Última hora de la actualidad política, en directo | Yolanda Díaz: “No se arregla nada por subir el Presupuesto militar”
IU rechaza el aumento del gasto militar y el envío de tropas a zonas en conflicto | El Supremo revisa en una vista el recurso de Puigdemont por no aplicarle la amnistía

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a señalar las reticencias del socio minoritario de la coalición de Gobierno con el aumento del gasto en defensa anunciado por Pedro Sánchez tas la reunión de líderes de la UE la semana pasada. “No se arregla nada por subir el Presupuesto militar”, ha afirmado. También el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reiterado el rechazo al aumento del gasto militar y la posibilidad de enviar tropas a zonas en conflicto. El líder de IU, partidario de que Europa apueste por un “acuerdo de estabilidad y de paz”. Por otro lado, el Tribunal Supremo celebra este lunes una vista pública para revisar los recursos del expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía. La vista se celebra a petición del propio Puigdemont. Mientras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirán a las 12.00 para abordar la financiación que aportará el Estado a la derivación de menores migrantes desde las islas al resto de comunidades.

Maíllo rechaza el aumento del gasto militar y el envío de tropas a zonas en conflicto y defiende alcanzar una postura conjunta en Sumar
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reiterado este lunes tanto el rechazo de su formación al aumento del gasto militar avanzado por el presidente Pedro Sánchez como la posibilidad de enviar tropas a zonas en conflicto. El líder de IU, partidario de que Europa apueste por un “acuerdo de estabilidad y de paz”, ha asegurado que defenderá esta posición dentro de la mesa de partidos de Sumar (antes de la reunión de Sánchez) para tratar de alcanzar una postura conjunta en el grupo, donde existen matices. IU, el más beligerante en esta materia, nació en 1986 al calor de las movilizaciones por el no en el referéndum que finalmente ratificó la entrada de España en la OTAN. Maíllo también ha anunciado que su formación impulsará próximamente una campaña de movilizaciones por la paz.
“No son tiempos de rearme. IU plantea que no puede volver el principio cínico de ‘si quieres la paz, que vuelva la guerra’, sino el de ‘si quieres la paz, prepara la paz”, ha afirmado en rueda de prensa el coordinador. Maíllo ha abogado por un modelo de seguridad basado en “la paz, la desmilitarización y el alto el fuego” y ha asegurado que IU participará en abril en una Conferencia internacional por la paz que se celebrará en Bruselas junto con otros países europeos.
“No compartimos [la propuesta de la Comisión Europea de] aportación de hasta el 5% del PIB. Esa propuesta tendría consecuencias económicas en términos presupuestarios y de política social. Supondría para España un recorte lineal del 13% en todas las políticas sociales”, ha estimado.

Zapatero afirma que el pacto migratorio entre el PSOE y Junts "va en favor de la integración”, no del racismo
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado que la concesión de competencias migratorias a Cataluña “va en favor de la integración” y no del racismo. En el programa de televisión La Hora de la 1, Zapatero ha censurado las voces que tildaban el pacto de racista, incluso dentro del PSOE, como el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page.
Zapatero considera que “es muy razonable” que los permisos de residencia sean gestionados por las Comunidades Autónomas, ya que son ellas las que hacen los informes de cada migrante. Además, ha puesto en valor las medidas sobre la defensa del catalán, pues considera que “es propio de una democracia avanzada”. Del mismo modo, ha defendido los pactos parlamentarios del PSOE con Junts.

Yolanda Díaz: “No se arregla nada por subir el Presupuesto militar”
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a señalar las reticencias del socio minoritario de la coalición con el aumento del gasto en defensa anunciado por Pedro Sánchez tas la reunión de líderes de la UE la semana pasada. “No se arregla nada por subir el Presupuesto militar”, ha afirmado. Para Sumar, el debate no va de subir el gasto, sino de “reordenar” los recursos. “Primero, necesitamos hacer balance de lo que tenemos en nuestro país. España tiene presupuestado un 1,2% del PIB y solo ejecuta el 0,9%”, ha dicho Díaz a su llegada al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidore (EPSCO) en Bruselas.
“Y más allá de todo esto, se trata de decidir qué política de defensa necesita España en el marco de la UE”. La titular de Trabajo ha recordado que los presupuestos de defensa de todos los Estados de la Unión arrojan una inversión mayor que el gasto militar ruso. “Va más de coordinar efectivos y recursos y de no introducirnos en una carrera armamentística sin control”, ha reiterado. La vicepresidenta ha restado importancia a los diferentes matices que hay entre las fuerzas políticas de la coalición Sumar, con posturas como la de IU, que rechaza con mayor beligerancia cualquier tipo de incremento.

