El número de funcionarios que deja la sanidad privada de Muface para ir a la pública crece a un ritmo de más de 10.000 al año

Un número creciente de pacientes del sistema Muface, una mutualidad financiada con fondos públicos que cubre la asistencia médica de casi 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, renuncian al seguro médico privado que les ofrece el Gobierno y prefieren ser atendidos en la sanidad pública cuando envejecen y son diagnosticados de enfermedades graves como el cáncer. Así lo pone de manifiesto una investigación llevada a cabo por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la primera que ha analizado las altas hospitalarias de este colectivo. En total, según datos de las memorias de la entidad, el número de personas protegidas por Muface que se decantan por la sanidad pública ha ido creciendo a un ritmo de más de 10.000 personas anuales desde 2006.

Muface es obligatoria para los funcionarios del Estado, aunque una vez dentro del sistema los asegurados tienen la opción de elegir cada año entre ser atendidos por un seguro médico privado (Adeslas, Asisa o DKV) o la sanidad pública. Aunque cada vez menos, la mayoría elige la primera opción —lo que les supone el pago de una pequeña parte de las cuotas— principalmente por dos cuestiones muy valoradas por el colectivo: la posibilidad de elegir libremente médico especialista sin pasar por atención primaria y evitar las listas de espera de la sanidad pública. En España existen otras dos mutualidades parecidas que atienden a los militares y al personal del sistema judicial (Isfas y Mugeju).

La investigación ha estudiado más de un millón de hospitalizaciones en centros públicos de la Comunidad Valenciana entre 2010 y 2015 a partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), un registro que incluye la información de todos los ingresos en la sanidad pública. Esto ha permitido a los investigadores comparar las patologías que sufrían los pacientes de Muface que habían optado por la sanidad pública (7.264 personas) con el resto de la población atendida con la tarjeta sanitaria convencional.

“Lo que hemos visto es que entre los pacientes de Muface atendidos en los hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de linfoma, cáncer y tumores con o sin metástasis. En cambio, las dolencias menos graves tienen una prevalencia menor en este grupo que en el resto de la población”, explica Jaime Pinilla, uno de los dos autores del estudio junto a la catedrática de Economía Beatriz González López-Valcárcel.

La prevalencia de linfomas es un 176% mayor entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos que entre la población general. En los tumores sólidos con metástasis este incremento es del 57% y del 48% en los cánceres en general. En cambio, los mutualistas tienen una prevalencia menor de diabetes con complicaciones (52% menos), obesidad (43%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (33%) e hipertensión (14%).

Como no hay otras razones que expliquen estas diferencias —la prevalencia de estas patologías es homogénea en toda la población y la comparación se ha hecho entre personas de la misma edad, sexo y lugar de residencia—, la conclusión a la que llegan los investigadores es que existe un flujo de funcionarios que cuando sufren patologías más graves, más frecuentes a medida que la persona envejece, renuncian al seguro privado y prefieren ser atendidos en la sanidad pública. Esto supone que los que se quedan en los hospitales privados tienen el perfil contrario: menos dolencias graves y más leves.

“Es una conclusión a la que llegamos por deducción, porque nos faltaría tener acceso a la información sobre los pacientes atendidos en los hospitales privados, que es algo que Muface no ofrece. Pero la calidad de los datos estudiados y el método utilizado, un estudio observacional cuasi-experimental en el que por cada mutualista hemos elegido al menos a un no mutialista de las mismas características como control, nos hace pensar que las conclusiones son robustas”, afirma Jaime Pinilla.

Los datos incluidos en el estudio y otros aportados por Muface muestran una tendencia que se ha mantenido constante en los últimos 15 años: cada vez son más los mutualistas que optan por la sanidad pública, aunque sigan siendo mayoría los que lo hacen por el seguro privado. El número total de personas protegidas se ha mantenido estable entorno a 1,5 millones de personas, pero los que prefieren la sanidad pública han aumentado desde 2006 en 183.000 personas y los que optan por el seguro privado se ha reducido en 217.000.

Actualmente, el 26,7% de los mutualistas optan por el sistema público, casi el doble que el 14,1% que lo hacía en 2006. Aún teniendo en cuenta la evolución natural de este grupo —fallecimientos, nuevas incorporaciones...—, estos datos revelan que cada año son más de 10.000 los funcionarios que apuestan por la sanidad pública en detrimento de la privada.

Según Muface, que recuerda que la gran mayoría de los mutualistas siguen apostando por los seguros privados, una parte de este cambio se debe a las nuevas generaciones de funcionarios, que aunque no muy numerosos —desde 2018 entran a la mutualidad unas 26.000 al año de media— son mucho más proclives a lo público y se reparten casi a partes iguales entre los dos sistemas.

Pero lo más destacable en términos sanitarios son las personas mayores, tradicionalmente mucho más fieles a los seguros médicos privados. El dato más relevante es cómo se reparten entre la sanidad pública y privada los incrementos que se producen cada año en el número de jubilados, un grupo de creciente importancia debido a la elevada edad media de los mutualistas (en torno a los 50 años, cinco más que la población general). El análisis de los datos de este grupo revela que si hace una década este incremento iba un 80% al seguro privado y solo el 20% el sistema público, estos porcentajes se han igualado hasta llegar al 54%-46% en el último año completo (2021). Según los datos provisionales de Muface de 2022, tres de cada cuatro han ido este año a la pública.

