El Gobierno pagará un 33,5% más por la sanidad de los funcionarios para salvar el concierto con Muface

El Gobierno echa el resto para intentar salvar el concierto de Muface y garantizar así la sanidad concertada de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una autorización presupuestaria para ofrecer una nueva licitación que pagará un 33,5% más a las aseguradoras interesadas en prestar este servicio. En el vigente convenio de prestación sanitaria a empleados públicos estaban las compañías Adeslas, Asisa y DKV, pero las tres habían descartado continuar.

Estas aseguradoras habían considerado insuficiente la mejora ofrecida inicialmente por el Gobierno —del 17%— para cubrir la sanidad del colectivo de trabajadores de las administraciones, por lo que decidieron el pasado 5 de noviembre dejar desierto el concierto de Muface, con lo que la atención sanitaria de 1,5 millones de personas quedó en el aire. Las entidades se quejaban de que en el vigente convenio 2021-2024, habían perdido 600 millones debido a la escasez de las primas que perciben, al fuerte incremento de sus costes y a una mayor siniestralidad.

La autorización presupuestaria contempla que Muface convoque una licitación a tres años, para el periodo 2025-2027, con el mencionado incremento del 33,5% en las primas que cobrarán las aseguradoras. En total, el Gobierno calcula que pagará en estos tres ejercicios 4.478 millones de euros para cubrir la atención sanitaria de los funcionarios cubiertos por Muface, que son mayoritariamente profesores. El importe supera en casi 1.000 millones de euros el que se pagó con el convenio actual.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha explicado tras el Consejo de Ministros que “con esta medida, el Gobierno cumple con el compromiso de impulsar una nueva licitación para Muface antes de que terminara el año”. También ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos afectados, “porque van a seguir pudiendo recibir la prestación sanitaria tal y como la tenían hasta ahora, mientras se sustancia el nuevo convenio”.

A partir de ahora, Muface —que depende del Ministerio de Función Pública— tendrá que publicar la nueva licitación en el portal de contratación del Gobierno. Llegará entonces el momento en que las aseguradoras tendrán que analizar si con las nuevas condiciones les resulta atractivo acudir al concierto. Este proceso está abierto a todas las compañías de seguros de salud que operan en España, aunque solo las mencionadas parecen interesadas. De acuerdo con fuentes sectoriales, Asisa y Adeslas sí que están dispuestas a aceptar la mejoría del 33,5%. DKV, por su parte, tendrá que analizarlo con más profundidad, puesto que prefería convenios anuales y no trianuales, como el propuesto.

Fuentes de Adeslas valoran “el esfuerzo” realizado por el Ejecutivo para mejorar la oferta y aseguran que la estudiarán en los próximos días, una vez que se traslade la propuesta de convenio al Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso sí, recuerdan que ellos pedían más, y apuntan que un convenio a tres años, en lugar de a dos ejercicios como estaba previsto, implica asumir más riesgos “por imprevistos y costes sobrevenidos”. DKV llegó a pedir un incremento del 40%.

La incertidumbre que se generó con la decisión de las aseguradoras de no acudir a este concierto provocó que se pusieran en marcha todas la maquinaria de los Ministerios de Hacienda y Función Pública para trabajar en una nueva oferta de licitación, lo que ha desembocado en la oferta de este martes.

El colectivo de funcionarios se puso en pie de guerra desde el primer momento, saliendo a las calles en varias manifestaciones para exigir al Gobierno una mejora de su oferta para mantener el sistema de atención sanitaria que tienen con Muface. Si bien, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha garantizado en todo momento que habría una nueva licitación de Muface antes de que acabe el año. Como último recurso, desde el ministerio recuerdan que tienen la prerrogativa de forzar una prórroga del convenio y extenderlo hasta septiembre de 2025.

Tras conocerse esta nueva oferta, el sindicato de funcionarios CSIF, que impulsó la última manifestación que tuvo lugar el pasado fin de semana en Madrid para exigir una nueva licitación, ha reclamado prudencia a la espera de conocer el posicionamiento de las aseguradoras que actualmente prestan sus servicios en el concierto. En cualquier caso, han asegurado que “es una buena noticia que se haya elevado la prima para mejorar la atención sanitaria”.

El modelo Muface surgió hace 49 años cuando se agruparon varias mutualidades de funcionarios para ofrecerles una cobertura sanitaria específica. En los años 70 aún no estaba plenamente desarrollada la sanidad pública, por lo que se prefirió mantener la posibilidad de que los servidores públicos pudieran escoger, a través de su mutualidad, recibir prestaciones médicas a través de una aseguradora concertada. El sistema se mantiene en la actualidad y, cada año, los profesores, policías nacionales o funcionarios de prisiones, pueden escoger si quieren atención sanitaria pública o concertada.

El futuro de este peculiar sistema de provisión médica ha causado un importante conflicto dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, controlado por Sumar y dirigido por Mónica García, elaboró un informe en el que defendía que era “viable y razonable” que todos los funcionarios fueran atendidos por la sanidad pública. En cambio, desde las filas socialistas, con un enfoque ideológico distinto, siempre han defendido que el sistema se mantendría tal y como estaba hasta ahora.

Además de Muface, hay otras dos mutualidades de funcionarios que también están en el alero: Isfas, que da servicio a 560.000 militares, guardias civiles y sus familiares directos; y Mugeju, la mutualidad de los jueces, fiscales y demás trabajadores de la Administración de Justicia, con 91.000 beneficiarios. Aunque en la renovación de estos conciertos sí que se presentaron algunas aseguradoras, el proceso se paralizó por una denuncia administrativa por defectos procedimentales.