Muface da hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras decidan si aceptan la mejora económica del 41,2%

La Plataforma de Contratación del Sector público ha publicado este viernes las modificaciones en el pliego de contratación del nuevo convenio de Muface, que dará cobertura sanitaria a 1,53 millones de funcionarios y a sus familiares. De acuerdo con el documento, las aseguradoras tendrán hasta el 4 de marzo para decidir si aceptan las nuevas condiciones, que contemplan una mejoría económica del 41,2% respecto al convenio 2021-2024, aún vigente gracias a una prórroga forzosa.

De las tres compañías de seguros que hasta ahora daban estos servicios médicos a los mutualistas, Adeslas y Asisa ya se han mostrado proclives a presentarse, aunque quieren analizar a fondo la nueva formulación del pliego. Mientras, DKV se ha mostrado más reticente, aunque va a volver a analizar la posibilidad de continuar.

Las tres aseguradoras han estado muy remisas porque en el convenio 2021-2024 aseguran haber perdido 600 millones de euros, debido a la infrafinanciación por parte de la Estado. El convenio de Muface permite que cada año un millón de funcionarios (sobre todo profesores de colegios, institutos y universidades públicas) decidan si quieren ser atendidos a través de una aseguradora privada o vía sanidad pública. Para pertenecer a Muface hay que pagar una cuota anual, pero casi el 90% de lo que paga la mutualidad a las aseguradoras viene de una aportación del Ministerio de Función Pública.

En noviembre, cuando el Gobierno hizo el primer intento de licitar el nuevo convenio 2025-2027, en el que se contemplaba una mejoría del 17% en la prima que reciben las compañías participantes, ninguna aseguradora se presentó. El Ejecutivo trató de maniobrar, forzó una prórroga del convenio actual y planteó una segunda licitación, con una mejora del 33%, pero Adeslas y DKV dijeron que por ese importe tampoco se presentarían.

Ahora las aguas parecen volver a su cauce gracias a un desembolso de casi 5.000 millones de euros —en tres años— con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para volver a seducir a un sector asegurador que se ha declarado harto de perder siempre dinero con la prestación sanitaria a funcionarios. De esta forma, el presupuesto se amplió casi 1.000 millones más que en la primera licitación previa, aunque no se ha reducido el plazo de desembolso a dos años, tal y como pedía el sector asegurador.

En concreto, el importe total del presupuesto del contrato, una vez modificado el precio, asciende a 4.808 millones de euros, 1.276 millones de euros más que el concierto 2021-2024, teniendo en cuenta que en dicho importe se incluyen las cantidades abonadas por la continuidad del servicio durante estas primeras semanas de 2025.

Desde el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública se subraya que los mutualistas de Muface, tanto los titulares como los beneficiarios, “continuarán recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales, en virtud de las órdenes de continuidad del servicio”. Sin embargo, el sindicato CSIF va a denunciar a Adeslas, Asisa y DKV, ante la Fiscalía, al considerar que están desatendiendo a este colectivo, para así presionar al Gobierno para que mejorara su oferta para el nuevo convenio.

Fuentes cercanas al ministro de Función Pública, Óscar López, explican que en el departamento “están muy tranquilos” y “muy confiados en que se presentarán las aseguradoras suficientes” como para garantizar una correcta cobertura sanitara para los mutualistas de Muface.