Sanidad considera que atender en la sanidad pública a todos los funcionarios de Muface es “viable y razonable”

El Ministerio de Sanidad ya trabaja con la posibilidad de que la totalidad de los funcionarios de la mutualidad Muface pasen a ser atendidos en la sanidad pública. En un informe hecho público este lunes, el departamento que dirige Mónica García (Sumar) concluye que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. Las negociaciones para renovar el convenio de Muface entre el Gobierno central y las aseguradoras, sin embargo, no dependen de Sanidad sino del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuyo titular es el socialista Óscar López.

Aún más, Sanidad suaviza el impacto real que tendría el trasvase de pacientes desde la sanidad privada a la pública al señalar que el incremento real de pacientes que pasarían a ser atendidos por las comunidades supondría apenas el 2,12% de media en términos relativos y que, en realidad, estas ya atienden en la actualidad a buena parte de los casos más graves por la llamada “selección de riesgos” que hacen las aseguradoras. Esto significa que los seguros médicos privados tienden a derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender.

Sanidad tiene en cuenta en sus estimaciones que la sanidad pública recibiría nuevos recursos económicos de las cantidades que actualmente van destinadas a pagar las primas de los seguros médicos privados de los funcionarios, una cantidad que asciende a más de 1.300 millones de euros al año según la reciente licitación que quedó desierta al no acudir a ella las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio: Adeslas, Asisa y DKV.

El documento llega después de los últimos episodios que han desencadenado la mayor crisis de la Muface en su medio siglo de historia. Pertenecer a la mutualidad es obligatorio para algunos grupos de empleados públicos como funcionarios de la Administración General del Estado, profesores de secundaria, policías..., que luego tienen la opción de elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o la privada. Además, esta decisión pueden hacerla cada año y es reversible, es decir, es posible volver a la privada tras estar un tiempo en la pública o a la inversa.

El número total de beneficiarios asciende a 1,52 millones de personas, según los últimos datos de Función Pública, de los que 1,06 millones optan por la privada. En este final de año, Función Pública y las aseguradoras médicas que prestaban la asistencia debían renovar el convenio para financiar la cobertura sanitaria de los años 2025 y 2026, pero la licitación quedó desierta porque ninguna compañía se presentó pese a que la prima ofrecida aumentaba un 17,12%.

Ante esta situación, recoge el informe, el Gobierno “tiene ante sí dos opciones: tratar de mejorar la oferta para hacerla más atractiva para las empresas aseguradoras o prorrogar durante 9 meses el concierto actual, como permite la Ley de Contratos del Sector Público, y abordar el tránsito de los mutualistas de Muface a la prestación de servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud”.

Tras analizar la situación actual, en la que destaca el envejecimiento de la población protegida por Muface, el informe de Sanidad entra a analizar lo que supondría la asistencia por la sanidad pública de la totalidad de los funcionarios, lo que representaría “un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública”.

Tras Ceuta y Melilla, donde el fin de la asistencia privada de Muface haría crecer en más del 5% la población atendida por la sanidad pública, las comunidades cuyo sistema sanitario recibiría a más nuevos pacientes en términos relativos serían Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%) y Andalucía (3,02%). Las que menor impacto notarían, en cambio, son País Vasco (0,65%), Navarra (1,00%) y Cataluña y Baleares (1,20%).

“Se pueden establecer tres grupos de comunidades autónomas en función de la composición y proporción de la población a incorporar a sus servicios autonómicos de salud”, sigue el documento. El primer grupo estaría formado precisamente por estas últimas cuatro comunidades y de ellas Sanidad destaca que el incremento que tendrían sería “similar a la del incremento anual de la población que puede afrontar una comunidad autónoma”, es decir, no representaría un gran cambio.

El segundo grupo, formado por aquellas comunidades con una “proporción intermedia de mutualistas de Muface”, está formado por Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja. De todas ellas, Sanidad destaca el caso de Madrid: “Al analizar por grupos de edad [esta región], se observa que todos los grupos de edad [la población protegida por Muface] se encuentran por debajo de la media nacional salvo el de mayores de 65 años, que representa un 4,54% de la cantidad total existente en la actualidad bajo la cobertura del Servicio Madrileño de Salud”.

El tercer grupo estaría formado por las comunidades más afectadas ya mencionadas: Andalucía, Castilla y León, Extremadura, además de Ceuta y Melilla.

Al entrar más al detalle en el perfil de los pacientes atendidos por Muface, Sanidad destaca que, según los datos y estudios disponibles, “hay una fuerte verosimilitud en favor de la hipótesis que señala que las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos que empuja a los mutualistas asegurados con dichas condiciones [más graves y costosas] a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”.

Todo lo anterior lleva a Sanidad a concluir que, en la actualidad, el modelo Muface “no es sostenible” y que la situación provocada por la negativa de las aseguradoras a presentarse al nuevo convenio abre un escenario en el que el fin de este modelo “sea una opción tanto viable como razonable”.

“Esto se produce por la conjunción de dos elementos”, según el documento, “uno puramente coyuntural y otro estructural”. El primero de ellos es “la falta de concurrencia de las aseguradoras privadas a las condiciones ofertadas por el Gobierno de España”. El segundo, el estructural, “es el que se ha ido exponiendo en este documento y que muestra un envejecimiento de la población base de Muface con ausencia de elementos de contrapeso que sirvan para ajustar la cápita a cantidades más bajas y controladas de cara a los próximos años” debido a la huida de los grupos de población más jóvenes de la sanidad privada ofrecida por la mutualidad.

Todo ello hace, según Sanidad, que “el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso”.

Mirando ya a la transición hacia una cobertura pública de la población mutualista, el documento insiste en que “es preciso partir del análisis concreto de lo que supondría en cada una de las comunidades autónomas“ con el objetivo de hacerlo “anteponiendo la continuidad en la atención, la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente, especialmente en pacientes en situaciones singulares como final de la vida o pacientes oncológicos de alta complejidad“.

“Poner al paciente en el centro a la hora de llevar a cabo la transición puede reducir los posibles errores y favorecer el aprovechamiento de las virtudes del Sistema Nacional de Salud tales como la presencia de la Atención Primaria, factor diferencial con respecto al régimen mutualista de aseguradora privada“, concluye el documento de Sanidad.