Anticorrupción investiga a Vox por presunta financiación irregular
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Vox por presunta financiación irregular a raíz de una denuncia que el PSOE presentó en diciembre ante la Fiscalía General del Estado, según ha adelantado El Independiente y ha confirmado este periódico.
Los socialistas presentaron la querella tras concluir que podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal. Los socialistas aseguraron haber constatado que al menos desde el año 2020 hasta la actualidad, en las mesas informativas que Vox despliega a lo largo de todo el territorio español incorporaba una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de “huchas” o “cajas de caudales”, junto con una serie de elementos de merchandising “con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco”. Una práctica “absolutamente irregular” a juicio del PSOE que podría haber recaudado 5 millones de euros. En la denuncia también incluyen el préstamo de 6 millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt; un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro y vinculado al primer ministro, Viktor Orbán, una noticia que publicó EL PAÍS. Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.
Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negasen a prestarles dinero porque “no quieren financiarles”.

Otra de las víctimas de la guerra interna que vive Esquerra fue el expediente que investigaba el presunto maltrato laboral de la diputada Pilar Vallugera contra excompañeras de bancada en el Congreso la pasada legislatura. La tramitación del expediente, que nunca se cerró ni se elevó a la Ejecutiva del partido para valorar posibles sanciones disciplinarias, quedó encajonada en medio de otras derivadas del cisma entre el presidente, Oriol Junqueras, y la que fuera su exsecretaria general, Marta Rovira. El líder republicano instó este domingo a los órganos de control a actuar después de que EL PAÍS publicara el testimonio de víctimas, como la exdiputada Maria Dantas.

El recorrido del acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña se presenta plagado de obstáculos, como el rechazo de Podemos y la división que provoca en Sumar. Pero el primer paso de su andadura parece seguro. La Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, prevé admitir a trámite el martes la proposición de ley, aseguran fuentes de la Cámara baja, que señalan que frenarla sin permitir ni siquiera que se debata rompería con la línea seguida hasta ahora ante leyes no ya de delegación —como en este caso—, sino de transferencia de competencias, en ocasiones con impacto en temas clave para la integridad del Estado.

El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dictó una providencia el pasado 3 de marzo en la que exige a la Dirección General de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado en relación con el partido político Podemos, la fundación CEPS o cualesquiera de los 67 dirigentes de esta formación entre mayo de 2014 y diciembre de 2016″. Con esta decisión, el juez profundiza en su investigación sobre la guerra sucia que impulsó el Ministerio del Interior contra Podemos y sus dirigentes durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Esa persecución ilegal a Podemos, de la que ya existen numerosas pruebas y testimonios policiales que lo confirman, se hizo siempre sin respaldo judicial y supone uno de los episodios más oscuros de la reciente etapa democrática.

Desde que hace cinco años comenzó la pandemia de la covid, las fuerzas políticas españolas no han podido apenas optar entre lo urgente y lo importante. Todo ha sido urgente e importante. Los picos de las urgencias han sido desiguales, a veces con breves intervalos de cierta normalidad, pero, de nuevo, la excepcionalidad habita en España y en Europa. La necesidad de acelerar el gasto en defensa y seguridad respecto a los plazos inicialmente previstos relega la negociación de los Presupuestos para 2025, camino ya del cuarto mes del año. Todas las energías del Gobierno se centrarán en convencer a los socios, a los adversarios y a la opinión pública del apremio para invertir más en material, efectivos e industria de defensa. No hay margen para simultanear esta negociación con la de las cuentas del Estado.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este lunes 10 de marzo. Hoy, el Tribunal Supremo celebra a partir de las 10.30 una vista pública para revisar los recursos del expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y LLuis Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirán a las 12.00 para abordar la financiación que aportará el Estado a la derivación de menores migrantes desde las islas al resto de comunidades.
Mientras, la decisión de la edil de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero de pedir la baja voluntaria de militancia solo unos días después de que el partido expulsara a otro edil, Juanma Badenas, por presuntas irregularidades en una adjudicación deja al grupo municipal con dos ediles y obligará a acometer una nueva reestructuración del Gobierno local.Herrero, ha convocado a los medios de comunicación a las 12.00 para informar de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.
Además, la Audiencia Nacional celebra la tercera jornada del penúltimo juicio del caso Gürtel, que sienta en el banquillo a 19 acusados, por presuntas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a cambio de comisiones de hace ya más de dos décadas.
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