Bélgica impide que el exconsejero Lluís Puig declare en el juicio por las obras de Sijena
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Sijena, que ejercen de acusación particular, piden para el extitular de Cultura una condena de dos años de inhabilitación y una multa de 5.940 euros, pero el consorcio aragonés reclama la cantidad de 66.000 euros
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La declaración del exdirector de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de Cataluña, Josep Boya, ha revelado que ni Puig ni Vila mostraron intenciones de desobedecer. “Sencillamente los exconsejeros quisieron actuar de acuerdo con la legislación catalana, ya que el e se alargará hasta el viernes, ya que las autoridaestá adscrito a la Generalitat”, ha declarado. El entonces portavoz de Entidades Culturales de Lleida, Xavier Quinquillà, ha as egurado que desde la organización, igual que Vila, defendían la unidad de la colección del museo, no solo el de Lleida, también del MNAC, donde se encuentra el litigio. “Se trata de seguir criterios técnicos y de preservación. Tuve una reunión con Vila en la que reivindicamos esa unidad”, ha subnquillà.. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Sijena, que ejercen de acusación particular, pide una pena de multa de 5.940 euros para Puig y dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
El antecesor en el cargo de Puig, el exconsejero Santi Vila, ha sido citado como testigo, pero se ha acogido a su derecho a no declarar, ya que será enjuiciado como coacusado por la misma causa por un juzgado penal de Barcelona el próximo 6 y 7 de mayo. El ministerio público le atribuye, igual que a Puig, un delito de desobediencia a resoluciones judiciales, y otro de usurpación de atribuciones judiciales. El tribunal constató que Vila fue notificado para trasladar al Monasterio de Sijena una serie de bienes artísticos que se encontraban repartidos entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y el Museu de Lleida. Vila trasladó las del MNAC, pero no las de Lleida. También decidió, previamente, imponerles una fianza para cubrir eventuales responsabilidades civiles, que cifró en 17.250 euros para cada uno.
El fiscal José Joaquín Pérez ha solicitado la ampliación y concreción del escrito de acusación al considerar que la conducta que se le imputa a Puig está descrita de forma demasiado breve, a lo que Jaume Alonso Cuevillas, abogado de la defensa, ha considerado que generaría al acusado una “indefensión absoluta”. El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, finalmente ha inadmitido la modificación porque no “respeta los términos fácticos y jurídicos” de los hechos al no estar presente el acusado. El letrado de la acusación, Jorge Español, ha cargado contra el tribunal, al considerar que no se ha respetado la libertad de defensa. “Sentimos temor por hablar ante este tribunal y no me encuentro en condiciones para ello”.
Español ha pedido el aplazamiento del juicio y la conformación de un nuevo tribunal. “El derecho a la defensa prima por encima del juicio al señor Puig”, ha concluido al final de las cuestiones previas. Barrientos ha pedido a la acusación que no actúe con “afán de obstaculizar la celebración del juicio”. Alonso-Cuevillas también ha pedido la suspensión del juicio al no haberse podido celebrar con las intervenciones telemáticas de Puig. La defensa ha aportado hasta siete nuevos documentos y el testigo del que fue jefe de museos de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Ha lamentado la filtración a la prensa del guión del juicio y ha criticado que el tribunal “no haya tenido la deferencia de comunicárselo a las partes”.
La declaración del exdirector de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de Cataluña, Jusèp Boya, ha revelado que ni Puig ni Vila mostraron intenciones de desobedecer. “Sencillamente los exconsejeros quisieron actuar de acuerdo con la legislación catalana, ya que el Consorci del Museu de Lleida, Diocesà y i Comarcal está adscrito a la Generalitat”, ha declarado. El entonces portavoz de Entidades Culturales de Lleida, Xavier Quinquillà, ha asegurado que desde la organización, igual que Vila, defendían la unidad de la colección del museo, no solo el de Lleida, también del MNAC, donde se encuentra el litigio. “Se trata de seguir criterios técnicos y de preservación. Tuve una reunión con Vila en la que reivindicamos esa unidad”, ha subrayado Quinquillà.
La posesión de las obras por parte de un tercero, en este caso, el Consorci del Museu de Lleida, no permitían, según la asesora de servicios jurídicos de la Consejería de Cultura, el cumplimiento de la sentencia. En palabras de la testigo, cuando el consorcio tuvo conocimiento de la resolución, pidió a la magistrada comparecer como parte interesada, solicitud que la jueza de Huesca denegó.
Antes del juicio, Junts ha organizado un acto en apoyo a Puig frente a la Audiencia de Barcelona, encabezado por el secretario general del partido, Jordi Turull, y el presidente del Parlament, Josep Rull. “Hoy empieza otro juicio político. Se perpetúa un acto de venganza, ya que lo único que hizo Puig fue defender la Ley Catalana de Patrimonio”, ha manifestado Turull. También ha asistido la expresidenta de la Mesa, Laura Borràs, y los diputados de ERC Marta Vilalta y Juli Fernàndez. “Ha sido un camino de despropósitos, una causa que seguramente no debería haber existido jamás. En todo caso, afrontamos el juicio con serenidad y a la espera de que la justicia cierre esta causa”, ha expresado Puig en un vídeo difundido por la formación de Carles Puigdemont.
El “caso Sijena” se remonta a una sentencia de abril de 2015, cuando el juzgado de Huesca anuló la compraventa de 85 piezas de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena que habían efectuado en 1983 y 1992 a la Generalitat de Cataluña, y en 1994 el MNAC. La Generalitat recurrió esta sentencia, que no fue ratificada por la Audiencia Provincial de Huesca hasta el 30 de noviembre de 2017, cuando Vila y Puig estaban cesados de sus funciones por la aplicación del artículo 155 un mes antes, el 27 de octubre de 2017.
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