Crisis de Muface: DKV pide un 40% más, Asisa acude a la llamada del Gobierno y Adeslas calla

Tic, tac, tic, tac... El reloj de Muface sigue avanzando. El convenio por el cual 1,53 millones de empleados públicos y familiares tienen derecho a elegir cada año entre sanidad pública o concertada vence el 31 de diciembre. El Ministerio de Función Pública trata de maniobrar, después de que el primer intento de licitación para un nuevo convenio 2025-2026 quedara desierto hace un mes, pese a poner el Gobierno una mejora del 17% encima de la mesa. Tras este desplante, el departamento que dirige Óscar López ha realizado una consulta entre las aseguradoras interesadas para que transmitan qué primas estarían dispuestas a cobrar para seguir ofreciendo esta atención médica.

El plazo acababa el miércoles 4 de diciembre y las respuestas han ido llegando: DKV solo seguirá si hay una renovación al alza del 40,3% y el convenio solo tiene un año de vigencia. Asisa se ha mostrado más conciliadora, aunque no ha trasladado el importe exacto por el que aceptaría acudir al nuevo concierto. Por último, SegurCaixa Adeslas prefiere callar y ni siquiera confirma si ha presentado su propuesta, aunque el sector da por hecho que sí que lo ha hecho.

La premura de los tiempos cada vez es más evidente. Adeslas, Asisa y DKV son las únicas compañías de seguros que seguían dando servicio a Muface (Mapfre, Sanitas o Caser hace años que ni siquiera se presentan). Ante su negativa a continuar, las tres tienen la obligación de seguir ofreciendo cobertura médica a los funcionarios hasta el 31 de enero de 2025. Más allá, el Ministerio de Función Pública se plantea utilizar la figura de la prórroga forzosa del servicio, para extenderlo hasta finales de septiembre. Esto podría desencadenar una batalla legal entre el Ejecutivo y las entidades, que ya se están pertrechando legalmente.

El sector lleva años diciendo que este concierto público está infrafinanciado. Las tres aseguradoras participantes en el vigente convenio calculan que han perdido 600 millones de euros en estos tres ejercicios. Y han dicho basta. La fuerte inflación de 2022 y 2023, unida al mayor uso de servicios médicos y al envejecimiento del colectivo cubierto por Muface han llevado a las entidades a considerar “totalmente insuficiente” la mejoría del 17% propuesta. Esto se traducía en una propuesta de pago a las aseguradoras de 1.337 millones de euros en 2025 y otros 1.344 millones de euros para 2026. Y ni por esas.

Ahora le toca mover ficha a Función Pública, que lanzará una licitación exprés para intentar arreglar la situación antes de final de año. Los plazos son muy ajustados, por lo que se da por hecho que esta misma semana se publicará la propuesta en la plataforma de contratación pública.

Mientras, la presión en torno a Muface no deja de aumentar. Por un lado, sindicatos de profesores (que son el 66% de los mutualistas), funcionarios de prisiones, policías nacionales e inspectores de Educación han convocado movilizaciones el 11 de diciembre. Por otra, desde el Ministerio de Sanidad (controlado por Sumar) se insiste en desmantelar esta fórmula de colaboración público-privada y que mutualistas y familiares pasen a estar atendidos exclusivamente por el sistema nacional de salud.

Dentro de la derivada política de este conflicto, quienes tendrían que asumir la avalancha de nuevos pacientes serían las Comunidades Autónomas, en muchas de las cuales las listas de espera ya están a rebosar. Los consejeros de salud de Andalucía, Castilla y León, Extremadura o Madrid ya han mostrado su preocupación y han llamado al Gobierno a hacer un esfuerzo para que pueda mantenerse la situación actual.

Entre las opciones que baraja Función Pública para el nuevo convenio es que se obligue a los funcionarios a elegir “de una vez y para siempre” si quieren que Muface les ofrezca atención sanitaria pública o concertada a través de aseguradoras. También barajan que el plazo del concierto sea de tres años, aunque DKV lo rechaza de plano porque las posibles pérdidas futuras hasta 2027 se las tendría que anotar contra la cuenta de resultados de 2024.

En paralelo al concierto de Muface, el ministerio de Justicia ha lanzado un convenio similar para sus empleados públicos, a través de la mutualidad Mugeju (91.000 beneficiarios), y el de Defensa el suyo para militares y guardias civiles (560.000 personas). Sanitas y Mapfre, que aún daban servicio a estos colectivos, han decidido no presentarse. Adeslas y Asisa sí que han acudido, pero un tribunal administrativo ha acordado suspender el proceso de adjudicación. En total, hay casi 2,2 millones de servidores públicos que no saben si en un año podrán seguir acudiendo a su médico privado de siempre o tendrán que empezar a ir a un centro de salud o un hospital público.