Muface se asoma el lunes a su tercer ‘match ball’ en solo 80 días

Hasta hace tres meses poca gente en España sabía qué era Muface, la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado. Al margen del millón de empleados públicos que reciben su atención sanitaria —y la de sus familiares directos— a través de este organismo, los otros 40 millones de españoles no sabían de la existencia de este sistema por el que el Gobierno paga a un grupo de aseguradoras para que ofrezcan cobertura médica a profesores, policías o inspectores de Hacienda. Todo cambió el pasado 5 de noviembre. Ese día vencía el plazo para que las compañías de seguros se presentaran al nuevo convenio sanitario, para el periodo 2025-2027. Ninguna acudió y el concierto quedó desierto por primera vez en los 50 años de historia, bajo el radar, de Muface.

Las tres compañías de seguros que prestaban este servicio, Adeslas, Asisa y DKV, argumentan que cobran muy poco por parte del Estado. Que el aumento de los costes y la mayor demanda de servicios sanitarios ha trastocado sus cuentas. Que en los últimos tres años (2021-2024) han perdido 600 millones de euros atendiendo a funcionarios. De nada bastó que la licitación contemplara una propuesta de subida del 17% en las primas. El Gobierno salvó ese primer match ball (punto de partido) obligando a las compañías a seguir dando servicio hasta abril y recordando que podía llevar esa prórroga forzosa hasta septiembre. Y lanzando una segunda licitación exprés.

En su nueva propuesta, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública (de quien depende Muface) hizo un esfuerzo histórico. Ofrecía a las compañías mejorar un 33,5% la retribución que cobran por atender a los empleados públicos, con lo que la factura se elevaría a casi 4.500 millones de euros para cubrir los tres años. 1.000 millones más que en el convenio anterior. Pero ni por esas. Primero Adeslas y luego DKV anunciaron que no concurrirían al nuevo convenio. A pesar del esfuerzo presupuestario, ambas entidades consideran que en caso de presentarse seguirían sufriendo pérdidas. Asisa se quedaba sola en la carrera.

El plazo para la presentación de ofertas vencía el 15 de enero. El segundo match ball. El Ejecutivo lo libró por la vía fácil, ampliando el plazo de presentación de ofertas en 12 días, hasta el 27 de enero a las 10 de la mañana. Durante las últimas semanas, las conversaciones informales con el sector se han intensificado. Función Pública se ha mostrado proclive a buscar alguna fórmula para compensar las pérdidas pasadas y ponerle tope a las futuras. En una consulta pública planteada por Asisa en la plataforma de contratación pública (donde se tramita la licitación), Muface reconocía que las compañías pueden alegar que “han sufrido una desviación presupuestaria significativa” para reclamar por nos números rojos que han tenido.

¿Vuelve Adeslas?

De hecho, en los últimos días de la semana se ha empezado a escuchar el runrún dentro del sector asegurador de que Adeslas podría replantearse su negativa a participar en la licitación, gracias a esas garantías de compensaciones por pérdidas. El ministro de Función Pública, Óscar López, alentó estas especulaciones el viernes. En una entrevista en Onda Cero se mostró “casi convencido” de que habrá acuerdo para el concierto de Muface. “Yo soy optimista. Estamos trabajando intensamente, estamos hablando, estamos dándole vueltas, buscando una solución (...) Estamos viendo y explorando fórmulas”. López cree que salvará el tercer match ball.

El concierto de Muface permite que los profesores de colegios, institutos y universidades públicas, policías nacionales, los funcionarios de prisiones y el personal de los ministerios, pueda escoger cada año si quiere tener una atención sanitaria pública o concertada. En el convenio actual, el 30% de los mutualistas optó por la cobertura del sistema nacional de salud y el resto por la cobertura a través de aseguradoras (un 33% optó por Adeslas, un 24% por Asisa y un 13% por DKV).

El peculiar modelo de colaboración público privada de Muface —y de otras mutualidades administrativas similares, como Isfas para militares o Mugeju, para jueces y fiscales— es un rompecabezas de difícil solución. Dentro del Gobierno de coalición, el ministerio de Sanidad, controlado por Sumar, ha reclamado acabar con el concierto y que todos los funcionarios pasen en bloque a la sanidad pública. Los sindicatos están en pie de guerra y la central CSIF, mayoritaria entre servidores públicos, ha anunciado que si no hay acuerdo el lunes llamará a la huelga a más de 600.000 funcionarios. Y las consejerías de sanidad de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas controladas por el Partido Popular, temen una avalancha de nuevos usuarios en los hospitales y centros de salud públicos, que colapse un sistema ya muy saturado.

Los defensores del modelo argumentan que todo el mundo sale ganando: el Estado, porque puede ofrecer sanidad de calidad a un menor coste por paciente que en el sistema nacional de salud; los funcionarios, porque tienen libertad de elección; las Comunidades Autónomas, porque así descargan sus redes de centros sanitarios, y los hospitales, clínicas y facultativos privados, porque así tienen acceso a un colectivo que supera los dos millones de personas (sumando Muface, Isfas y Mugeju), que permiten que sean viables muchos proyectos empresariales en localidades de pequeño y mediano tamaño. Lo que falla en la ecuación es la compensación que reciben las aseguradoras, que siempre ha estado muy ajustada. Eso ha hecho que compañías como Mapfre, Axa, Caser o Sanitas optaran hace años por abandonar el concierto.

Quienes critican esta fórmula de colaboración del Estado con el sector privado, subrayan la incoherencia de que los empleados públicos sean atendidos por aseguradoras y hospitales privados, así como la injusticia de que este modelo solo cubra a un tercio de los funcionarios, sobre todo aquellos cuerpos que ya existían en el franquismo.