Muface busca salir del laberinto con nuevos plazos y condiciones

El concierto para ofrecer sanidad concertada a 1,53 millones de funcionarios y familiares, a través de Muface, ha entrado en el Día de la Marmota. Después de 50 años operando razonablemente bien, ahora al Gobierno le está costando encontrar compañías de seguros interesadas en participar en esta licitación pública que se ha convertido en todo un laberinto. En octubre se lanzó la oferta para cubrir el convenio 2025-2027, incorporando una mejora del 17%, pero ninguna aseguradora acudió. Se lanzó después una segunda licitación —con un incremento en las primas del 33,5%—, pero Adeslas y DKV mantuvieron su negativa a participar, dejando a Asisa sola ante el peligro de afrontar nuevas pérdidas. En el anterior concierto 2021-2024, ahora prorrogado, entre las tres sufrieron números rojos por cerca de 600 millones de euros.

En plenas fiestas de Navidad, el Ejecutivo optó por alargar los plazos para la presentación de propuestas, hasta el 27 de enero. Cuando cientos de miles de servidores públicos contenían la respiración para ver en qué acababa ese tercer match ball, Muface comunicó este último sábado que “dejaba sin efecto el plazo de presentación de ofertas”, para tener más tiempo y así poder “modificar las condiciones de la segunda licitación”. El Consejo de Ministros podría aprobar hoy esas nuevas condiciones. Otro día más de nuevos plazos y condiciones, como Bill Murray en Atrapado en el tiempo (Harold Ramis, 1993).

Los profesores, policías o funcionarios de prisiones de toda España llevan casi tres meses subidos a una montaña rusa de emociones. Tan pronto parece que la renovación del convenio ya está casi hecha, como la situación da un giro y todos se ven abocados a ser atendidos por la sanidad pública, tal y como reclama el Ministerio de Sanidad. Con todo, el culebrón de Muface parece que va llegando a sus últimos capítulos.

La decisión de revisar las condiciones de este contrato público ha sido interpretada por el mercado como el reconocimiento explícito de que el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública (de quien depende Muface) va a incluir algunas de las reclamaciones exigidas por Adeslas para volver al concierto. Desde esta aseguradora —propiedad en un 50,1% de Mutua Madrileña y en un 49,9% de CaixaBank—, reconocían el fin de semana que “si esos avances se confirman [...] reconsideraría la posición actual de no presentarse”.

Pero, ¿qué puede modificar el Ejecutivo para atraer de nuevo a Adeslas? Varios expertos jurídicos consideran improbable que se puedan cambiar los importes que el Estado paga a las aseguradoras de Muface. Con la última propuesta, la factura total en tres años rozaría los 4.500 millones de euros, 1.000 millones más que en el concierto anterior. El sector asegurador también solicitó que el convenio fuera por dos años (y no por tres), para así reducir algo la incertidumbre, pero el Ejecutivo no parece proclive a cambiar los plazos.

Un canal de comunicación

El aspecto que ha centrado las conversaciones informales entre Adeslas y el Gobierno ha sido la compensación de pérdidas. Desde comienzos de año, el Gobierno ha mantenido un canal de comunicación con SegurCaixa Adeslas para buscar fórmulas jurídicas con las que enjugar, en alguna medida, los números rojos encajados con el último convenio. Además, la propia Muface reconoció que podrían reclamar una compensación si pierden dinero con el convenio actual. Tanto desde Adeslas como desde el Ejecutivo dan a entender que el acuerdo está prácticamente cerrado, y que la compañía volverá a participar en esta fórmula de colaboración público-privada.

Ahora bien, Función Pública tiene que cumplir con los trámites administrativos de dar a conocer el nuevo plazo máximo de presentación de ofertas —¿el cuarto match ball?— y el nuevo condicionado del contrato, para ver si hay nuevos jugadores que quieren participar. Mapfre, Sanitas, Axa o Caser ya estuvieron en Muface, pero dejaron el concierto al considerar que estaba siempre infrafinanciado.

Mientras tanto, otros agentes involucrados en esta colaboración toman posiciones. El sindicato CSIF, mayoritario entre funcionarios de la Administración central, decidirá hoy si convoca una huelga para presionar al Gobierno y las aseguradoras. Y la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Olga Pané, aseguraba ayer que están preparados para recibir a los 100.000 mutualistas catalanes de Muface atendidos ahora por aseguradoras privadas, “siempre que recibamos los recursos correspondientes”.