Impacto económico

“Las conclusiones del estudio, que son extrapolables a toda España, tienen unas implicaciones económicas muy importantes si tenemos en cuenta que la mayor parte del gasto sanitario se concentra en un grupo reducido de personas, entre el 5% y el 10% de los pacientes acaparan más del 50% del gasto total. Si una parte significativa de estos pacientes más complejos acaban en la sanidad pública, se produce un evidente desequilibrio por el que esta asume más procesos complejos y costosos, mientras la privada tiende a quedarse con los más leves y económicos”, argumenta José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.

Este hecho pone el foco en uno de los principales argumentos utilizados por los defensores del modelo Muface: que el sistema supone un ahorro para las administraciones porque el gasto público destinado a cada mutualista es menor que el que se destina a la media de la población. Según el informe Sanidad privada, aportando valor, publicado por la Fundación IDIS —entidad que aglutina al sector sanitario privado—, el gasto medio por cada paciente de la sanidad pública ascendió en 2020 a 1.464 euros, mientras el coste medio de las primas de Muface fue de 917, un 37% menos.

“La idea de que Muface supone un ahorro ha sido muy defendida por los partidarios del modelo. Pero la verdad es que no tenemos estudios que lo demuestren y la nueva investigación es especialmente relevante porque es la primera que aporta evidencias. Y estas parecen indicar que la sanidad pública soporta unos gastos muy importantes de pacientes de Muface que los seguros privados evitan. Este es un tema muy importante porque las mutualidades también se financian con fondos públicos y es necesaria la máxima transparencia para investigar y mejorar el destino que tienen”, sostiene Sergio García Vicente, miembro de la junta directiva de la Asociación Economía y Salud (AES).

La cuestión clave en este punto, sobre la que no existe ninguna investigación publicada, es la razón que lleva a los funcionarios a decidir cambiar la asistencia privada por la pública. Los autores del estudio plantean en sus conclusiones que “las compañías aseguradoras privadas podrían emitir mensajes o señales sobre la calidad de su atención al mutualista en procesos graves y costosos, lo cual llevaría a una selección activa por riesgo”.

La selección de riesgos es el proceso por el cual las compañías tienden a evitar a los pacientes que les suponen un mayor coste y preferir a aquellos con mejor salud. “En ocasiones, estos mecanismos pueden ser sutiles. Basta que a un enfermo grave se le haga ver de alguna forma que estaría mejor atendido en la pública o que se le pongan trabas que retrasen o hagan más complejo el acceso a servicios y tratamientos. Pero otras veces son cuestiones estructurales. La parte privada de Muface funciona bien para procesos simples a cargo de un solo médico. Pero si tienes una dolencia compleja, que requiera varios especialistas y pasar por circuitos diferentes, los pacientes se enfrentan a una odisea de trámites y ventanillas en una gestión que se ha quedado anticuada. Los hospitales públicos han avanzado más en la asistencia integrada de varias especialidades con servicios punteros”, defiende José Repullo.

Conclusiones “sesgadas”

Las conclusiones del estudio no son compartidas por el sector privado. Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, las califica como “muy sesgadas”. “Los autores se limitan a investigar de forma retrospectiva a pacientes de la Comunidad Valenciana durante unos años, pero solo a los que han sido atendidos en la sanidad pública. Desconocen, por tanto, todo lo que ocurre en la privada. A nosotros, como proveedores de servicios sanitarios, no nos interesa que los pacientes se nos vayan a la pública, ni siquiera los complejos. Nuestro objetivo es ofrecer una asistencia integral a todo el colectivo. No tiene sentido pensar que nos queramos quitar de encima 10 o12 pacientes ni que exista una selección de riesgos”, afirma.

Según el sector, lo importante es “garantizar una adecuada financiación a través de las primas, algo que en los últimos años no ha ocurrido”, lo que ha provocado que en este tiempo varias compañías de seguros médicos privados —Sanitas, Mapfre, Caser....— hayan abandonado Muface al considerar que no les es rentable. El Ministerio de Hacienda aprobó a finales del año pasado destinar 3.521 millones entre 2022 y 2024 al convenio con Muface, con un incremento anual de las primas del 8% al 10%, según el año.

La existencia de Muface, Isfas y Mugeju, un sistema que no existe en ningún otro país europeo, es motivo de frecuentes controversias entre sus defensores y críticos. Los primeros defienden que es un modelo con décadas de historia, que supone un derecho adquirido, que ahorra dinero al Estado y que la sanidad pública no sería capaz de asumir a los cerca de dos millones de personas protegidas por las tres entidades. Los detractores sostienen que las mutualidades son un sistema sanitario paralelo que privilegia a los funcionarios y rompe la equidad, que el supuesto ahorro no es tal si la sanidad pública acaba atendiendo a los casos más graves y que con el dinero que el Estado destina a estas mutualidades podría reforzarse la sanidad pública para atender a todos los ciudadanos.