Adeslas se abre a volver a Muface tras permitir el Gobierno la compensación de pérdidas

El puzzle de Muface empieza a encajar. El Gobierno ha enviado un comunicado en el que se explica que va a ampliar el plazo para la presentación de ofertas para las aseguradoras interesadas en ofrecer prestación sanitaria a 1,53 millones de funcionarios y familiares. El mercado interpreta este movimiento como un gesto más para conseguir atraer a Adeslas, la mayor compañía de seguros de salud de España. Desde la compañía se muestran proclives a volver al concierto. Adeslas parece que vuelve al redil.

La fecha tope para la presentación de propuestas de cara a la nueva licitación de Muface acababa el lunes a las 11 de la mañana. Era la tercera bola de partido que trataba de salvar el Ejecutivo para mantener este sistema de colaboración público-privada por el cual se ofrece a un millón de empleados públicos, sobre todo profesores, la posibilidad de elegir cada año si quieren recibir atención sanitaria pública o privada.

En la primera ocasión, el ministerio de Función Pública mejoró la retribución que perciben las compañías de seguros por ofrecer esta cobertura sanitaria a los funcionarios un 17% para el periodo 2025-2027, pero Adeslas, Asisa y DKV, que hasta entonces estaban participando en el convenio, descartaron acudir. La licitación quedó desierta. En una segunda ocasión, el Gobierno llegó a proponer una mejora del 33%, pero tanto Adeslas como DKV dijeron que no podían acudir. Ambas aducen que han perdido mucho dinero con el convenio aún vigente, 2021-2024, y que, a pesar del esfuerzo presupuestario, no podrían salir de pérdidas. La oferta de Muface supondría pagar cerca de 4.500 millones de euros en tres años a las compañías de seguros que participaran en el concierto, 1.000 millones de euros más que el convenio anterior.

A pesar de la negativa, y de que Asisa quedara como la única entidad que permanecía en la carrera, el Ejecutivo mantuvo un canal de comunicación, sobre todo con Adeslas, para tratar de que recapacitara. La principal baza que podían ofrecerle es crear alguna fórmula para compensar pérdidas pasadas y tratar de evitar los posibles números rojos futuros.

Fuentes de Adeslas reconocen que la compañía “ha estado manteniendo a lo largo de esta pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública”. Fruto de estas conversaciones, “se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface”.

En la entidad —controlada en un 50,1% por Mutua Madrileña y en un 49,9% por CaixaBank— explican que si los avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración, “la compañía reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface”.

Fuentes del mercado apuntan que el acuerdo para la vuelta de Adeslas está prácticamente cerrado. Eso permitiría que Asisa no acudiera sola al concierto, una opción sobre la que había serias dudas. Si se confirma el regreso de Adeslas, todos los funcionarios cubiertos por Muface podrían seguir eligiendo si quieren optar cada año por una de esas dos aseguradoras o ser atendidos por el sistema público de salud.

La situación de Muface lleva años siendo endiablada. Las aseguradoras se quejan de que el modelo está permanentemente infrafinanciado. Adeslas, Asisa y DKV calculan que en los últimos años han perdido cerca de 600 millones de euros dando servicios sanitarios a los mutualistas. Aún con la subida del 33% propuesta por Función Pública, Adeslas calculaba que seguiría perdiendo cerca de 250 millones en tres años. Y DKV entre 70 y 100 millones de euros.

En el último concierto, la fuerte inflación que provocó la guerra de Ucrania y el encarecimiento del petróleo y las materias primas, unido a un fuerte incremento de la utilización de servicios sanitarios por parte de los empleados públicos, desbarató por completo las cuentas de las aseguradoras que participaban en el concierto. Algunas pedían que en el nuevo convenio las primas se incrementaran al menos un 40%.

En mitad del tira y afloja entre el Gobierno y las aseguradoras se coló también la propuesta del Ministerio de Sanidad —controlado por Sumar— que defendía que era perfectamente “viable y deseable” que todos los beneficiarios de Muface pasaran a la sanidad pública. En cambio, los sindicatos de funcionarios se han mostrado radicalmente en contra de esta posibilidad y han llegado a amenazar con una huelga si no llegaba a haber acuerdo entre Función Pública y aseguradoras. También habían mostrado su preocupación los consejeros de sanidad de las Comunidades Autónomas, que tendrían que ser quienes se encargaran de hacer frente a la absorción de más de un millón de personas en un sistema público ya saturado.

El ministro de Función Pública, Óscar López, lleva tiempo tratando de tranquilizar a los funcionarios. El viernes, durante una entrevista en la emisora de radio Onda Cero, sugirió que el acuerdo para que Adeslas volviera al concierto estaba muy cerca.

El concierto de Muface permite que los profesores de colegios, institutos y universidades públicas, policías nacionales, los funcionarios de prisiones y el personal de los ministerios, puedan escoger cada año si quiere tener una atención sanitaria pública o concertada. En el convenio actual, el 30% de los mutualistas optó por la cobertura del sistema nacional de salud y el resto por la cobertura a través de aseguradoras (un 33% optó por Adeslas, un 24% por Asisa y un 13% por DKV).

El peculiar modelo de colaboración público privada de Muface —y de otras mutualidades administrativas similares, como Isfas para militares, o Mugeju, para jueces y fiscales— es un rompecabezas de difícil solución. Sus defensores argumentan que todo el mundo sale ganando: el Estado, porque puede ofrecer sanidad de calidad a un menor coste por paciente que en el sistema nacional de salud; los funcionarios, porque tienen libertad de elección; las Comunidades Autónomas, que tienen una sanidad pública menos saturada. En cambio, sus detractores subrayan la incoherencia de que los empleados públicos tengan sanidad privada.