Unos 35.000 funcionarios exigen financiación para Muface: “No descartamos una huelga en las Administraciones públicas”

Miles de funcionarios convocados por el sindicato mayoritario en la función pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se han manifestado este sábado en Madrid para defender el actual modelo de mutualismo tras el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y las aseguradoras médicas para renovar el actual concierto, que vence a finales de año. Los convocantes han estimado alrededor de 35.000 personas reunidas a las puertas de la Dirección General de Muface en Madrid. Cifra que ha sido reforzada con la asistencia de miembros del sindicato de Policía Jupol y del de la Guardia Civil, Jucil. “No descartamos ninguna medida de presión, incluida una huelga en las Administraciones públicas”, ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra, al tiempo que ha criticado que partidos de Gobierno como Sumar no apoyen la continuidad del sistema.

El convenio por el cual 1,53 millones de empleados públicos y familiares tienen derecho a elegir cada año entre sanidad pública o concertada vence el 31 de diciembre, y las aseguradoras están obligadas a atender a los funcionarios hasta finales de enero. Dada la prisa por encontrar una solución, Borra ha reclamado este sábado desde la tarima que el Gobierno “está jugando con la salud de 1,5 millones de personas”. Asimismo, ha pedido que se haga una licitación “suficiente” y a las aseguradoras que sigan prestando la asistencia mientras esté en vigor el contrato. En este sentido, ha denunciado que Muface está denegando centenares de pruebas médicas y demorando consultas. Una manifestante, María Toledano, exfuncionaria del Ministerio de Industria, asegura que no ha podido agendar una cita con Adeslas desde inicios de noviembre —momento en el que la situación estalló cuando el Gobierno declaró desierto el convenio—. Toledano tiene una enfermedad autoinmune diagnosticada hace dos décadas y le preocupa que el trasvase de los pacientes deteriore la atención. “Tengo médicos que me atienden desde hace más de 20 años ¿Ahora debo contarle todo a uno nuevo?”, se pregunta. “Lo que quieren es que los jubilados nos muramos ya, es un jubiladocidio”, reclama enfadada.

“Esto no se hace, quitarnos a Muface” y ”Muface no te vayas, Muface quédate” han sido algunos de los cánticos entonados por los funcionarios reunidos para rescatar el modelo de atención sanitaria concertada que amenaza con desaparecer. Así lo han reflejado algunos elementos llevados por los manifestantes, además de las banderas y pancartas sindicales, como un ataúd de cartón o una réplica del esqueleto humano en una silla de ruedas, bajo la seña de “muerta de inanición, mutualismo solución”.

A Pedro Herranz, que trabajó en Correos hasta su jubilación, la incertidumbre lo ha llevado a trasladarse desde Fuenlabrada para protestar. Tiene programada una prueba médica para febrero y teme que una espera de dos meses se convierta en muchos más. Siente que esta situación desgasta, “más para los que ya tienen cierta edad”.

Algunos funcionarios han acudido a la convocatoria desde otras comunidades autónomas. Francisco Romero es un profesor de la provincia de Almería que considera que se está atentando contra “un derecho adquirido con un montón de años de trabajo”. Le preocupa ser trasladado al sistema de salud pública, que “ya bastantes problemas tiene”, y teme recibir un atención “menos personalizada”. Ese es otro de los temores de Herranz que, si bien reconoce que “también hay buena atención pública”, la desventaja es que está “muy masificada”.

Por su parte, la vicesecretaria de sanidad y educación del PP, Ester Muñoz, presente en la marcha, ha cargado contra el Gobierno al que ha acusado de “generar un problema donde no lo había” y crear una “situación insostenible” por esta crisis de Muface, alegando que es un “modelo que ha sido positivo” durante los últimos años. “Hay muchos funcionarios, mayores y jubilados incluso, que sienten incertidumbre, que no saben si van a tener que cambiar de médico”, ha asegurado. Mientras, el portavoz de Jupol, Ibon Domínguez, ha secundado ante los medios las declaraciones de Miguel Borra y ha señalado que en el caso de la Policía se registran 10.000 bajas anuales por agresiones, que “se podrían eternizar” en el sistema nacional de salud.

CSIF lleva las quejas a Bruselas

El sindicato de trabajadores públicos ha llevado a Bruselas las “cientos” de quejas que han recibido en las últimas semanas por parte de los mutualistas en las que denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. Estas quejas fueron denunciadas por el sindicato ante el Defensor del Pueblo el pasado lunes y registradas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que los grupos parlamentarios propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los 1,5 millones de mutualistas de Muface. Con la presentación de estas quejas en Bruselas, desde el sindicato buscan que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran los trabajadores públicos y sus familiares asistidos por Muface para que “emprenda las acciones que considere necesarias”.

Las tres aseguradoras que ahora prestan atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40%. Al quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario, especificando las primas fijas que se tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio del nuevo concierto (2025, 2026 y 2027).

La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027. Tras finalizar el plazo de la consulta, Muface ha recopilado las contestaciones presentadas en un informe final en el que indica que las aseguradoras DKV y Asisa no han aportado a Muface “evidencia de costes” sobre el total de la prima que han sugerido a la mutualidad para el nuevo concierto de asistencia sanitaria, mientras que Adeslas no ha participado en dicha consulta preliminar. Con la información recabada en esta consulta, y con este informe, el Gobierno tiene previsto lanzar una nueva licitación para el concierto de asistencia sanitaria privada de los funcionarios de Muface antes de final de año, según ha indicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.