Claves sobre el convenio de Muface: ¿a cuántas personas afecta? ¿qué pasará ahora?

El concierto de Muface, que ofrece atención sanitaria a funcionarios y sus familiares, ha quedado desierto. Las aseguradoras que hasta ahora prestaban este servicio, Adeslas, Asisa y DKV, han optado por no presentarse al nuevo convenio (vigente en el periodo 2025-2026) al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio. A partir de ahora, Muface buscará alguna fórmula legal para poder seguir dando a los funcionarios las prestaciones de salud en las mismas condiciones y evitar que todos los beneficiarios de la mutualidad acaben en la sanidad pública. Es la primera vez que pasa esto con una renovación de convenio, a menos de dos meses de que caduque el actual.

¿Qué es Muface?

Son las siglas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social a los funcionarios públicos adscritos. Los trabajadores que están cubiertos por Muface cada año podían decidir quién les va a dar asistencia sanitaria: si una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada. En concreto, en 2024 un 34% optaron por Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank), un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV (propiedad del gigante alemán Munich Re). El restante 28% optó por la sanidad pública.

¿A cuántas personas afecta?

Muface gestiona ahora el seguro de salud de 1,49 millones de personas: todos son empleados públicos —en activo y jubilados— o familiares de estos. Engloba a funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado, incluyendo los de cuerpos específicos como los diplomáticos, los inspectores de Hacienda y de Trabajo, o la Policía Nacional. También cubre a trabajadores públicos de comunidades autónomas, sobre todo a docentes de educación primaria, secundaria y universitaria. Todos estos colectivos llevan pendientes desde el 2 de octubre de qué pasaba con el concierto. Ese día, las aseguradoras que actualmente se encargan de la prestación se marcharon de una reunión con el Ministerio de Función Pública por discrepancias económicas respecto al nuevo concierto.

¿En qué consiste el concierto?

Para que Muface pueda prestar sus servicios, la secretaría de Estado de la Función Pública publica cada dos o tres años un concurso al que se pueden presentar aseguradoras de salud. Como contraprestación, las mutualidades abonan a las entidades concertadas una prima por persona protegida. En el último convenio, el pago medio fue de 984 euros al año por beneficiario. De acuerdo con cálculos de la Fundación IDIS, vinculadas a las aseguradoras, el coste por ciudadano en el sistema público es de 1.608 euros.

El concierto abarca la atención primaria, la especializada, atención de urgencia y emergencia, programas preventivos, cuidados paliativos, rehabilitación, salud bucodental, prestaciones farmacéuticas y con productos dietéticos, transporte para la asistencia sanitaria y otras prestaciones. Además, por primera vez se tiene en cuenta en el cálculo del concierto el déficit de tarifa. Es decir, la diferencia entre primas abonadas y coste sanitario en el que han incurrido las entidades.

¿Por qué ha quedado desierto?

El gran obstáculo para renovar el convenio es económico. Las tres aseguradoras implicadas (Adeslas, Asisa y DKV) calculaban que con el último concierto (2021-2024) habían perdido en conjunto 600 millones de euros, puesto que las aportaciones del Estado por funcionarios eran insuficientes. Reclamaron entonces una mejora en la dotación económica del 40%. El Gobierno accedió a una subida de la prima de un 17%, pero no fue suficiente para que Adeslas, DKV y Asisa decidieran presentarse. DKV ha explicado en un comunicado por qué no acuden al concierto. La compañía argumenta que de haberlo hecho, habrían sufrido unas pérdidas de 77 millones de euros. Por su parte, Asisa ha explicado que si se presentaran, las pérdidas podrían hacer quebrar a la compañía.

No es la primera vez que el sector asegurador alerta que la atención a Muface lleva muchos años infrafinaciada. Este hecho ha provocado ya la salida de otras compañías como Mapfre, Caser o Sanitas. Las fuertes subidas de precios de 2022 y el aumento de las consultas médicas habían convertido a este servicio un reguero de números rojos.

¿Cómo se han disparado tanto los costes?

Justo después de que se firmara el último convenio en 2021, la inflación se desbocó como no se veía en más de 30 años. Así que el 10% de subida pactado, que en teoría debería cubrir la infrafinanciación previa, quedó sobrepasado casi inmediatamente, según explicaba en 2022 el consejero delegado de DKV.

Al encarecimiento de los suministros hospitalarios, de la electricidad o de los sueldos se añade un incremento de la utilización de servicios médicos. “Desde la pandemia ha aumentado mucho el cuidado de la salud, y hemos notado un fuerte aumento de la frecuencia en el recurso de la atención médica”, apuntan en Adeslas. También ha habido algunos tratamientos que quedaron pospuestos por el coronavirus y que se han realizado en los años posteriores.

¿Por qué siguen en el negocio si pierden dinero?

A Adeslas, DKV y Asisa les interesa estar en Muface por una cuestión de volumen. Es una cartera de más de un millón y medio de personas a repartir entre tres (cuatro si se cuenta con la sanidad pública). Participar en el convenio les permite tener una masa crítica y una capilaridad que sería difícil adquirir cliente a cliente. Esto es especialmente relevante en plazas medianas y pequeñas, donde dar servicio a funcionarios hace que la presencia de la aseguradora tenga sentido. Desde el sector apuntan que si se salieran todas del convenio, “habría muchas clínicas privadas de capitales de provincia que tendrían comprometida su viabilidad”.

¿Qué puede pasar ahora?

El Ministerio de la Función Pública ha tratado de calmar a los funcionarios, asegurando que todo va a seguir como hasta ahora. Su primera idea es lanzar una licitación exprés, con una mejoría económica, que atraiga a las compañías que ahora no se quieren presentar. Si eso no funcionara, también se plantea utilizar un recurso previsto en la ley de Contratos Públicos, que contempla la prórroga forzosa en casos de servicios esenciales. Esta ampliación podría durar nueve meses.

¿Hay otras partes implicadas?

La situación en Muface es muy similar a la que tienen otras dos mutualidades de funcionarios: Isfas, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil; y Mugeju, de jueces, fiscales y otros empleados de la Administración de Justicia. La primera abarca a cerca de 500.000 beneficiarios y la segunda a 91.000 (los tres organismos suman 2,14 millones de beneficiarios de este régimen de colaboración público-privada). En el caso de Isfas y Mugeju, la fecha tope para presentarse al convenio es el 8 de noviembre.

Lo que pasa con Muface —así como con Isfas y Mugeju— puede tener repercusiones entre muchos otros actores. En un principio, los adscritos que optaban por la atención privada ahora tendrán que acudir a la pública, lo que puede provocaría un incremento de la presión asistencial en hospitales y centros de atención primaria gestionados por las comunidades autónomas. La incertidumbre de los funcionarios ya ha causado un repunte de las consultas a seguros privados.

Todos los sindicatos generales y de funcionarios, junto con asociaciones de jueces, militares o guardias civiles, han mostrado su profunda preocupación por la falta de aseguradoras candidatas a cubrir el nuevo concierto de Muface. La tensión sobre la renovación del convenio también afecta a los proveedores de atención médica: hospitales privados, clínicas, centros de diagnóstico, facultativos autónomos. La viabilidad de algunas clínicas y hospitales pequeños quedaría en entredicho, porque dependen de los funcionarios de Muface.