CSIF demandará a DKV, Asisa y Adeslas ante la Fiscalía por desatender a los mutualistas de Muface

El sindicato de funcionarios CSIF prevé registrar el próximo lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra las aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa. Según ha informado la central sindical este viernes, la demanda se produce por la supuesta suspensión de la asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface. El concierto económico entre este organismo público, dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública y encargado de prestar asistencia sanitaria y social a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, y las citadas aseguradoras se ha prorrogado hasta finales de marzo, por lo que el colectivo debería seguir siendo atendido sin ninguna incidencia.

Sin embargo, CSIF señala que “recibe diariamente centenares de quejas de mutualistas a quienes se les están anulando citas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas, lo que provoca que 1,5 millones de personas, entre mutualistas y beneficiarios, vivan en una situación permanente de incertidumbre”. El secretario de acción sindical del sindicato, Francisco Lama, y una persona afectada por una prueba diagnóstica de cáncer que ha sido cancelada acudirán este lunes a registrar la demanda a la Fiscalía.

El concierto sanitario con Muface debería haberse renovado antes del 31 de diciembre de 2024 pero la licitación quedó desierta, al considerar las aseguradoras que el presupuesto ofrecido por el Gobierno era insuficiente y les hacía mantener los números rojos que ya venían registrando por la asistencia a los funcionarios. El Ejecutivo elevó su oferta pero tampoco convenció a las aseguradoras. En esta circunstancia, el Gobierno prorrogó hasta marzo de 2025 el actual concierto con las tres compañías, debido al carácter trascendental de la asistencia sanitaria al colectivo.

pEn plenas fiestas de Navidad, el Ejecutivo optó por alargar los plazos para la presentación de propuestas hasta el 27 de enero. Pero 48 horas antes de esa fecha, Muface comunicó que “dejaba sin efecto el plazo de presentación de ofertas” para tener más tiempo y así poder “modificar las condiciones de la segunda licitación”. Así, sin una fecha tope concreta en el horizonte —más allá de su prórroga hasta marzo y una posible posterior hasta septiembre que permitiría la ley de Contratos Públicos—, el Ejecutivo sigue manteniendo conversaciones informales con el sector. De hecho acaba de publicar, este mismo viernes un nuevo pliego de condiciones para que decidan las aseguradoras.

Mientras tanto, el sindicato ha anunciado que sigue sin conocer los detalles el nuevo concierto sanitario que estaría intentando sacar adelante el Gobierno. Por ese motivo, CSIF mantiene la jornada de huelga convocada para el jueves 13 de febrero. La convocatoria afecta a casi 600.000 funcionarios de toda España en diferentes ámbitos: personal docente (tanto el dependiente de las comunidades autónomas como el universitario); a los trabajadores de los centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros); y al personal funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos, aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga. El sindicato policial Jupol apoya la convocatoria de este paro.