Hacienda destinará 3.521 millones para el nuevo convenio del Muface, que suscita rechazo en Unidas Podemos

La formación morada critica la extensión de los conciertos con las aseguradoras y subraya que el acuerdo de coalición pauta la evolución a un sistema de atención plenamente público

Una profesional sanitaria vacuna a una mujer durante la vacunación de los mutualistas de Muface, Isfas y Mugeju, en marzo en Madrid.
Una profesional sanitaria vacuna a una mujer durante la vacunación de los mutualistas de Muface, Isfas y Mugeju, en marzo en Madrid.Rodrigo Jiménez (EFE)

Las mutualidades seguirán adelante pese a las reticencias de Unidas Podemos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha autorizado 3.521,7 millones de euros para que la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) renueve los conciertos con las aseguradoras privadas de salud durante el periodo 2022-2024. Se prevé que la propuesta del departamento dirigido por María Jesús Montero, que plantea un aumento paulatino de las primas, llegue al Consejo de Ministros de este martes.

Esta propuesta choca de lleno con la postura de Podemos, que pide acabar con las mutualidades para avanzar hacia un sistema totalmente público. El Ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra (Unidas Podemos) ha cuestionado a Hacienda tanto la extensión de los conciertos con las aseguradoras como el incremento de las primas que reciben, que será del 8% en 2022, del 8,75% en 2023 y del 10% en 2024. La formación morada ha recordado que el acuerdo de coalición plantea la evolución hacia un sistema de atención totalmente público, al poner negro sobre blanco que se avanzará hacia “el blindaje” de un “sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”.

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Derechos Sociales también lamenta que la prestación objeto de los conciertos incorpore servicios que no están contemplados en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Entre ellos, 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental o que “se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante” en los ingresos hospitalarios. El grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso ya había presentado en la Cámara baja hace unas semanas una Proposición no de ley para que los nuevos funcionarios se vayan incorporando al sistema público de salud y se acabe así progresivamente con las mutualidades. La proposición alega que “la defensa de un modelo de sanidad pública y universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas”, e insta al Gobierno ―más bien, a su socio― “a llevar a cabo las acciones necesarias para avanzar en la cohesión, equidad, la organización unificada y gestión pública directa del sistema sanitario atendiendo al interés general”, pidiendo que las nuevas altas laborales se vayan incorporando al Sistema Nacional de Salud.

Muface da cobertura sanitaria a casi 1,5 millones de personas; el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) atiende a más de 592.000 y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) a unas 91.700. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que viene reclamando a Hacienda que cierre el concierto con las aseguradoras para los próximos años, asegura no estar al tanto de la propuesta y alerta de que las tensiones políticas que genera el asunto pueden desembocar en una merma del servicio en perjuicio de los trabajadores. Tras asegurar la semana pasada que no permitiría que se dejara morir al Muface por “inanición”, el sindicato pide mayor transparencia, asegura que estará muy vigilante y añade que ve el proceso con preocupación, debido a las quejas por parte de las compañías aseguradoras de que el sistema es deficitario. “Estamos en guardia”, señalan fuentes del CSIF.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), del que forman parte las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, manifestó la semana pasada su rechazo a la proposición no de ley de Podemos, alegando que el mutualismo administrativo ahorra cada año al sistema público de salud entre 720 y 800 millones de euros. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), por su parte, señaló recientemente que el modelo sanitario para la atención del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado es insostenible debido a que la remuneración de los servicios sanitarios a la sanidad privada es deficitaria desde hace años. También desgranó que el sector pedía una actualización acorde al incremento de costes de la provisión sanitaria, demanda que viene dándose en los últimos años por parte del sector a las entidades gestoras.

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