El Gobierno prepara una licitación exprés con mejora económica para salvar Muface

“El cisne negro ya está aquí”. Así de pesimista se muestra un alto cargo de una aseguradora de salud tras hacerse público que el concierto de la mutualidad de atención sanitaria a los funcionarios, Muface, ha quedado desierto. Ni Adeslas, ni Asisa, ni DKV se han presentado. Por primera vez en 50 años nadie quiere prestar este servicio, porque consideran ruinosas las condiciones económicas. Ese evento sorpresivo y de alto impacto socioeconómico —sobre el que teorizó el pensador Nassim Taleb— ha ocurrido. Casi 1,5 millones de empleados públicos (profesores, policías, inspectores de Hacienda y Trabajo, funcionarios de prisiones... tanto en activo como jubilados) no saben a qué médicos podrán acudir dentro de dos meses. El Gobierno está intentando maniobrar para salvar el concierto. Primero va a aprobar una nueva licitación exprés, con una mejora económica, para tratar de convencer a las aseguradoras privadas para que se presenten. Bajo la manga, se guarda otro instrumento más persuasivo. Palo y zanahoria.

La nueva licitación es algo totalmente novedoso, y el plazo para su publicación y la presentación de compañías, estrechísimo. En el primer pliego de condiciones se recogía una mejora de las cuantías que reciben las aseguradoras del 17%, pero estas parecen insuficientes, a tenor de la deserción del concierto. El sector reclamaba un 40% más, para tratar de compensar las pérdidas de los tres últimos años, que cifran en 600 millones de euros. Estos números rojos se explican por la fuerte subida de la inflación en 2022 y el aumento de las consultas y tratamientos médicos. Fuentes de otra compañía esperan que, como mínimo, se vuelva a una propuesta de incremento del 25%, que hace tres meses estaba sobre la mesa de Muface.

Si la primera idea de endulzar la licitación no funciona, el Ministerio de Función Pública utilizará otras fórmulas. La ley de Contratos del Sector Público prevé que el órgano de contratación puede acordar la prolongación del contrato que será “obligatoria para el empresario” dentro de unos plazos y siempre que las características del contrato “permanezcan inalterables”.

De acuerdo con fuentes del sector, esta prórroga forzosa permitiría al Ejecutivo obligar a las tres aseguradoras que han participado en el convenio 2021-2024 a seguir prestando los servicios sanitarios durante un plazo de hasta nueve meses. Y sin cobrar nada a cambio. “Sería un golpe durísimo para nuestra cuenta de resultados, inasumible”, explican.

Para los responsables de las aseguradoras participantes en Muface, recurrir a esa prórroga forzosa supone “ponerse a negociar con una pistola encima de la mesa”. También recuerdan que si las condiciones propuestas por Función Pública fueran tan atractivas ya se habrían interesado por participar otras empresas. Las malas condiciones financieras de este tipo de convenios han hecho que se retiren en los últimos años compañías como Mapfre, Sanitas o Caser.

Al margen de la utilización de la prórroga forzosa, Adeslas, Asisa y DKV tendrán que seguir presentando los servicios sanitarios a su cartera de mutualistas de Muface durante un mes, en el caso de afecciones sencillas, y tres meses si se trata de personas que tienen una enfermedad que requiere un seguimiento más estrecho, aunque no participen en el futuro convenio (2025-2026).

Desde el ministerio dirigido por Óscar López restan importancia al hecho de que el concierto de Muface haya quedado desierto por primera vez en la historia de la mutualidad. Y se muestran confiados en que, con una nueva mejora económica, las aseguradoras se avendrán a participar. De hecho, ya han trasladado a los sindicatos que no tienen por qué preocuparse.

Pérdidas a pesar de la mejora en las primas

En el pliego de condiciones que se publicó el pasado 2 de octubre se recogía la mencionada mejora del 17% en las primas que el Estado paga a las aseguradoras por dar servicios de salud a 1,49 millones de funcionarios y a sus familiares más directos. La cuantía total de la contratación anunciada ascendía a 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026, un incremento final del nuevo concierto bianual de 304 millones respecto al último año de vigencia del concierto anterior. A pesar de estos grandes importes, las aseguradoras consideran que el nuevo convenio les provocaría unas pérdidas de unos 550 millones de euros.

El grupo Asisa ha llegado a asegurar en un comunicado que, si se hubiera presentado con las condiciones anunciadas, la compañía podría haber puesto en peligro su solvencia, lo que habría acabado por precipitar su rescate.

Aunque un 17% de mejora de las condiciones económicas puede parecer mucho, para el sector es claramente insuficiente. Primero porque el nuevo convenio incorpora algunos tratamientos bucodentales y terapias experimentales para varias enfermedades que no estaban recogidos en el convenio anterior. También se prevé que cubra los costosos tratamientos de fertilidad.

Además, después de años de infrafinanciación de Muface, las aseguradoras llevaban tiempo apretando mucho los costes, lo que se ha trasladado en pagos escasos y poco actualizados a médicos y hospitales. Desde varias asociaciones de médicos y patronales hospitalarias consideran que la mitad del incremento en primas que el Gobierno pudiera llegar a pagar a las aseguradoras que participen en Muface debería revertir en incremento de las facturas de clínicas, hospitales y facultativos autónomos.

El cisne negro de Taleb ya ha aparecido. Ahora está por ver si despliega por completo sus alas. En caso de que el Gobierno no llegara a convencer a las aseguradoras, ni por las buenas ni por las malas, los 1,49 millones de beneficiarios de Muface tendrían que ser derivados a una sanidad pública que ya está saturada. Las repercusiones socioeconómicas y políticas serían imprevisibles.