La renuncia de DKV deja a Asisa como el único posible salvador de Muface

DKV no va a presentarse al nuevo concierto para prestar atención sanitaria a los 1,53 millones de funcionarios —y familiares— que están adscritos a Muface. La filial del grupo alemán Munich Re dejará este servicio después de casi 50 años en los que sí que ha estado en el concierto. Su salida se suma a la de SegurCaixa Adeslas, la mayor compañía de seguros médicos de España. El incremento del 33,5% en la compensación que reciben las aseguradoras no ha bastado para convencerlas. Ahora, la única compañía que sigue en el proceso es Asisa. Tiene de plazo hasta el 15 de enero para decidir si se presenta o no al concierto 2025-2027. En caso de que no lo haga, el Ministerio de Función Pública tendrá que decidir si realiza una nueva licitación, que sería ya la tercera, o si baja los brazos y asume que tendrá que ser el Sistema Nacional de Salud quien atienda a los mutualistas de Muface, lo que podría provocar un fuerte deterioro en las listas de espera.

Para el ministro de Función Pública, Óscar López, la renuncia de DKV a seguir en el procedimiento es un duro golpe. El importante esfuerzo presupuestario que se ha hecho para atraer a más entidades aseguradoras no ha bastado, aun poniendo 1.000 millones de euros más sobre la mesa de lo que que costó el anterior convenio 2021-2024. El ministro socialista siempre ha insistido en que la atención sanitaria a los empleados públicos estaba más que garantizada. De momento, hasta el 1 de abril Adeslas, Asisa y DKV tendrán que seguir dando servicio, y el ministerio ya ha advertido de que puede forzar la prórroga del concierto antiguo hasta septiembre. Esta solución no deja de ser un parche para un modelo que ha quedado muy tocado. De hecho, desde el Ministerio de Sanidad —controlado por Sumar— abogan por acabar con este sistema.

DKV ha explicado en un comunicado que con el concierto 2021-2024 han perdido 70 millones de euros y que, de haber participado en el nuevo, “tendrían que imputarse unas pérdidas por el nuevo contrato, [...], de entre 70 y 100 millones de euros”. La mejoría del 33,5% en las primas que el Gobierno paga a las aseguradoras por dar este servicio no es suficiente, de acuerdo con DKV, para compensar el fuerte incremento de costes de los últimos años, el progresivo envejecimiento del colectivo (que encarece los costes sanitarios) y el aumento genérico de la utilización de servicios de salud que se inició tras la pandemia de 2020.

La gran incógnita ahora es si Asisa tiene capacidad para dar servicio en solitario a todos los mutualistas y beneficiarios de Muface. Y si le interesa. En la primera licitación, que tuvo lugar el 8 de octubre y contemplaba una mejora en las primas del 17%, Asisa se negó acudir aduciendo que le generaría unas pérdidas tan grandes que se pondría en riesgo la viabilidad de la compañía. Ahora está por ver si con el 33,5% de mejora (que no ha seducido ni a Adeslas ni a DKV) basta para que la entidad se presente. Fuentes de la aseguradora reconocen que “están estudiando el pliego con mucho detalle y que esperarán hasta el último momento para tomar una decisión”.

Las mutualidades de funcionarios son un tipo de figura jurídica surgida durante el franquismo para ofrecer servicios médicos a los empleados públicos, en un tiempo en que la sanidad era una cuestión privada o de pura beneficencia. Hace 50 años, en los albores de la democracia, la multitud de pequeñas mutualidades —de Abogados del Estado, de policías, de empleados del Banco de España...— se integraron en tres entidades: Muface, que atiende sobre todo a profesores, pero también a funcionarios de prisiones, policías nacionales o inspectores de Hacienda; Isfas, que da servicio a 553.000 militares y guardias civiles; y Mugeju, para 91.000 empleados públicos de la Administración de Justicia, como jueces o fiscales. En estas dos últimas sí que ha habido alguna aseguradora que se ha presentado al nuevo concierto, aunque el procedimiento está encallado en un tribunal administrativo.

Con el modelo Muface, los funcionarios que están adscritos pueden elegir cada año si quieren recibir atención médica a través de una de las aseguradoras privadas que participan en el concierto o si prefieren optar por la sanidad pública. Normalmente, los mutualistas son muy fieles a su elección y, una vez que optan por una compañía o por el Sistema Nacional de Salud mantienen la elección durante muchos años porque se acostumbran a los procedimientos y se sienten muy cercanos a sus médicos de cabecera o especialistas. La situación actual está causando una gran zozobra en cientos de miles de personas que no tienen claro a qué profesional sanitario podrán acudir en los próximos meses.

El sector asegurador lleva años quejándose de que el modelo está “permanentemente infrafinanciado”. Esto ha provocado que más de una decena de compañías hayan ido abandonando el convenio. Mapfre, Sanitas, Caser, Axa... participaron en su día en Muface y decidieron dejarlo, hartas de estar siempre al borde de las pérdidas en la prestación de este servicio. El único incentivo que tenían para participar es la ampliación de su base de clientes y la posibilidad de realizar algún tipo de comercialización de servicio adicional. Pero ese acicate ni la mejora económica han bastado para seducir de nuevo a Adeslas y DKV.

El mencionado incremento del 33,5% en las primas que cobrarán las aseguradoras implica que el Gobierno pagará en estos tres ejercicios casi 4.500 millones de euros para cubrir la atención sanitaria de los funcionarios cubiertos por Muface, que son mayoritariamente profesores (un 65%). El desglose temporal de esta cantidad global será de 1.303 millones de euros en 2025; 1.490 millones euros en 2026; y 1.685 millones de euros en 2027. El importe sumado supera en casi 1.000 millones de euros el que se pagó con el convenio actual.

DKV ya ha enviado un comunicado a los mutualistas a los que ahora estaba prestando servicio para informarles de que podrán solicitar el traslado a la sanidad pública durante el mes de enero. A partir del momento en que esté vigente el nuevo concierto y hasta la fecha que se disponga, “se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio desde servicio de salud autonómico a una entidad concertada”, en referencia al posible concurso de Asisa.

Otra de las derivadas del riesgo de naufragio de Muface es su impacto sobre las Comunidades Autónomas. Aunque es el Gobierno central quien tiene la potestad para fijar las condiciones del concierto, en caso que ninguna aseguradora se presente serán los 17 servicios de salud autonómicos quienes tendrán que hacerse cargo de cientos de miles de nuevos pacientes y usuarios. Además, dos tercios de los mutualistas de Muface son profesores, y son las consejerías de Educación quienes pagan sus nóminas. Desde Galicia, Madrid o Castilla León ya se han pronunciado los consejeros reclamando a Óscar López que encuentre una solución que no pase por estresar aún más la sanidad pública.

También han mostrado su preocupación todos los sindicatos representados en la Función Pública. Desde CSIF a CC OO, pasando por UGT y las fuerzas sindicales de Policía Nacional, han llamado al ministerio y a las aseguradoras a acercar posturas “para no perjudicar a cientos de miles de funcionarios y a sus familias”. También una asociación de altos funcionarios del Estado ha denunciado “la profunda ideologización del debate sobre Muface”.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha denunciado hoy que el Gobierno “está haciendo una dejación de funciones” al no haber logrado una solución para la crisis de Muface. Desde este sindicato se va a asesorar a sus afiliados mutualistas “para emprender acciones judiciales que se consideren pertinentes por la falta de asistencia sanitaria”. Desde la central sindical han recibido diversas quejas por que hay clínicas y hospitales que están anulando y cerrando la posibilidad de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, pese a la orden de continuidad asistencial decretada recientemente por el Gobierno.