación, en la que se supone que habrá una nueva mejora económica. Desde el sector asegurador se recuerda que la atención a Muface lleva muchos años infrafinanciada, lo que ha provocado ya la salida de otras compañías como Mapfre, Caser o Sanitas.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) garantiza la cobertura de salud a todos profesores (de infantil, primaria, secundaria y universidades), a los inspectores de Hacienda y de Trabajo, a la Policía Nacional... Todos estos colectivos llevan desde el 2 de octubre pendientes de qué pasaba con este concierto, después de que las aseguradoras que estaban en el actual concierto se marcharan de una reunión por la discrepancias económicas con el Ministerio de Función Pública, la administración encargada del asunto. Las fuertes subidas de precios de 2022 y el aumento de las consultas médicas habían convertido a este servicio en una fuente constante de pérdidas.

Los funcionarios que están cubiertos por Muface cada año podían decidir quién les va a dar asistencia sanitaria: una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada. En concreto, en 2024 un 34% optó por Adeslas, un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. El restante 28% optó por la sanidad pública. A partir de ahora, todo el colectivo tendrá que acudir al sistema público de salud, gestionado por las Comunidades Autónomas.

En el comunicado enviado por DKV donde explica por qué no acuden al concierto, la compañía argumenta que, de haberlo hecho, habrían sufrido unas pérdidas de 77 millones de euros. Las tres aseguradoras implicadas calculaban que con el último concierto (2021-2024) habían perdido en conjunto 600 millones de euros, puesto que las aportaciones del Estado por funcionario eran insuficientes. Reclamaron entonces una mejora en la dotación económica del 40%. El Gobierno publicó unos pliegos de contratación con una subida del 17%, pero incluso este fuerte incremento no ha bastado para que Adeslas, DKV y Asisa decidieran presentarse.

Adeslas —controlada en un 50,1% por el Grupo Mutua Madrileña y en un 49,9% por CaixaBank— explica en un comunicado que sí que se acudirán al concurso de otras dos mutualidades de funcionarios de menor tamaño: Isfas, que da servicio a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, y tiene 591.000 beneficiarios; y Mugeju, que atiende a jueces, fiscales y otros funcionarios de la Administración de Justicia. DKV ha explicado que no acudirá al concierto de Muface ni al de Mugeju.

Mientras tanto, Asisa sí que estará en el concierto de Mugeju y también en el de Isfas. Esta aseguradora considera que en el caso de Muface “las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial”. También argumentan que las coberturas que les piden “son más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS)”. En su caso, la retirada de Adeslas y DKV ha sido clave para que continuaran y aseguran que, si lo hubieran hecho “se habría puesto en serio riesgo la solvencia de nuestra compañía”.

Respecto a las coberturas, en el pliego de condiciones se recogían alguno servicios sanitarios que no estaban en el anterior convenio. Es el caso de cierta atención bucodental, algunas terapias experimentales para combatir el cáncer o tratamientos de infertilidad.

¿Y ahora qué?

Fuentes del Ministerio de Función Pública, encabezado por Óscar López, defienden que la situación está controlada y que la ley de Contratos del Sector Público les brinda herramientas suficientes como para garantizar que las aseguradoras privadas van a seguir prestando el servicio como hasta ahora. “Todos los mutualistas de Muface, tanto los titulares como los beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales”, explica la mutualidad en un comunicado.

La normativa prevé que las compañías que hasta ahora participaban en el convenio 2021-2024, aunque no participen en el futuro, tendrán que seguir presentando los servicios sanitarios a su cartera de mutualistas de Muface durante un mes, en el caso de afecciones sencillas, y tres meses si se trata de personas que tienen una enfermedad que requiere un seguimiento más estrecho.

De acuerdo con fuentes sectoriales, el Gobierno podría intentar forzar una prórroga del contrato actual durante nueve meses, aunque el servicio esté en pérdidas. La normativa prevé que el órgano de contratación puede acordar la prolongación del contrato que será “obligatoria para el empresario” dentro de unos plazos y siempre que las características del contrato “permanezcan inalterables”.

“Sería intolerable y afectaría muchísimo a nuestra cuenta de resultados, por lo que nos obligaría a acudir a los tribunales para reclamar una indemnización”, apuntan desde una de las aseguradoras que hasta ahora estaban en Muface.