DKV se prepara para reclamar al Gobierno por las pérdidas sufridas en Muface
La infrafinanciación de la atención sanitaria a los funcionarios podría acabar en una batalla legal
El Gobierno ha mantenido conversaciones con SegurCaixa Adeslas y DKV para buscar fórmulas jurídicas para compensarles por las fuertes pérdidas económicas encajadas con el último convenio de Muface (2021-2024), la mutualidad administrativa que provee sanidad concertada a 1,53 millones de funcionarios y familiares. Ambas compañías han decidido no acudir a la nueva licitación. Adeslas calcula que con el concierto que caducó el pasado 31 de diciembre perdió 256 millones de euros, aunque fuentes oficiales aseguran que no pretenden recibir una indemnización por las mismas. DKV, que ha perdido otros 70 millones, ha llegado a contactar con despachos de abogados para sondear una posible demanda. Si se añade Asisa, las tres concesionarias perdieron casi 600 millones de euros.
El modelo Muface lleva años cuestionado. La infrafinanciación ha llevado a muchas compañías (como Mapfre, Caser o Sanitas) a abandonarlo. El sistema parte de una cuota obligatoria de entre 25 y 55 euros al mes que un millón de empleados públicos —sobre todo docentes— tiene que pagar por formar parte de esta entidad, adscrita al Ministerio de Función Pública. Ese pago les da derecho a escoger cada año si quieren recibir atención médica a través de una compañía de seguros privada o por medio del sistema nacional de salud. Como la cuota que aportan los funcionarios no basta para cubrir el coste de esta prestación, el Estado contribuye para mantener el sistema. La última propuesta por parte del Gobierno es mejorar un 33,5% el dinero que cobran las aseguradoras, lo que elevaría el montante a abonar en tres ejercicios a 4.500 millones de euros. Aun así, solo la aseguradora Asisa sigue analizando si se presentará a la nueva licitación.
Mientras, Adeslas y DKV están en otra fase. Cuando firmaron el convenio 2021-2024 ya venían arrastrando pérdidas. Aunque se había mejorado la dotación respecto al contrato previo, la inflación desbocada de 2022 volvió a desbaratar las cuentas. Para la nueva licitación ambas entidades reclamaban un incremento de al menos un 40%. Al no alcanzarse esta subida han optado por bajarse del barco y pasar al contraataque, pidiendo un resarcimiento económico.
SegurCaixa Adeslas, la mayor aseguradora de salud de España y la que atendía a más mutualistas, es propiedad en un 50,1% del grupo Mutua Madrileña y en un 49,9% de CaixaBank. En las torres negras de La Caixa en Barcelona analizaron durante semanas qué hacer respecto a la colaboración con Muface, antes de optar por no acudir al nuevo concierto, lo que deja en entredicho la viabilidad del modelo. Fuentes cercanas al banco explican que ahora “el ministerio nos ha traslado su interés en buscar vías para compensarnos por las pérdidas sufridas en los tres últimos años”.
Una portavoz oficial de la compañía subraya que “Adeslas ha reiterado en varias ocasiones que la entidad no pretende recuperar las pérdidas de pasados convenios”.
En el caso de DKV, la compañía ha contactado con algunos de los mejores abogados nacionales para analizar una fórmula de indemnización, de acuerdo con una fuente conocedora de la situación.
Ambas compañías aún están prestando servicios de salud a mutualistas, puesto que están obligadas por una prórroga forzosa de extensión del contrato, que llega hasta el 1 de abril. A partir de entonces, se desvincularían por completo de Muface, salvo que el ministerio ampliara la prórroga hasta el 1 de septiembre, como ya ha amagado.
La nueva fecha clave para esta colaboración público-privada que tiene en vilo a un millón de funcionarios es el 27 de enero. El Gobierno optó la semana pasada por ampliar el plazo para la presentación de ofertas. El ministro del ramo, Óscar López, ha insistido en que “hasta el último momento se pueden presentar nuevas compañías”, pero lo cierto es que la única que parece seguir analizando el pliego de condiciones es Asisa. Y hay serias dudas de que pueda interesarle acudir en solitario cuando Adeslas ha asegurado que, si se presentaran al nuevo convenio 2025-2027, sufrirían nuevamente pérdidas, por un importe cercano a los 250 millones. En el caso de DKV podrían llegar a los 100 millones. ¿Cómo se podría explicar que Asisa, en solitario, asuma un negocio que para sus competidoras es una ruina?
Blindaje
En caso de que Asisa no llegue a presentarse a la licitación, la opción más probable es que el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública lanzara otro procedimiento de contratación pública, el tercero en unos meses. En caso de que se llegara a este punto, las aseguradoras que ahora se han quedado fuera solo acudirían si se mejora nuevamente el importe que cobran en primas. Fuentes ligadas a Adeslas también reconocen que “se va a proponer al Gobierno incorporar algún tipo de blindaje o garantía para que hubiera en una compensación en caso de que el contrato generase nuevas pérdidas”.
En las adjudicaciones de obras públicas es muy frecuente que las empresas contratistas aleguen ante la Administración la aparición de circunstancias sobrevenidas para pedir una modificación contractual que implique el pago de más dinero. El debate en el caso de Muface es cómo podrían acreditarse esos cambios materiales que justificaran un incremento en las primas.
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